El sucesor de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular deberá afrontar en los próximos años todo un calvario de procesos penales que ahora se instruyen por las tramas corruptas anidadas entre dirigentes del PP y en administraciones públicas con el objetivo de extraer dinero público a lo largo de dos décadas.

La reciente sentencia sobre la primera pieza de la trama de corrupción Gürtel que se incrustó en el PP ha acabado con la presidencia del Gobierno de Rajoy. Pero esta causa tiene más piezas que saltarán a lo largo del calendario político de los próximos años.

Estos son los principales casos de corrupción pendientes de ser juzgados:

Gallardón y el caso Lezo

Fue el Gobierno de Rajoy el que introdujo en 2012 la responsabilidad penal de los partidos y de los sindicatos que ha llevado al PP al banquillo. En concreto, en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia.

Ironías del destino: Gallardón ha inaugurado este calvario tras la dimisión de Rajoy. El exministro ha declarado este jueves como investigado [antiguo imputado] en el caso Lezo. Fue en 2001, durante su etapa al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando la empresa pública Canal de Isabel II realizó un supuesto desfalco de 66 millones con la compra millonaria de su filial en Colombia, Inassa.

En el caso Lezo la Audiencia Nacional investiga el supuesto desvío de fondos hacia el PP de Madrid y el cobro de comisiones entre la cúpula de la compañía de aguas y el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

En esta causa han aparecido nuevos delitos vinculados a la supuesta financiación del PP entre los años 2012 y 2013 por medio de un desvío de fondos desde la agencia informática de la Comunidad de Madrid (ICM) e Indra hacia el PP madrileño.

El caso Lezo tiene en total cinco piezas, por lo que se celebrarán cinco juicios donde el PP estarán en boca de procesados y testigos.

La 'caja B' de la trama Gürtel

Es una de las piezas más relevantes que hay pendientes de la trama Gürtel. Se centra en el pago de comisiones finalistas al PP con dinero negro a cambio de adjudicaciones públicas. Fue reabierto después de las confesiones de varios empresarios —a cambio de una reducción de condena— durante el juicio a la primera época de Gürtel. Y también por las revelaciones del líder de la trama, Francisco Correa, quien apuntó a FCC, Dragados e Hispánica como las empresas que se dirigían a él para que consiguiera contratos de las administraciones del PP. Citó tambien como supuesto intermediario y comisionista al empresario Plácido Vázquez.

El juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata tiene previsto ampliar el plazo de investigación otros seis meses más. Además, la acusación popular que ejerce IU ha reclamado que se citen a varios empresarios, entre ellos Vicente Cotino, recientemente detenido en el caso Erial que se instruye en Valencia sobre una trama de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones en la que se encuentra el exministro Eduardo Zaplana.

Papeles de Bárcenas

Así se denomina una pieza separada del caso Gürtel llamada 'Udef-Bla' del rollo de sala 6/2015 sobre la contabilidad paralela del partido. Esta contabilidad existió entre 1989 al año 2008.

La instrucción de esta pieza está terminada, aunque aún no se ha fijado fecha para el juicio. En la sentencia se dilucidará si hubo pago de comisiones, si su extesorero Luis Bárcenas pagó con ese dinero a dirigentes del partido y el desvío de cantidades millonarias a Suiza, donde llegó a contar con 43 millones de euros.

Al igual que en la primera pieza (la 5/2015), las presiones han intentado influir en la composición del tribunal. En este caso, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, recusada del caso Gürtel, consiguió dar el cambiazo en su composición al cambiar las normas de reparto, de tal manera que desplazó a dos de los magistrados que han juzgado el caso Gürtel: Ángel Hurtado y Julio de Diego.

El tercero miembro es José Ricardo de Prada, el firmante de la sentencia de Gürtel y blanco de los ataques del PP quien se encuentra ahora destinado en La Haya. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha salido en su defensa, a pesar de haber sido atacado por el portavoz del PP en la moción de censura. “Proetarra” llegó a llamarlo Rafael Hernando, amparándose en su inmunidad parlamentaria.
La incógnita es si De Prada formará parte del tribunal, ya que tiene previsto regresar a España el próximo diciembre.

En esta pieza están pendientes de resolver los recursos interpuestos, una vez la Audiencia Nacional ha apartado al juez Juan Pablo González por su proximidad al PP. No podrá juzgar las piezas del caso Gürtel relacionadas con este partido: Udef-Bla, la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, el ayuntamiento de Jerez y AENA.

Ordenadores de Bárcenas

El sucesor de Rajoy heredará también la ‘medalla’ de representar al primer partido político de la Historia que se sentará en el banquillo de los acusados como persona jurídica y supuesto autor criminal de los delitos de daños informáticos y encubrimiento por la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas.

Será en el año 2019 cuando se juzgue la destrucción de los datos que su extesorero conservaba en sus ordenadores en la sede central del partido y que supuestamente contenían la famosa Caja B del PP. Ordenadores que, sin sus discos duros, fueron entregados al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz quien en 2013 pidió que se los trajeran físicamente mientras investigaba la trama Gürtel y los papeles de Bárcenas y el PP proclamaba que estaban a su disposición, sin entregarlos. Al juzgarse delitos inferiores a cuatro años, este caso ha recaído en el Juzgado de lo Penal 31 de Madrid.

Caso Púnica

El nombre alude al líder de la trama, Francisco Granados, exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre.

La Audiencia Nacional investiga una organización estructurada, anclada dentro de la propia administración autonómica y local gobernada por el PP, con ramificaciones en Valencia, Murcia y León. Y del que se nutría el propio Partido Popular de Madrid, según las investigaciones.

La empresa que pagaba las supuestas “mordidas” y que recibía información previa sobre los concursos públicos es Cofely, filial del gigante energético francés Suez. El caso Púnica está separado en 16 piezas, por lo que se celebrarán otros 16 juicios en la Audiencia Nacional.

Afecta a seis alcaldes del partido por el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones. En otra de las piezas se investiga al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.

El caso salpica a Cristina Cifuentes, ya que presidió dos mesas de contratación que en 2009 y 2011 adjudicaron la gestión de la cafetería y el restaurante de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández. Todos los integrantes de esas mesas de contratación están investigados, menos ella. Tras dimitir de la presidencia de la Comunidad de Madrid el pasado 25 de abril, Cifuentes ha perdido su aforamiento.

¿El PP otra vez en el banquillo?

La acusación popular que ejerce IU en Lezo y Púnica ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García que se investigue como persona jurídica al Partido Popular. Su objetivo: sentar a ese partido en el banquillo como persona jurídica integrante de una organización criminal. Mientras, en el Congreso se impulsa una proposición de ley que prevé la ilegalización de los partidos políticos por corrupción.

Es la herencia que recibirá el sucesor de Mariano Rajoy. Algo más que esos  “10 o 15 casos aislados” de los que habló recientemente el ahora presidente en funciones del PP al ser preguntado por las tramas de corrupción y la detención de Zaplana.