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La muerte que levantó a los estudiantes contra la dictadura

Se cumplen 40 años del fallecimiento del universitario Enrique Ruano. Pese a que el régimen lo intentó presentar como un suicidio, la familia no duda de que se trató de un asesinato policial

MIGUEL ÁNGEL MARFULL

'Es curioso cómo un Estado autoritario no pudo impedir que en la sociedad hubiese gérmenes de hombres libres', escribía Gregorio Peces-arba en 1994, al cumplirse 25 años de la muerte de Enrique Ruano en Madrid.

En enero de 1969, Peces-Barba impartía clases de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Enrique Ruano tenía 21 años y estudiaba quinto de Derecho cuando fue detenido por la Policía política de la dictadura (la Brigada Político-Social) a las doce y media de la noche del 18 de enero de 1969. Era militante del Frente de Liberación Popular, el Felipe. Se encontraba en un bar, junto a su novia y dos personas más, que también fueron arrestadas. Ruano fue acusado de actividades subversivas contra el régimen de Franco.

Después de tres días de interrogatorios -eufemismo con el que la policía edulcoraba la práctica de la tortura-, Enrique fue conducido a un piso del centro de Madrid para realizar un registro junto a tres agentes. Allí sucedió todo.

Enrique Ruano subió esposado hasta el séptimo piso del número 60 de la calle Príncipe de Vergara entonces General Mola. Según los policías que lo acompañaban, emprendió una carrera hacia la salida de la casa y 'sin llegar a la escalera, se arrojó a un patio interior, falleciendo en el acto', como asegura el escueto informe policial que recoge la versión oficial de los hechos. ¿Se arrojó? Su historia es un relato en el que la mentira y la difamación se entremezclan con la complicidad de todas las instituciones que sostuvieron el edificio del franquismo.

'Lo mataron, lo asesinaron. Siempre pensé que lo habían asesinado y no he cambiado de opinión en 25 años', aseguraba el abogado José María Mohedano, amigo de Enrique Ruano, en la conmemoración del 25 aniversario de su muerte. Sigue pensando lo mismo, igual que la familia y amigos del primer universitario caído en la larga agonía del franquismo. Recordando estos hechos, Joaquín Leguina habla también, sin paños calientes, de 'crimen'.

'Ocurrió, y con aquel Gobierno colaboraban personas tenidas hoy, en democracia, por respetables. No fue un error ni un accidente, sino el resultado de un ambiente y de la impunidad que todo régimen totalitario genera a favor de sus agentes y en contra de los ciudadanos', escribió el ex dirigente socialista.

La familia de Ruano consiguió reabrir el caso 20 años después. La primera autopsia que se le practicó, en 1969, localizó una herida 'contusa redondeada' en una clavícula, que los forenses del régimen atribuyeron a un clavo contra el que habría impactado en su caída.

En 1991 se exhumó el cadáver de Ruano. Tenía serrado ese trozo de hueso, que, 40 años después, no ha aparecido. Contiene la clave para descartar definitivamente que su muerte fuera un suicidio, como oficializó la propaganda de la dictadura, orquestada por el entonces ministro de Información, Manuel Fraga. Una versión que rechaza la familia de Ruano, que no duda que fue un crimen perpetrado por el régimen franquista.

El segundo informe forense desestima la hipótesis del clavo y asegura que pudo ser una bala lo que penetró en el cuerpo del joven. Los tres policías que lo condujeron al registro, convertidos ya en comisarios, se sentaron en el banquillo en 1996 para responder por estos hechos, pero fueron absueltos. El voto discrepante de una de las magistradas del tribunal asegura que el joven fue asesinado y recibió un disparo antes de precipitarse desde una altura de siete pisos.

'Era un hombre completo y cabal', escribía sobre Ruano uno de sus profesores un año después de su muerte. Las protestas que siguieron a su fallecimiento obligaron a la dictadura a declarar el estado de excepción. La calle comenzaba a ganar el pulso al franquismo, pero muchos cayeron sacrificados por el camino. Cuarenta años más tarde, su familia se resiste a que un velo de amnesia cubra estos hechos.

“Què volen aquesta gent / que truquen de matinada?” La cantautora María del Mar Bonet puso música en 1969 a estos versos del poeta catalán Lluís Serrahima (¿Qué quiere esta gente / que llama de madrugada?). ‘Esta gente’ era la policía del franquismo. De madrugada detuvo a Enrique Ruano. El tema volverá a sonar el 20 de enero, a las siete de la tarde, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, para conmemorar el 40 aniversario del “asesinato por la Policía franquista” de Enrique Ruano.

Así se encabeza la convocatoria que realizan “sus amigos y amigas”, mediante una simple octavilla como tantas que se lanzaron sobre las aceras de la dictadura. No es la primera vez que se reúnen para recordar a Enrique; mantienen muy viva su memoria. Un galardón para estudiantes de Derecho lleva su nombre. Premia trabajos relacionados con los derechos humanos.  

 

José María Mohedano. Abogado. Amigo y compañero de Enrique Ruano

La muerte del valeroso e idealista estudiante Enrique Ruano fue uno de los asesinatos más siniestros del franquismo. Al crimen se unió la inmundicia de incluir en el sumario, como pieza de convicción, unas notas íntimas de Enrique requisadas por la Policía durante el registro de la casa de sus padres. De esta manera, la causa penal se instruyó por suicidio para, desde el primer momento, exculpar de la autoría del asesinato a los policías.

Y a su muerte horrible se añadió una de las páginas más negras y más abyectas del periodismo de la dictadura: divulgar y manipular a través del diario ABC, en perfecta coordinación con la Policía y con el Ministerio de Información que dirigía Manuel Fraga, aquellas notas íntimas o terapéuticas.

Al crimen se añadía la infamia y el escarnio de la vida íntima. Todo fue tan escandaloso que hasta un conocido periodista del régimen se atrevió a escribir que se había cometido una macabra villanía.

Cuando en 1994 se reabrió el sumario gracias al empeño de la familia de Enrique y de su abogado, a nadie se le podían ocultar las dificultades materiales para conocer la verdad sobre los hechos ocurridos 25 años antes. Es preciso tener en cuenta que en el año 1969, a la familia nunca se le permitió tener en la autopsia a un médico de su confianza y que no se hizo comprobación alguna de las armas de los policías para determinar el origen de una herida contusa redondeada de siete milímetros de diámetro con fractura de clavícula, producida por un objeto de las características de una bala.

Sin embargo, los esfuerzos de la familia de Enrique no fueron vanos. En primer lugar, despejaron la nebulosa sobre el falso suicidio. Quedó también claro que los franquistas habían destruido y ocultado pruebas. Y una juez estimó que los hechos eran constitutivos de asesinato, pero que no se podía condenar a los policías procesados por no estar demostrado cuál de ellos había sido el autor del disparo.

Y, sobre todo, se dejaron al descubierto las abundantes complicidades que el franquismo fue capaz de generar para garantizarse la defensa y la impunidad de los suyos, los criminales que mataron a un joven indefenso y pacífico.

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