Tras 20 años de gobierno, el Partido Popular valenciano perdió la Generalitat en las elecciones municipales de 2015. La corrupción de aquellas décadas sigue sentada en muchos banquillos (y los que le quedan) pero, más allá de eso, su herencia destruye el tópico de que la derecha gestiona mejor. Su mala gestión dejó enterrada una ruina en diferido que, como las minas antipersonas, seguirá haciendo daño muchos años después.

Para las cuentas del llamado Consell del Botànic (el nuevo gobierno autonómico que nació del Pacto entre el Partido Socialista valenciano, Compromís y el apoyo de Podemos), estas deudas suponen un lastre que limita su acción de gobierno.

Esta es, desgranada y con detalles, la ruina provocada por el PP valenciano, de más de 5.433 millones de euros, fruto de su pésima gestión:

1.773 millones en sobrecostes en la construcción de colegios

CIEGSA es la empresa pública encargada de la construcción de colegios públicos. Su deuda es debida, en gran parte, a los sobrecostes en la construcción de colegios. Construirlos resultaba un 36% más caros de lo que cuesta construirlos ahora. Se calcula que se podrían haber construido 200 centros más con el dinero de los sobrecostes. Entonces, pagaban a 900 euros el metro cuadrado de suelo (como en los años más altos de la burbuja inmobiliaria). Además, la Justicia investiga la contratación de trabajadores zombies en esta empresa.

1.000 millones despilfarrados en la Feria de Valencia

El importe de esta deuda corresponde a los sobrecostes producidos por la ampliación del recinto ferial y por gastos en regalos, dietas y viajes. Orange Market, por ejemplo, recibió pagos por valor de 1,5 millones por la organización y la comunicación de unos actos, organizados por Feria de Valencia. El Consell ha asumido ya 480 millones por estas partidas. Entre otras deudas, se encontraba una por valor de más de 500.000 euros, por la organización de la elección de Mariano Rajoy como candidato al Gobierno en 2008. El PP la saldó en 2016, casi 8 años después.

1.300 millones de agujero en la Radiotelevisión Valenciana (RTVV)

A su cierre, por parte del Consell del PP, la televisión pública valenciana dejó una deuda millonaria. Como ejemplo del despilfarro, practicado en la televisión pública de los gobiernos populares valencianos, destaca el pago de 7,4 millones de euros en pantallas y equipos de sonido, en la visita del Papa en 2006.

381 millones de deuda en parques temáticos

La Sociedad de Proyectos Temáticos fue la empresa pública que se utilizó para construir, entre otras infraestructuras, el Parque de Atracciones Terra Mítica; del que el Gobierno valenciano ha tenido que asumir 381 millones de deuda. Su construcción costó más de 420 millones y fue vendido, en un 78%, por 64 millones. Además, el actual Gobierno ha tenido que reformular las cuentas de la empresa porque había proyectos fantasma o sobrevalorados por valor de 186,5 millones de euros, como el Centro Cultural de Benidorm, valorado por el PP en 19,2 millones y que el auditor valoró en cero euros, igual que el Centro de Convenciones de Castellón y el Palacio de Congresos de Alicante. Éstos, fueron proyectos que se anunciaron, encargaron y después se enterraron.

340 millones perdidos en la gestión de las cloacas

Epsar (empresa pública de saneamiento de aguas residuales) es la empresa encargada de la gestión de las depuradoras públicas. Un total de 340 millones ha tenido que asumir el Gobierno del Botànic fruto de los sobrecostes en obras y por despilfarros. La gestión de esta empresa se está investigando en el marco del caso Emarsa.

150 millones para salvar el Aeropuerto fantasma

Es el dinero que ha tenido que capitalizar el Consell del Botànic para restablecer el equilibrio patrimonial de la empresa del aeropuerto de Castellón, para evitar la quiebra.

95,8 millones de deuda en material sanitario del 2003

Es una parte pequeña pero significativa de la deuda en Sanidad de los populares. Dejaron a deber, casi cien millones de euros, del material sanitario de hace quince años.

93,3 millones perdidos en la Ciudad de la Luz

Éste es el déficit que arrastra el complejo que construyó el PP para ubicar estudios de cine y que fue cerrado por sentencia y orden de la UE.

36,5 millones en multas por mala gestión

-8 millones de multa de la UE por no invertir fondos solicitados. Los responsables de Educación, Alejandro Font de Mora, María José Català y José Císcar (en activo en el parlamento valenciano) solicitaron 42,3 millones para proyectos educativos y tuvieron que devolver 33 millones. Por la no ejecución de esos 33, la UE impuso una multa a la Generalitat por valor de 8 millones.
-19 millones de multa de la UE por ocultar el déficit.
La UE multó a la Generalitat Valenciana con 19 millones, en 2016, porque el antiguo Gobierno del PP manipuló las cuentas para falsear el déficit de la Comunidad Valenciana.
-9,5 millones de indemnización por rescindir contratos unilateralmente.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) obligó al Gobierno actual de la Generalitat a pagar 9,5 millones por la indemnización a una serie de empresas, por la rescisión unilateral de un contrato para construir la autovía CV-95, conocida como la autovía Vega Baja. La consellera en ese momento era la actual líder del PP valenciano, Isabel Bonig.​

261 millones dilapidados en la Fórmula 1

A pesar de que el entonces President de la Generalitat, Francisco Camps, prometió que la Fórmula 1 no costaría ni un euro a los valencianos y valencianas, l@s valencian@s estarán pagándola hasta el 2023, por lo menos. Circuit del Motor, era la empresa encargada inicialmente de la organización del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. El Consell del Botànic tuvo que pagar 21,25 millones para restablecer el equilibrio patrimonial de la empresa. Después, el circuito tuvo un coste de 98 millones. Para pagarlo se pidió un préstamo de 60 que la Generalitat valenciana debe amortizar entre 2016 y 2023, a 7,5 millones al año. Se estima que el coste total del proyecto supera los 240 millones.

3 millones malversados en la empresa de vivienda protegida.

Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas es una empresa pública que fue creada en 2004 y tuvo que ser liquidada en 2016, dejando un agujero de 3 millones de Euros. La auditoría demostró que se otorgaban contratos a familiares directos (hijos) de administradores de la firma pública, por cuantías que iban desde los 600.000 a los 15 millones. La empresa fue constituída por el conseller Rafael Blasco, actualmente en prisión, por el caso de corrupción que saqueó los fondos de la cooperación.

Más las deudas del Fla y los pagos a proveedores impagadas

Además de estos ejemplos, el presupuesto de la Generalitat Valenciana arrastra una deuda directa de 4.816 millones en sus cuentas anuales, así como 2.400 millones por vencimientos de deuda del FLA, los préstamos del Gobierno de España para parchear la infrafinanciación.  De antes de entrar en el Gobierno, el Consello del Botànic, también se ha visto obligada a asumir 2.393 millones de deuda comercial, FLA y pagos a proveedores de antes de 2015.