Las autoridades de Colombia investigan a diez policías acusados de permitir a civiles disparar contra manifestantes en la ciudad de Cali, anunció el lunes un alto oficial, mientras que la Fiscalía reportó un aumento de la cifra de muertos en medio de las protestas contra el Gobierno. 

El país sudamericano cumplió más de un mes de movilizaciones y bloqueos en las principales ciudades, en rechazo a las políticas económicas y sociales del Gobierno del presidente Iván Duque. El detonante fue un proyecto de reforma fiscal que fue retirado por el mandatario. 

Pero los manifestantes continuaron las protestas y ampliaron sus demandas para incluir una renta básica para las familias pobres, educación y empleo para los jóvenes, así como el fin de la violencia policial, incluyendo la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). 

Desde el comienzo, las protestas han estado marcadas por la violencia y actos de vandalismo que incluyen saqueos, ataques a bienes públicos y privados por grupos de encapuchados, además de enfrentamientos de manifestantes con la policía.

La Fiscalía General de la Nación reportó el lunes 20 muertes en medio de las protestas, tres más que el informe previo, pero grupos de derechos humanos aseguran que el número es muy superior y acusan a la policía por la mayoría de los asesinatos.

Cali, la tercera ciudad más poblada del país sudamericano con 2,5 millones de habitantes, se convirtió en el epicentro de las protestas que se desbordaron el viernes con ataques con armas de fuego de civiles y de un oficial del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General contra los manifestantes. 

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, dijo que con la Fiscalía General se inició una investigación para identificar a las personas que presuntamente cometieron actos contrarios a la ley en Cali. 

Tratan de identificar civiles que dispararon

El oficial afirmó que se envió a la Justicia Penal Militar la información sobre los uniformados ya identificados que presuntamente cometieron actos contrarios a la ley u omitieron sus funciones. 

La Policía Nacional dijo que también avanza en el proceso de identificación de por lo menos cinco civiles que dispararon armas de fuego contra manifestantes en el sur de Cali, y que quedaron registrados en videos de cámaras de seguridad y de teléfonos celulares. 

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reportó que el viernes se produjeron más de una docena de muertes violentas en la ciudad y denunció que "hombres armados dispararon contra la multitud al lado de policías".

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el domingo que su oficina ha recibido información sobre la muerte de 14 personas en Cali desde el inicio de las protestas, el 28 de abril.

"Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley", aseguró Bachelet.

Los líderes de los sindicatos, de grupos de estudiantes y de organizaciones sociales que conforman el Comité Nacional de Paro, no lograron el domingo destrabar los diálogos con el Gobierno para avanzar a una negociación que permita suspender las protestas. 

El Gobierno exige al Comité Nacional de Paro condenar los bloqueos de carreteras por parte de manifestantes que han provocado alzas de precios y escasez de alimentos y combustibles en las ciudades, además de la parálisis del comercio internacional del país de 50 millones de habitantes.

Sin embargo, los líderes de las protestas que rechazaron la violencia en medio de las manifestaciones, sostienen que se han permitido corredores humanitarios. El Comité Nacional de Paro convocó el miércoles a una nueva jornada nacional de protesta.