El día a día de la soldado M. B. es una permanente llamada de socorro. Madre divorciada con cuatro hijos pequeños a su cargo, uno de ellos, de ocho años, sufre una grave discapacidad psiquiátrica que, de acuerdo con sus expedientes completos a los que ha tenido acceso Público, “no tiene sentido del riesgo”. El rosario de autolesiones es interminable. “Se insulta a sí mismo, se muerde, se araña, se arranca pelo, se da cabezazos contra la pared…”, reza uno de sus informes psicopedagógicos. Pero para el Ministerio de Defensa, su situación no es suficientemente grave.

El pequeño sufre un trastorno de conducta grave con alteraciones de tipo psicótico acompañado de un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Los médicos son muy claros: “El paciente precisa de un cuidado directo, continuo y permanente por parte de sus padres, bajo la responsabilidad de la madre al tener la guardia y custodia del mismo”, afirma en su informe la neuróloga infantil que en primer lugar le diagnosticó.

Los síntomas del pequeño son cada vez más graves, según alega la militar, cuya desesperación es cada vez mayor. Esa es la razón por la que solicitó, a mediados de mayo, la reducción de jornada remunerada a la mitad, es decir, entre las 7:30 y las 9:45, por un lado, y las 13:15 y las 15:00 horas, por otro. M. B. necesita ese tiempo para poder acompañar al niño a la escuela, a un entorno seguro y vigilado en el que no pueda autolesionarse o causar daños a otros.

El Ministerio de Defensa no ha tardado en denegar esta solicitud, pues entiende que “no corre en exclusiva a cargo de ella el cuidado y la atención del hijo” —a pesar de que es ella quien tiene la patria potestad—, el pequeño “no requiere un cuidado directo, continuo y permanente de su madre” —pese al informe médico aportado—, y “no consta que el hijo de la solicitante hubiese tenido algún ingreso hospitalario”.

“La enfermedad de mi hijo ha provocado que se le abra la cabeza, que se corte un pie, que se rompa la nariz…”, declara M.B. “Es peligroso para sí mismo, pero los ingresos hospitalarios han sido cortos o, simplemente, han sido para suturar”.

Para Defensa, como el niño no tiene reconocida la necesidad de atención de terceras personas o “de la existencia de dificultades en la movilidad”, resuelve que M. B. no tiene derecho a una jornada reducida remunerada.

Una madre frente a una normativa

Pero ¿qué dice la normativa y el propio Ministerio de Defensa ante una situación genérica similar? Según la normativa vigente, en el caso en el que ambos progenitores sean militares (como es este caso), uno de ellos tendrá derecho a una reducción de jornada con la percepción íntegra de sus retribuciones.

Es más, el artículo 16 de la Orden DEF 253/2015 otorga ese derecho para el cuidado de hijos menores “por cualquier enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio Público de Salud”.

No obstante, según el documento-guía del propio Ministerio sobre “medidas de conciliación” [Pág. 71 PDF], no es necesario que el enfermo tenga que estar hospitalizado de modo prolongado, simplemente ha de acreditarse que éste necesita un cuidado directo, continuo y permanente. Una situación que viene descrita por el informe de la neuróloga infantil aportado, y por la que la Administración autonómica correspondiente, que reconoce al pequeño un 65% de discapacidad.

“Desde el mes de febrero estoy intentando poder conciliar mi vida profesional y familiar, dadas mis circunstancias personales y el empeoramiento en la gravedad de la enfermedad de mi hijo”, comenta M. B., que lamenta que nada se ha resuelto. “Mi situación se complica por días, tengo otros tres hijos y en mi unidad no resuelven nada”, lamenta.

Sus médicos, la junta de evaluación de discapacidad de su comunidad autónoma y su abogado, Antonio Suárez-Valdés, especialista en derecho militar, aseguran a esta madre soldado que le corresponde lo que pide. Que es, a su modo de ver, la única manera de poder atender a su hijo y protegerle de sus propia enfermedad.

M. B. es una militar de vocación, reconocida en varias ocasiones con motivo de su entrega. Ha protagonizado actos “meritorios, arriesgados y desinteresados” por los que ha sido reconocida con felicitaciones en dos ocasiones.

“Ojalá no necesitase esta ayuda, ojalá no tuviese que estar peleando por un derecho a costa del sufrimiento de mi hijo y mi familia”, concluye M. B., “Llevo 16 años de militar de vocación y lo he dado todo, y ahora siento que el Ejército me da la espalda en un momento duro, pero lo cierto es que llegaré hasta donde haga falta acogiéndome a la ley”.

El abogado Suárez-Valdés ha anunciado a Público que, si es necesario, “se defenderá el derecho de esta madre ante los Tribunales Europeos, en el caso en el que el Ministerio de Defensa se siga enrocando en su negativa al reconocimiento de los derechos de la militar”.