Túnez cumple una década en estado de emergencia con Kais Saied como hombre fuerte

El suicidio a lo bonzo de Mohamed Bouazizi, vendedor ambulante tunecino a quien la policía había requisado su puesto de frutas, fue la chispa que prendió la indignación de un país y una región lastrada por décadas de autoritarismo.  

Su gesto desató una ola de protestas sin precedentes en todo el mundo árabe, de Marruecos a Arabia Saudí. Las calles se desbordaron espoleadas por la falta de libertades y una grave crisis económica y alimentaria. No obstante, el saldo fue gris: en la mayoría de los casos las protestas fueron aplastadas y solo sirvieron para introducir reformas superficiales; en otros, la intervención de potencias extranjeras y la militarización de las protestas derivaron en cruentas guerras civiles. Solo en un caso se vivió una “transición exitosa”: en Túnez.

Allí, la movilización pudo más que la represión de Ben Ali, militar llegado al poder tras un golpe de estado en 1987 y forzado a abandonar el país rumbo a Arabia Saudí en enero de 2011 tras el éxito de las protestas. Una oposición heterogénea –formada por los Hermanos Musulmanes, sindicalistas, grupos laicos, y miles de jóvenes sin filiación política– se adentraron en un convulso proceso de transición. El resultado, la nueva Constitución de 2014 buscó convertir al país mediterráneo en una República semipresidencialista, con un presidente limitado en su actuar por el Parlamento.

Pero el “nuevo Túnez” se levantaba sobre bases frágiles. Los exigentes pesos y contrapesos de la nueva Carta Magna toparon con una clase política fragmentada que tenía aspiraciones distintas sobre el camino que Túnez debía seguir. El enfrentamiento entre gobierno y parlamento se cronificó sin que el Tribunal Constitucional, órgano encargado de dirimir estas disputas, se hubiese creado. La crisis institucional y una economía débil aumentaron la zozobra y la desafección de una población hastiada por la falta de avances. El sistema político tunecino daba síntomas de agotamiento incluso antes de haberse asentado.

Kais Saied, el implacable “superpresidente”

En este contexto, la candidatura de un veterano profesor de derecho constitucional sin vínculos con la política tradicional tunecina y un discurso de “regeneración y orden” consiguió imponerse en las elecciones presidenciales de 2019. Kais Saied (Túnez, 1958) llegó al poder con el apoyo de islamistas moderados e incluso sectores progresistas; todos coincidían en la necesidad de romper el bloqueo que atenazaba al país, pero no en la manera de hacerlo.

Saied, sobrio en gestos y palabras, ejerce el poder de manera implacable y aprovechó la frustración social y el descrédito de los partidos tradicionales para llevar a cabo un “golpe constitucional” en julio de 2021. Constitución en mano, decretó el “Estado de excepción”, destituyendo al primer ministro, congelando la actividad del parlamento y levantando la inmunidad a los diputados. Un año después, con las protestas sociales proscritas para “prevenir la expansión de la COVID-19”, el mandatario presentó una reforma de la Carta Magna que reforzaba las prerrogativas presidenciales. Un referéndum con un escueto 30,5% de participación y sospechas de “fraude” ratificó la transformación de Túnez en una república “superpresidencialista”.

Pocos meses después el Gobierno convocó unas elecciones legislativas que boicoteadas por la práctica totalidad del espectro político tunecino. Un pírrico 11,22% de participación fue suficiente para que el nuevo parlamento tunecino contase con una holgada mayoría absoluta para el partido de Saied, el Movimiento 25 de Julio. El otro partido con representación fue “Movimiento Popular”, una formación liderada por el polémico Zouhair Maghzaoui, acusado de colaborar con el presidente.

Saied emplea con inteligencia la táctica del “palo y la zanahoria”. Cooptando a varios opositores y, sobre todo, encarcelando y coaccionando otros tantos. Bajo el pretexto de combatir la “desinformación”, la Ley contra la ciberdelincuencia –que contempla penas de hasta diez años de prisión por la difusión de información falsa– ha sido empleada contra sus críticos. La Comisión Internacional de Juristas denunció que “las autoridades tunecinas están utilizando el decreto 54 [de la Ley] para silenciar arbitrariamente las voces disidentes e independientes, en una clara violación de las obligaciones del país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.

El mandatario comenzó entonces una colonización de las instituciones del Estado. En febrero de 2022 disolvió el Consejo Supremo de la Judicatura y en junio de ese año destituyó a 57 jueces bajo la acusación de “corrupción”; sus nuevos nombramientos privilegiaron las lealtades y desdibujaron al poder judicial.

La misma estrategia siguió con la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), encargada de fiscalizar los procesos electorales del país, situando al frente de la misma a personas afines. En las recientes elecciones de octubre de 2024, donde Saied fue reelegido hasta 2029, el órgano electoral estableció unos requisitos leoninos que solo pudieron cumplir tres de los diecisiete precandidatos que mostraron su voluntad de participar en el proceso. En la papeleta, además de Kais Saied solo aparecían otros dos nombres; el ya citado Zouhair Maghzaoui; y Ayachi Zammel, encarcelado durante la precampaña y condenado a penas de cárcel en tres procesos distritos. Otros cinco precandidatos fueron condenados a ocho meses de prisión y una inhabilitación de por vida por “hacer donaciones para influir en los votantes”.

Las elecciones, celebradas en un ambiente de represión y hermetismo, obtuvieron el menor porcentaje de participación en la historia del país: un 28,80%, según datos oficiales. El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos denunció que varios medios y periodistas recibieron advertencias por escrito por su “falta de rigor”. En los meses previos a la cita electoral la ISIE notificó a la periodista independiente Khaoula Boukrim que su acreditación había sido revocada por haber incumplido “su deber de garantizar una cobertura mediática objetiva, equilibrada y neutral respecto al proceso electoral”. A Boukrim le siguió un lento pero incesante goteo de periodistas coaccionados o directamente revocados.

Con su reelección presidencial, un parlamento monocolor y las instituciones del estado cooptadas, el gran reto de Saied pasa ahora por controlar la situación económica y abortar la siempre latente protesta social.

Cruzada contra los migrantes

El gobierno de Saied también ha destacado por su conservadurismo social y político. El pasado 6 de mayo de 2024 el presidente lanzó públicamente su cruzada contra la migración, calificando de “traidores” y “mercenarios” a las ONG que atienden a la población subsahariana que llega al país. Con anterioridad ya había asegurado que estas organizaciones reciben “grandes sumas de dinero” con el objetivo de “cambiar la composición demográfica de Túnez”. Pocos días después de esta alocución, varios responsables de ONGs fueron detenidos.

La geografía ha hecho del país magrebí zona de tránsito para los migrantes subsaharianos en su ruta a Europa. En su zona más estrecha Italia y Túnez solo están separadas por escasos 70 kilómetros de Mar Mediterráneo. A pesar de la teoría del reemplazo difundida por Saied, se estima que solo el 0,2% de la población tunecina –unas 21.000 personas– son negras.

En cualquier caso, el discurso antiinmigración de Saied ha encontrado una gran aliada al otro lado de la costa. En Roma, Giorgia Meloni ha defendido la autocracia tunecina como un aliado indispensable en la lucha contra la inmigración ilegal. Saied jugó con inteligencia sus cartas y en otoño de 2023 rechazó un primer borrador para renovar el acuerdo de cooperación en materia migratoria Túnez-UE. El presidente calificó de “irrisoria” la ayuda financiera de 127 millones de euros que Bruselas le ofrecía; llegando a reducir al mínimo los controles migratorios en su costa. A finales de ese año la guardia costera tunecina recuperó su actividad normal tras un suculento aumento de las ayudas europeas.

A pesar de las acusaciones de que Túnez viola los Derechos Humanos de los migrantes, la UE se ha negado reiteradamente a revisar sus acuerdos migratorios con Marruecos, Mauritania o el propio Túnez.