En 30 años de gobiernos de corte neoliberal, Perú debió haber tenido seis presidentes en períodos de cinco años, pero debido a la volatilidad política o la corrupción han sido once. De ellos, nueve tienen cuentas pendientes con la Justicia -incluida la actual mandataria- y otro prefirió suicidarse para no pasar por ese trámite. Cuatro se involucraron en la trama Lava Jato, por la supuesta recepción de sobornos de la transnacional brasileña Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa con licencias para la construcción de obras públicas.

Con la extradición de Alejandro Toledo desde Estados Unidos, tras casi cinco años de espera, empezará el juicio oral en su contra por el caso Lava Jato. La Justicia en Perú llega a retrasar 20 o 30 años los casos emblemáticos y los magistrados alegan la falta de presupuesto y personal para tanta carga procesal.

Sistema judicial limitado

El sistema judicial está al límite por la corrupción en la más alta esfera política, que pone a prueba la eficacia de una estructura en la que, además, algunos de sus operadores están bajo investigación por vínculos con redes de corrupción y tráfico de intereses.

Para Toledo, el Ministerio Público ha pedido 20 años de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso de la carretera Interoceánica Sur. El expresidente habría recibido unos 31 millones de dólares en coimas de la constructora brasileña a cambio de la concesión de esta obra pública durante su gobierno (2001-2006). Toledo ganó las elecciones convocadas tras la huida de Alberto Fujimori a Japón en el año 2000, en medio de un escándalo por la difusión de vídeos que documentaban y evidenciaban la corrupción de su régimen.

Dos expresidentes en prisión

Dos expresidentes están presos: Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción; y Pedro Castillo, quien enfrenta seis investigaciones fiscales por tráfico de influencias y rebelión. Ambos están recluidos en la prisión de Barbadillo, al este de Lima, en un área del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, acondicionada para los ex jefes de Estado. También estará en esta prisión Toledo, tras su llegada este domingo extraditado desde California (EEUU).

El equipo especial de fiscales Lava Jato considera que la presencia de Toledo en Perú es un gran cambio en el proceso. "Absolutamente, porque no puede ser juzgado y condenado en ausencia: si no hubiera sido traído, y considerando su edad (77 años), era posible que eludiera la acción de la justicia en otro país", explica a Público el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del grupo especial.

El fiscal destaca que el exmandatario estará en prisión preventiva mientras dure el juicio porque ha evadido y entorpecido la acción de la justicia desde que salió de Perú en 2017, teniendo en cuenta que el Gobierno pidió a Estados Unidos la extradición en mayo de 2018. En noviembre de 2016, la empresa brasileña reconoció ante las fiscalías de Suiza y de Estados Unidos que había sobornado al político peruano, "pero, por un error de un fiscal que no pidió impedimento de salida del país, Toledo viajó a EEUU en enero de 2017 y por eso nos encontramos en este proceso largo", precisa Vela.

Los otros procesados

El expresidente Ollanta Humala (2006-2011) afronta un juicio oral por presuntos pagos ilegales de Odebrecht por la construcción de un gasoducto en el sur del país. También su esposa Nadine Heredia tuvo problemas con la Justicia.

La fiscalía investiga a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por presuntos pagos ilegales y lavado de activos en relación a dos concesiones de obras públicas que entregó el Gobierno de Toledo a la empresa Odebrecht. En ese período, el exbanquero fue primer ministro y ministro de Economía. Kuczynski estuvo bajo prisión domiciliaria casi dos años y con impedimento de salida del país, que le fue revocado en febrero pasado.

Martín Vizcarra (2018-2020) sucedió a Kuczynski cuando éste se vio salpicado por el escándalo y asimismo está procesado por un caso de corrupción previo a su mandato presidencial: el ingeniero se encuentra a la espera de la fase previa al inicio del juicio por supuestos sobornos que recibió cuando era gobernador regional de Moquegua.

Manuel Merino, quien asumió como gobernante durante siete días, después de que el Congreso destituyera ilegítimamente a Vizcarra en noviembre de 2020, tiene una investigación fiscal abierta por el homicidio de dos jóvenes manifestantes en el contexto de las protestas contra su gobierno ocurridas ese año. La pesquisa está congelada debido a que el Congreso actual, afín a la posición conservadora de Merino, descartó una acusación constitucional para que continuara la investigación.

Dina Boluarte, quien sucedió constitucionalmente a Castillo tras el fallido autogolpe del 7 de diciembre pasado, también está bajo investigación fiscal y podría afrontar un juicio por graves violaciones a los derechos humanos.

La que fuera vicepresidenta en el Gobierno de Castillo y ahora líder de una coalición conservadora y autoritaria, que rechaza en las encuestas más del 75% de la población, es también la jefa suprema de las fuerzas armadas y policiales. Desde que empezaron en diciembre las protestas contra su gobierno y en demanda de un adelanto de las elecciones, la fuerza pública ha causado la muerte de 49 civiles. Algunas de las víctimas eran transeúntes e incluso ente ellas hay un paramédico que asistía en primeros auxilios a heridos por la policía. La defensa de Boluarte ha logrado obstruir el derecho de los abogados de las víctimas a estar presentes en los interrogatorios.

Impunidad y justicia

Los peruanos ya no siguen a diario y por varias horas, como en 2018, las audiencias judiciales por casos de corrupción y lavado de activos a políticos de alto perfil -como la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, presidenta del partido fujimorista Fuerza Popular e hija del autócrata encarcelado. Sin embargo, hay una demanda de no impunidad ante la acumulación de expresidentes en Barbadillo y los otros cometidos a juicios o diligencias fiscales.

El economista y expresidente de la comisión investigadora Lava Jato en el Congreso durante 2015 y 2016, Juan Pari, afirma que la extradición de Toledo "pone a prueba" a los operadores de justicia del país andino. "Hay que tener presente que la impunidad se ha convertido en el principal factor de sostenibilidad y rentabilidad de la corrupción", planteó Pari, consultado por Público poco antes de la llegada de Toledo a suelo peruano.

"Es extraño que a la fecha el caso Odebrecht haya sido manejado de modo compartimentado por la Fiscalía y no se tenga reos con sentencia en cárcel. Y que a los cabecillas de la empresa Odebrecht ahora se les tenga que solicitar su declaración mediante cartas rogatorias a su refugio en Brasil, mientras siguen cobrando los ingresos que el Perú les paga por las concesiones que se les otorgó desde Toledo", reclama el excongresista.

Toledo no cuenta con aliados políticos visibles en Perú, pues el partido político que fundó desapareció como tantos otros creados solo para unas elecciones concretas, y aparentemente no habría quienes podrían mover los hilos en los pasillos judiciales y la influencia mediática a su favor. Sin embargo, Pari ve algunos riesgos en Odebrecht y sus aliados nacionales, pues la empresa mantiene concesiones de peajes, entre otras operaciones en Perú.

"Si Toledo habla con la verdad, comprometerá no solo al entorno político que le acompañó en el Ejecutivo, también tendría implicaciones en el encubrimiento de los contratos de Odebrecht que se dieron en el Congreso. Ello pondría en cuestión los pagos que Perú ha hecho o podría hacer a Odebrecht por sentencias de arbitrajes internacionales en el CIADI", explica el economista.

Según Pari, las demandas de arbitraje de los brasileños contra Perú usan "dolosamente" el Tratado de Libre Comercio Perú-Luxemburgo, firmado por Toledo, Kuczynski y el entonces canciller Óscar Maúrtua (actual embajador de Perú en España).

A ese juego de intereses económicos, se suma lo volátil del sistema de justicia peruano. Desde que en 2018 el periodismo de investigación reveló una gran trama de corrupción en dicho aparato, llamada la red Cuellos Blancos del Puerto, decenas de jueces y fiscales han sido defenestrados; además cambió el órgano que evalúa y nombra a los jueces y fiscales.

Dicha entidad, la Junta Nacional de Justicia, investiga en la actualidad, por ejemplo, a la fiscal general, Patricia Benavides, quien este domingo comunicó a Alejandro Toledo sus derechos como detenido. Benavides, tan pronto asumió el cargo en julio pasado, se quitó del medio a una fiscal suprema que investigaba a la jueza Enma Benavides por supuestamente liberar a capos del narcotráfico luego de recibir sobornos. Las magistradas Benavides son hermanas.