El Consejo de Transparencia estatal tramitará las reclamaciones de Madrid tras cinco meses en el limbo

EL BOE NUESTRO DE CADA DÍA.- El BOE de este lunes recoge el convenio entre la Comunidad de Madrid y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para que este último se encargue de tramitar y resolver las reclamaciones de los ciudadanos que consideren que no han sido respondidos de forma correcta a sus solicitudes de información. Con este paso, el convenio entra en vigor de forma definitiva, después de cinco meses en los que no había ningún organismo encargado de realizar esta gestión. Las reclamaciones, por tanto, quedaban paradas en un limbo en el que nadie se hacía responsable.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia para las entidades autonómicas y locales en diciembre de 2015, la Comunidad de Madrid está obligada establecer un organismo responsable de tramitar estas reclamaciones no solo para los organismos propios, sino para todas las empresas públicas y los ayuntamientos que no contaran con un organismo para realizar esta función. El 31 de diciembre de ese año, tras la supresión del Consejo Consultivo, encargó esta misión al Tribunal Administrativo de Contratación Pública.

Solo unos meses después, en julio de 2016, aprobó una ley para reformar dicho organismo y le quitó esa función. De esta forma, desde el 11 de agosto de 2016, no se encarga de las reclamaciones. La norma también establecía que, hasta que se cree un organismo específico para estas reclamaciones, será el CTBG quien se encargue de tramitarlas. Pero hasta hoy, con la publicación del convenio en el BOE y, por tanto, su entrada en vigor, el Consejo de Transparencia no tenía competencias para hacerlo. Durante cinco meses, nadie las tenía.

Así, nadie se hacía responsable de recibir las reclamaciones presentadas durante este tiempo, pese a que forman parte de la ley; y las que se recibían quedaban paradas. Hasta ahora. El convenio firmado establece que el CTBG tramitará no solo las reclamaciones que reciba a partir de ahora, sino también las que estén pendientes de resolución. Esas que estaban abandonadas en un cajón.

Hasta el momento, según su página web, el CTBG tiene firmados convenios similares con Extremadura, La Rioja, Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha, Ceuta, Melilla y, ahora, Madrid. En todos ellos el procedimiento es muy similar: el Consejo se encarga de tramitar y resolver las solicitudes y cobra una tasa a final de año según el número de expedientes gestionados. De media, en todos los casos, el precio por expediente está en 131,38 euros.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el plan es que el CTBG se encargue de esta gestión hasta que la ley de transparencia de la Comunidad Autónoma cree un organismo propio. La norma está aun en tramitación en la Asamblea de Madrid, aunque hace ya nueve meses que se hizo público el primero proyecto de ley.

De hecho, la primera propuesta de texto, presentada por parte del gobierno autonómico, no incluía la creación organismo regulador independiente de la transparencia. El proyecto de Cristina Cifuentes repartía las competencias que corresponderían este organismo (la vigilancia del cumplimiento de la ley, su evaluación, la instrucción e imposición de sanciones o la gestión de recursos de derecho de acceso) entre cinco autoridades departamentales distintas, todas ellas dependientes del ejecutivo madrileño. Así, el gobierno de la Comunidad de Madrid se proponía como evaluador, guía, juez y parte, algo considerado inadmisible según los estándares internacionales de transparencia.

La propuesta realizada por el PSOE, que es la que se tramitó finalmente, sí incluye la creación de un Comisionado de Transparencia que se encargue, entre otras funciones, de resolver las reclamaciones de derecho de acceso. Hasta que la ley se apruebe, será el Consejo de Transparencia el encargado de llevarlo a cabo.