A primera hora de la mañana, poco antes de que el sol empiece a apretar con fuerza, la norteña localidad egipcia de Rashid parece tomada por la calma. A lo largo de su cornisa del Nilo, el movimiento se reduce a jóvenes que se dirigen hacia la escuela y a barcas que cruzan sin prisa de una orilla a otra del río, observadas por los pescadores que se toman un respiro. El olor y la brisa que bañan el lugar indican que el Mediterráneo está a tocar.

Aunque podría tratarse de un tranquilo pueblo más de la costa egipcia, Rashid es conocida por haber sido uno de los principales puntos de salida en Egipto para los migrantes que, llegados de todas partes, intentaban llegar al sur de Europa.

“Ocurría a menudo”, evoca a Público un longevo pescador en un café de la cornisa, sin perder de vista la partida de dominó que está teniendo lugar en la mesa de enfrente. “Hasta aquella noche de 2016”, agrega.

El marinero se refiere al naufragio olvidado del 9 de abril de 2016. Aquella noche, un barco pesquero que había partido desde Rashid con centenares de personas a bordo volcó no muy lejos de la frontera libia. Solo fue tras una investigación conjunta de Reuters y la BBC que salieron a la luz las cifras de una tragedia que nadie investigó: unas 500 personas murieron y solo 37 lograron salvarse. Se cree que fue el peor naufragio de 2016.

Empujadas por desastres como aquel, pero también por el incremento de salidas hacia Europa que Egipto había registrado durante la primera mitad de 2016, las autoridades del país árabe se empezaron a aplicar a fondo en cuestiones de migración para finales de año.

Como es habitual en Egipto, la receta para abordar el problema se ha basado en endurecer una legislación contra la migración que luego se ha aplicado con puño de hierro. Para organizaciones trabajando en la materia, esta combinación es responsable de buena parte de la reducción de salidas desde el país, aunque en detrimento de las personas migrantes.

“Nos preocupa que las personas se encuentren en una posición en la que tengan que usar los servicios de los traficantes”, observa a Público Catherine Woollard, secretaria general del Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados (ECRE). “[Pero] simplemente reducir esa opción no debe ser la respuesta, ya que significa que la gente pasa a estar atrapada”.

Las sistemáticas vulneraciones de derechos humanos que imperan en Egipto colocan a las víctimas de las redes de tráfico en una posición aún más delicada.
Pero a sabiendas de que el respeto por los derechos humanos no figura entre las grandes preocupaciones de Europa, Egipto no ha dudado en instrumentalizar la migración y vender a los estados del Viejo Continente la idea de que va a controlarla.

Eso sí, siempre que El Cairo se beneficie de ello, reforzando su perfil internacional, blanqueando la legitimidad del régimen y recibiendo ayudas económicas. De lo contrario, plana sobre Europa la amenaza de que miles de migrantes puedan zarpar hacia sus costas.

Para mantener la intimidación, El Cairo se encarga de hacer llegar mensajes a Bruselas de forma periódica. Este febrero, la Conferencia de Seguridad de Múnich ofreció al ex jefe del ejército Abdel Fatah Al Sisi una oportunidad de oro para asegurar que la lucha contra la migración ilegal figura entre las principales prioridades de su régimen, y para recordar, por si a alguien se le había olvidado, que su país acoge a millones de refugiados. En esta línea, también su portavoz, Bassam Rady, declaró a mediados de mes que Egipto “no ha registrado ni un solo caso [de migración ilegal] desde septiembre de 2016”.

A oídos de sus aliados europeos, las palabras de Al Sisi y Rady son música celestial. Atraídos por estos cantos de sirena, los estados de la UE se han dado cita en la ciudad egipcia de Sharm El Sheikh los días 24 y 25 de febrero para reunirse con la Liga Árabe, en un encuentro en el que la agenda migratoria volverá a ser un tema central.

Aunque la expectación generada inicialmente por la cumbre se haya evaporado, en parte debido a las discrepancias internas europeas, la cooperación con Egipto en esta materia, canalizada sobre todo a través de proyectos de cooperación, solo se espera que aumente.

Por ahora, uno de los vehículos por los que la UE ha derivado fondos hacia Egipto ha sido el Fondo Fiduciario de Emergencia para África, que ha concedido a El Cairo 60 millones de euros. Asimismo, también el llamado Fondo Madad de la UE en respuesta a la crisis siria beneficia a Egipto como uno de los países que más refugiados sirios acoge.

La cara más controvertida de esta cooperación, no obstante, es la que involucra a Frontex, la agencia europea de gestión y control fronterizo. Aunque Frontex asegura que no existe cooperación operativa con Egipto, la agencia sí que realiza proyectos de capacitación. Las principales áreas de colaboración incluyen procedimientos para efectuar controles fronterizos y controlar el fraude de documentos.

“Egipto es una plataforma educativa importante para los países de habla árabe en Oriente Medio y numerosos países africanos”, justifica Izabela Wiewiór, portavoz de Frontex, a este medio. “La academia de policía egipcia tiene una vasta experiencia didáctica”, añade, y “ha brindado capacitación a más de 45 países, [lo que] constituye una experiencia importante y un gran potencial”.

La policía egipcia se sitúa en el centro de la crisis de derechos humanos en el país, y prácticas como torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas o ejecuciones extrajudiciales son denunciadas como comunes por organizaciones de derechos humanos.

Por este motivo, el hecho de que estrechar la cooperación entre Frontex y Egipto figure entre las prioridades contempladas por la UE, como recogía un documento no oficial del Servicio Europeo de Acción Exterior de 2016, despierta fuertes recelos en organizaciones por los derechos de migrantes. En el horizonte, la coordinación con los controvertidos guardacostas libios se erige como potencial modelo a seguir.

“Esto es algo que realmente nos preocupa porque no es el papel que debería desempeñar una agencia europea de fronteras”, critica Woollard, de ECRE.
Para protegerse de críticas, el régimen egipcio asegura que los refugiados en su país se encuentran en una situación privilegiada. Pero las condiciones en la que viven muchos, sin estatus legal y en un contexto marcado por el socavamiento general de los derechos humanos, el estado de derecho y la economía, deja a muchos migrantes desamparados.

Por estos motivos, no es extraño lo que en Rashid resulta vox populi. “El gobierno dice que se han detenido [las salidas]”, dice a este medio un taxista de la localidad que ve pasar el tiempo desde la cornisa. “Pero no lo han hecho”, agrega.
En este sentido, las alegaciones de El Cairo de que no se producen salidas desde 2016 es tan inconsistente como sugieren las exhibiciones del propio ejército egipcio en las que se vanaglorian de sus acciones contra redes de traficantes. En la última de ellas, a mediados de febrero, anunciaron el arresto 2.770 personas que intentaron entrar desde Libia y Sudán desde enero. Las filas castrenses, además, incluían en el mismo saco la incautación de drogas, armas y terroristas, en un descarado intento de criminalizar a los primeros.

“Es evidente que todavía hay tráfico desde Egipto”, apunta Woollard, “pero los números son muy difíciles de determinar”. “En Egipto ahora es todo mucho más difícil”, recalca a Público otro pescador de Rashid. “Pero aún continúan [saliendo]”.