La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia advirtió este jueves de un incremento en las masacres registradas en el país en 2021, hasta 78, y un aumento de la violencia en general, que derivó en el asesinato de 100 defensores de derechos humanos.

La representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, indicó en una rueda de prensa virtual que en 2021 tuvieron reportes sobre 100 casos de posibles masacres, de las cuales han podido verificar 78.

La ONU documentó en el informe del año pasado que en 2020 se habían producido 76 masacres con 292 asesinados, el doble de homicidios múltiples que en 2019.

Las 78 masacres de 2021, que dejaron un total de 292 víctimas y ocurrieron principalmente en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, son las más altas desde 2014.

En 2021, "la alta comisionada (la expresidenta chilena Michelle Bachelet) observó con mucha preocupación el incremento de la violencia", que afectó especialmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes y que provocó el desplazamiento de 72.000 personas, en comparación con los 26.000 desplazados de 2020, apuntó de Rivero.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, la oficina de la ONU verificó 54 asesinatos a excombatientes desmovilizados, así como 100 asesinatos a defensores de derechos humanos de las 202 denuncias que recibieron.

Los asesinatos a líderes se notificaron en 28 de los 32 departamentos que conforman Colombia, si bien el 75% de ellos ocurrieron en Antioquia, Cauca, Chocó y Valle del Cauca.

En general, dijo Rivero, Naciones Unidas observó que "la creciente presencia de fuerza pública en los territorios no ha frenado a los grupos armados", responsables de un aumento de las desapariciones, asesinatos y violencia sexual en las comunidades.

Por último, el informe también recoge 54 privaciones arbitrarias de la vida por parte de miembros del Ejército y la Policía Nacional verificadas por la ONU de un total de 100 denuncias recibidas, sobre todo por los hechos ocurridos durante las protestas de mayo y junio.

De estos casos, 29 homicidios, la mayoría de los verificados, se dieron "por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas".

El documento recomienda avanzar en la implementación del acuerdo de paz, cuando se cumple su quinto aniversario, y en la elaboración de una política pública para desmantelar las organizaciones ilegales con el fin de acabar con la violencia en el territorio.

Además, aconseja al Estado reforzar su presencia en todo el territorio, ya que por el momento es limitada. En cambio, "la presencia integral del Estado permitiría un mayor acceso a la justicia y a los derechos básicos", aseveró Rivero.