Hemos arrancado esta semana con la noticia de una comunidad de vecinos y vecinas de Logroño que, ante la imparable escalada del precio de la energía, ha votado en asamblea no encender la calefacción este invierno. Estos pisos forman parte de esos cerca de 1,7 millones de hogares españoles que tienen calefacción central y que podrían ver triplicados sus recibos de calefacción, pudiendo llegar a pagar hasta 500 euros. No haber hecho los deberes a tiempo les ha puesto en una situación límite.

Ni siquiera la bajada del IVA del gas al 5% conseguirá que el recibo de quienes cuentan en su edificio con calefacción central no sea muy gravoso, sencillamente, porque no pueden disfrutar de esa rebaja con la legislación vigente. Para poder hacerlo tendría que poder acceder a la tarifa regulada, pero las normas que regulan el uso de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural no lo permite, pues impide el acceso a esta tarifa a quienes tengan un consumo anual de gas sea superior al 50.000 KWh.

Haber instalado contadores individuales resolvería el problema para acceder a esta tarifa, pero ni en todos los casos la infraestructura lo permite ni las comunidades de vecinos y vecinas se ha puesto manos a la obra. Ahora los administradores de fincas reclaman al Gobierno que acuda al rescate, que ya ha contestado que buscará la fórmula para mitigar esta amenaza para el bolsillo. La amenaza para el medio ambiente ya es otra cosa.

Estos sistemas constituyen una de las mayores fuentes de emisiones de CO2 en las ciudades, suponiendo un dispendio de energía, con niveles de temperatura que en pleno mes de diciembre obliga en algunos hogares a vestir de manga corta. El Gobierno quiso poner remedio a esta situación con el Real Decreto-ley 736/2020, por el que estos sistemas de calefacción central se verían obligados a instalar contadores individuales. Los plazos para hacerlo variaban en función de su localización y el nivel de frío que hace en la región, siendo la fecha máxima mayo de 2023.

La medida, según estimó el Gobierno, traería consigo ahorros medios del 24% y un incremento del 20% de la eficiencia energética, además de favorecer la creación de entre 2.000 y 3.000 empleos directos e indirectos para la instalación de estos contadores. En el caso de la comunidad de Logroño, hace más de 10 meses que, al menos, debería disponer de un presupuesto para acometer la readaptación del sistema.

Su caso no es excepcional. Por toda España, especialmente en las regiones más frías, la situación se repite. Pese a los planes de subvenciones tanto estatales como autonómicos, las comunidades de vecinos han venido arrastrando los pies en la mejora de sus sistemas de calefacción central. Habrá casos en los que incluso con estas subvenciones, los propietarios y propietarias no se lo puedan permitir por contar con unos ingresos que les lleva a vivir al límite. Otros, en cambio, han optado por mirar a otro lado hasta que la escalada de precio les ha estallado en las narices y entran las prisas, más por cuidar su bolsillo que por ser medio ambientalmente responsable.

El mismo Gobierno ha sido el primero en escurrir el bulto. La directiva europea que obliga a la instalación de repartidores individuales tendría que haber entrado en vigor antes de 2017 pero para el Gobierno de Mariano Rajoy ni el medio ambiente ni la eficiencia energética fue nunca una prioridad. En la memoria aún queda el vergonzoso impuesto al sol que impuso para toda aquella persona que quisiese consumir energía más limpia. Ya con cinco años de retraso, en 2019 tuvo que llegar la Comisión Europea y denunciar a España ante la Corte de Justicia por incumplir la norma.

¿Es reprochable a la ciudadanía que, a fin de cuentas, actúe como su Gobierno? Sí, claro que lo es, lo que no resta un ápice de responsabilidad a quien nos gobierna. En ambos casos, se evidencia que el cuidado por el medio ambiente ha jugado un papel secundario en sus consideraciones, primando más el trasfondo económico. ¿Servirá este nuevo revés a ese proceder para aprender la lección? Hagan sus apuestas.