Hace un año el periodista de origen saudí Jamal Khashoggi se adentraba en la consulado de su país en Estambul (Turquía) para conseguir unos documentos que le permitirían contraer matrimonio con novia turca. Sería la última vez en la que fue visto con vida. Unas par de semanas más tarde la policía turca confirmaría su asesinato y descuartizamiento dentro del recinto consular. 

Esas semanas estuvieron marcadas por la más que probable participación en el plan para eliminar al periodista, que había sido cercano al régimen que dirige Arabia Saudita, del príncipe heredero Mohammed bin Salman, que habría querido eliminar a una de las voces críticas con los suyos. El propio bin Salman reconoció recientemente parte de su responsabilidad porque los hechos ocurrieron bajo su "mandato", aunque desconocía lo que iba a suceder. 

Sin embargo, los activistas y simpatizantes, que se reunirán este miércoles frente al lugar donde se perdió la pista de Khashoggi, dudan de la versión oficial del régimen saudí. Entre ellos estará la relatora de la ONU sobre ejecuciones arbitrarias, Agnes Callamard. La propia relatora señaló en un informe publicado el pasado junio que existen "evidencias creíbles" que vinculan al príncipe con el asesinato.

Junto a Callamard estará el político egipcio exiliado Ayman Nour y la premio Nobel yemení, Tawakkol Karman, entre otros activistas, además de representantes de ONGs como Reporteros sin Fronteras, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Un juicio marcado por la opacidad

Asociaciones como Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han denunciado el "secretismo" con el que Riad está llevando a cabo el juicio contra los 11 agentes acusados -de los que se desconoce su identidad- de acabar con la vida de Khashoggi, afirmando que el país arábico no ha querido colaborar con investigaciones independientes.

"Las autoridades saudíes han obstruido significativamente la rendición de cuentas por el asesinato de Khashoggi, el juicio en marcha sigue cubierto en secretismo y el Gobierno se ha negado a cooperar con la investigación encabezada por la relatora de la ONU para ejecuciones extrajudiciales", apuntó hoy HRW en un comunicado.

Para Amnistía Internacional, todo el proceso judicial para esclarecer y condenar a los acusados, de los cuales cinco se enfrentan a la pena de muerte, carece de "forma alguna de transparencia". Desde la ONG recalcan que todavía no se ha divulgado "ninguna información relativa a la manera en la que se llevó a cabo la investigación", ni si los acusados tuvieron si los acusados tuvieron acceso adecuado a asistencia judicial y otras garantías de un juicio legal.

Sobre el papel de Bin Salman en la muerte de Khashoggi, ambas organizaciones consideran que el príncipe reconociera su responsabilidad es "una estratagema de relaciones públicas", según declaró la directora de Investigaciones de AI para Oriente Medio, Lynn Maalouf. Por su parte, Sarah Leah Whitson, directora de HRW en la zona, tildó de "insuficiente" la declaración del hijo de Salmán bin Abdulaziz.