Duro golpe al derecho a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El exdictador Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, saldría en libertad antes de cumplir su sentencia. Su liberación podría producirse este miércoles. Este martes el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su libertad inmediata. Este fallo restituye el indulto otorgado a Fujimori en diciembre de 2017, que fue anulado por haberse otorgado sin cumplirse los requisitos para un perdón humanitario. Esta decisión del TC, máxima instancia judicial del país, ignora dos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declaran ilegal ese indulto y le ordenan al Estado peruano no liberar al exdictador. El martes en la noche hubo movilizaciones en contra de la decisión del TC.

El Gobierno de Dina Boluarte tendrá que decidir si cumple lo dispuesto por el TC o acata lo resuelto por la Corte IDH. Según fuentes ligadas al Gobierno citadas por la prensa peruana, el Ejecutivo habría decidido alinearse con el TC a favor de Fujimori, lo que le abriría las puertas de la prisión al exdictador de 85 años que gobernó entre 1990 y 2000, que en 2009 fue condenado por los asesinatos cometidos por un escuadrón de la muerte que operó bajo las órdenes y protección de su Gobierno. El fujimorismo es un aliado del régimen de restauración conservadora y autoritaria de Boluarte. Liberar a Fujimori implicaría el desacato a resoluciones de la Corte IDH que son de cumplimiento obligatorio.

Los magistrados del TC que han fallado a favor de la libertad de Fujimori fueron elegidos para el cargo por el Congreso con votos del fujimorismo y sus aliados. La resolución ordenando la libertad de Fujimori ha sido firmada por tres magistrados de los seis que integran en este momento el TC. El séptimo integrante dejó el cargo y no se ha nombrado a su reemplazante. Para alcanzar los cuatro votos mínimos necesarios para aprobar esta resolución, el presidente del TC, Francisco Morales, ejerció el doble voto que le da su cargo. La congresista de izquierda Ruth Luque anunció que presentará una acusación constitucional contra los magistrados que han ordenado liberar a Fujimori.

Después de reunirse con Fujimori en el penal VIP donde ha venido cumpliendo su condena, su abogado, Elio Riera, señaló que el exdictador debería salir libre este miércoles después de cumplirse trámites burocráticos para aplicar la orden de libertad. Frente a los cuestionamientos por esta decisión y las demandas de justicia de los familiares de las víctimas del fujimorismo, insólitamente el abogado dijo que "los derechos humanos que deben prevalecer son los de Fujimori". En esa línea, voces del fujimorismo pretenden convertir al victimario en víctima. En las afueras del penal celebraron algunas decenas de fujimoristas.

La defensa legal de los familiares de las víctimas del régimen fujimorista ha pedido la intervención de la Corte IDH. Este miércoles, el Estado peruano deberá presentar un informe a este tribunal internacional sobre el cumplimiento de sus resoluciones de no liberar a Fujimori. Si es liberado, este organismo internacional llamaría a una audiencia para ver el caso, como ya lo hizo antes cuando resolvió que Fujimori debe continuar en prisión.

"Esta decisión del TC, en base una interpretación retrógrada de pensar que el orden jurídico interno está por encima del orden jurídico internacional, pone al Estado peruano en la lista de los que no cumplen las resoluciones de la Corre IDH. Eso es gravísimo. La Corte seguramente emitirá una nueva resolución ratificando las anteriores en contra del indulto y la liberación de Fujimori. Si Fujimori es liberado tendrá que volver a prisión", señaló Carlos Rivera, abogado de las víctimas del fujimorismo.

Fujimori fue condenado a 25 años por el asesinato de 15 personas, entre ellas un niño de ocho años, en una vivienda de Barrios Altos en Lima, y por el secuestro, asesinato y desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de la Cantuta. En la noche de Navidad de 2017 fue indultado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ese perdón fue parte de un canje de impunidad para que legisladores fujimoristas voten a favor de Kuczynski en un proceso de destitución por corrupción. En mayo de 2018, la Corte IDH se pronunció en contra de la legalidad del indulto y le ordenó al Estado peruano revisarlo. En octubre de ese año el Poder Judicial lo anuló y Fujimori volvió a prisión.

En marzo de 2022, el TC emitió un primer fallo a favor del indulto que había sido anulado y ordenó la liberación de Fujimori, pero la Corte IDH se pronunció en contra de esa decisión y dispuso que no se aplique. El Gobierno del entonces presidente Pedro Castillo decidió cumplir lo resuelto por la Corte IDH y Fujimori quedó en prisión. Ahora el TC vuelve a resucitar el indulto. Esta vez, con un Gobierno aliado, la situación ha cambiado a favor del exdictador.