Han sido 4.328 los días que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha estado privado de libertad. De ellos, 1.902 –más de cinco años– los ha pasado encerrado en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh (Londres). El pasado martes, 25 de junio de 2024, el periodista puso fin al confinamiento que estaba sometido debido a la larga batalla judicial que libraba contra el Departamento de Justicia de EEUU a consecuencia de las publicaciones de información que pusieron contra las cuerdas a las administraciones de los expresidentes estadounidenses George Bush y Barak Obama.

En 2006, Assange fundó el portal WikiLeaks para luchar, según enunció él mismo, "contra las injusticias de los gobiernos opresores". En aquel momento, apenas era conocido más allá de los circuitos de programadores, hackers, defensores del software libre y el derecho de acceso a la información. No sería hasta abril de 2010 cuando se haría mundialmente famoso debido a la publicación en su web de un vídeo titulado Collateral Murder. En él, dos pilotos del ejército de EEUU asesinan a 12 civiles en un barrio de Bagdad (Irak). Pocos meses después, la web publicó miles de documentos confidenciales sobre la invasión de Irak, y otros tantos sobre la presencia estadounidense en Afganistán, –Diarios de Afganistán–. Las informaciones evidenciaban la corrupción y violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por el ejército del país norteamericano durante su campaña en Oriente Medio.

Ese mismo año, el tribunal del Distrito Este de Virginia (EEUU) inició una investigación judicial secreta contra Julián Assange por estas publicaciones. La instrucción duraría casi una década, aunque no sería hasta 2019 que el periodista australiano tendría conocimiento de sus conclusiones y sufriría sus consecuencias. La hipótesis de la Justicia estadounidense era que Assange, como editor de WikiLeaks, no sólo había publicado los documentos que les había hecho llegar la exmilitar y fuente de las informaciones, Chelsea Manning, sino que él mismo le habría ayudado a llevar a cabo las filtraciones, incurriendo en un presunto delito informático.

Manning fue detenida en EEUU en julio de 2010, tras ser formalmente acusada de filtración por el Pentágono. Los abogados de Assange sospechaban que era cuestión de tiempo que la Justicia estadounidense fuera tras el periodista, y empezaron a buscar protección internacional. La encontrarían de la mano del entonces presidente de Ecuador, el socialista Rafael Correa. Tras tres años en prisión preventiva, Manning fue condenada en 2013 a 35 años de prisión por las filtraciones de WikiLeaks.

Paralelamente, la Fiscalía de Suecia abrió una investigación contra Assange por la comisión de dos presuntos delitos sexuales y solicitó a Londres la extradición del periodista para tomarle declaración. Años más tarde, la investigación sería archivada por falta de pruebas. Su defensa siempre creyó que detrás de esta extradición se escondía una extradición encubierta a EEUU, donde Assange sería procesado por las publicaciones de WikiLeaks. Reino Unido aprobó la extradición de Assange a Suecia en febrero de 2011, decisión que el periodista recurrió.

Finalmente, Rafael Correa concedió al periodista el asilo diplomático el 19 de junio de 2012, y un mes después, el fundador de WikiLeaks se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres. Aquel día comenzó un periplo judicial que se ha alargado más de 12 años. Público repasa, cronológicamente, los hitos de un proceso que han marcado la historia reciente del periodismo y de la lucha por la libertad de expresión.

Seis años en la Embajada de Ecuador (2012-2019)

Cada cierto tiempo, entre el año 2012 y 2019, la puerta del edificio número 3 de Hans Cres, en Londres, se llenaba de curiosos, fans, periodistas y policías. A esta calle daba el ventanal de la Embajada de Ecuador por el que Julian Assange se asomaba para dar discursos a favor de la libertad de expresión y retar a los líderes del momento. La narrativa antisistema y su personalidad altiva le granjeó seguidores y detractores a partes iguales. La instrucción judicial abierta en Suecia por la presunta agresión sexual acrecentó la antipatía y desconfianza de este segundo grupo.

Entre 2011 y 2019, el país nórdico solicitó a Assange que acudiera a su territorio para prestar declaración por los hechos de los que se le acusaba. El caso nunca pasó de la fase de instrucción. El caso fue finalmente archivado por falta de pruebas en 2019.

A pesar de que no existía una petición formal de extradición por parte de EEUU, el periodista y sus abogados estaban seguros de que, si ponía un pie fuera de la embajada, sería deportado a EEUU. Por eso elaboraron un plan para trasladar a Assange a Ecuador. La idea jamás llegaría a término debido, en parte, al espionaje al que fue sometido por parte de la compañía española UC Global SL, encargada de la seguridad de la Embajada, por encargo de la CIA. Así lo confirmó un juzgado de Nueva York en diciembre de 2023.

Entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, el personal de seguridad del edificio grabó imágenes y conversaciones entre Assange y su defensa. Más tarde, esta intromisión en su intimidad y la vulneración de su derecho a la defensa sería uno de los argumentos esgrimidos por sus abogados para tratar de evitar su extradición a EEUU.

Durante los casi siete años que pasó confinado en la Embajada, la salud mental del periodista se fue deteriorando. El prolongado aislamiento, la tensión producida por la soterrada y constante amenaza de una posible extradición a EEUU así como las presiones estadounidenses a Ecuador, no hicieron más que empeorar la relación entre Assange y sus anfitriones. El cambio de Gobierno en el país latinoamericano, que desde 2017 pasó a manos del líder de Alianza País, Lenin Moreno, no mejoró la situación. Desde el inicio de su mandato, el nuevo presidente se desvió del camino político marcado por su predecesor, chocando con los intereses de Assange.

La publicación de unas informaciones sobre el entramado empresarial offshore de Lenin Moreno –y sus familiares– de las que el ahora presidente responsabilizaba a WikiLeaks, terminaron por dinamitar las relaciones con su refugiado político. El 11 de abril de 2019, después de 2.426 días encerrado en la Embajada de Ecuador, el presidente del país latinoamericano hizo pública la retirada del asilo a Assange. Ese mismo día, las fuerzas de seguridad británicas sacaron al periodista a rastras del edificio y lo encerraron en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres.

El caso de Assange entraba así en una nueva fase, que ha impactado aún más en su salud mental y física, y que ha puesto en jaque el derecho a la libertad de prensa, tal y como ha señalado en varias ocasiones la organización Reporteros sin Fronteras.

Cinco años en Belmarsh (2019-2024)

Un mes después de la detención de Assange, el 23 de mayo de 2019, se hicieron públicos, por primera vez, los 18 delitos de los que se le acusaba en el país norteamericano: 17 de ellos estaban relacionados con violaciones a la ley de Espionaje y otro con un delito informático. La pena máxima de todos los delitos sumaban más de 170 años de prisión. Pero para poder juzgarlo por todos ellos, EEUU pedía a Reino Unido la extradición del periodista a su territorio.

El primer asalto por la extradición se jugó en District Judge de Londres, similar a un juzgado de paz en España. A finales de 2019, la defensa del periodista presentó ante este juzgado nueve puntos de argumentación por los cuales consideraban que Reino Unido no debía entregar a Assange a EEUU. Después de estudiarlos, el 4 de enero de 2021, la jueza encargada del caso, Vanessa Baraitser, denegó la extradición al tomar en consideración uno de ellos: el que versaba sobre el impacto que la extradición podría tener en la salud mental del periodista, y el elevado riesgo de suicidio que supondría.

En cambio, los otros ocho  argumentos fueron desde el inicio descartados por la jueza británica. Estos trataban sobre el peligro que suponía juzgar a una persona por sus opiniones políticas o por exponer la criminalidad de los Gobiernos de EEUU. También, por publicar información veraz. Esto, en opinión de la defensa, podría ser contrario a la libertad de expresión, derecho insignia del país norteamericano. Ello llevaba a pensar a sus abogados que no podría ser sometido a un juicio justo.

Baraitser solicitó a EEUU que diera garantías de que salvaguardarían la salud mental del preso. Washington apeló, y el 11 de agosto de 2021, la Justicia estadounidense hizo llegar a la británica un documento en el que EEUU se comprometía a velar por la salud mental y física de Assange. Cinco días después, el 16 de agosto, el juez Timothy Holroyde, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales daba por buenas estas argumentaciones y ponía de nuevo en marcha la extradición.

En Reino Unido, las extradiciones pasan por dos instancias: una judicial y otra política, cuyas conclusiones no tienen porqué coincidir. Superada la primera, el destino de Assange quedaba en manos del estamento político. Este es, en realidad, el que tiene la última palabra sobre la ejecución o no de una extradición. En junio de 2022, la entonces secretaria de Estado de Interior de Reino Unido, Priti Patel, dio luz verde a la extradición de Assange.

La última carta (2022-2024)

La decisión de Interior quedó congelada hasta el momento en el que se resolviera el recurso judicial presentado por los abogados de Assange ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, por los que volvieron a presentar ocho puntos de apelación inicialmente rechazados por Baraitser. Es decir, todos aquellos que no tenían que ver con la cuestión humanitaria –la salud mental de Assange– sino con la libertad de prensa, de expresión y de un juicio justo. En junio de 2023, el juez del Alto Tribunal, Jonathan Swift, los rechazó.

Los abogados de Assange trataron entonces de jugar su última carta en la jurisdicción británica. Esta consistía en recurrir la decisión del juez y solicitar a otros dos jueces de la misma instancia, el Tribunal Supremo de Reino Unido, que revisara nueve puntos de apelación. El 20 y 21 de febrero de 2024, la defensa del periodista volvió a presentar ante otros dos jueces de mismo tribunal, Victoria Sharp y Adam Johnson, los puntos de apelación.

El pasado 26 de marzo, los magistrados aceptaron estudiar en profundidad tres de los nueve puntos de argumentación para evitar la extradición de Assange. Estos eran la posibilidad de que se vulnerara la libertad de prensa, el hecho de que pudiera recibir un trato discriminatorio y el riesgo de que fuera condenado a muerte.

Se abrieron entonces dos posibilidades, con desarrollos igualmente largos. El primero, que la Justicia británica volviera a rechazar, esta vez definitivamente, la argumentación de la defensa. En ese caso, la extradición podría ser inminente. Ante esta posibilidad, su defensa sólo podía elevar la causa a instancias superiores: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También cabía la opción de que la Justicia británica finalmente aceptara estos argumentos y, tras un nuevo y largo proceso judicial, revocara la extradición.

La decisión de los magistrados debía hacerse pública el próximo 9 de julio, pero el acuerdo entre Julian Assange y Washington ha puesto definitivamente punto y final a la batalla legal en el territorio Europeo. En parte, este logro se debe al apoyo social que ha recibido su causa.

Encerrado en soledad durante 23 horas al día y con una sola para pasear y relacionarse con otros presos, Assange fue perdiendo la esperanza. Pero no la gente que le esperaba fuera. Su internamiento en esta institución penitenciaria supuso el empuje definitivo de la campaña Free Assange, que ha logrado tener representación en la mayoría de países europeos y americanos, además de Australia y Nueva Zelanda. A ella se ha sumado la presión diplomática sobre Londres, que se ha intensificado en los últimos estadios del proceso judicial. También sobre el longevo Gobierno del Partido Conservador, cuya imagen ha ido poco a poco deteriorando desde el Brexit.

Giro de guión: un acuerdo secreto acerca a Assange a casa

En la madrugada del 25 de junio, Assange ha salido, para siempre, de la celda que ha ocupado durante más de cinco años. El periodista ha llegado en secreto a un acuerdo con Washington, en el que asume haber infringido la ley de espionaje al obtener y publicar en WikiLeaks documentos clasificados de EEUU en 2010. A cambio, la Justicia estadounidense reducirá la pena de prisión de 10 años –la máxima por este delito– a cinco, que serán conmutados por los años que lleva el periodista en Belmarsh.

Assange cumplió su parte del pacto el 26 de junio de 2024 en las Islas Marianas del Norte, en el Océano Pacífico, al declarar –y declararse culpable– ante la jueza Ramona Manglona. Con ello, se ha sellado el pacto entre EEUU y Julian Assange, que permitirá al periodista volver a casa tras más de una década de encierro.

Que el caso Assange era la patata caliente que ni Washington ni Londres querían sostener era una de las muchas teorías que se han barajado en los últimos años. Esta hipótesis se hizo evidente cuando el pasado mes de marzo, el Wall Street Journal publicó que el Departamento de Justicia estaba barajando llegar a un acuerdo con el acusado por el cuál reduciría su pena a cambio de que admitiera su culpabilidad. A pesar de que Washington negó las negociaciones, estas se hicieron aún más obvias cuando Joe Biden, presidente de EEUU, afirmó en una rueda de prensa el pasado 10 de abril que su Ejecutivo estaba evaluando la posibilidad de poner fin a la causa contra el fundador de WikiLeaks. Dos meses después y por primera vez en los últimos seis años, Assange ha puesto un pie fuera del penal.

Queda la duda de cuál será el impacto de este caso en las futuras investigaciones periodísticas que se publiquen en EEUU, ya que, para lograr su libertad, Assange se ha visto obligado a aceptar parte de la argumentación de la Justicia estadounidense acerca de su implicación en la sustracción de la información confidencial. Al mismo tiempo, su liberación ha sido recibida por las asociaciones de periodistas y seguidores como el triunfo de la libertad de prensa y de expresión. También para sus allegados. "Las palabras no pueden expresar nuestra inmensa gratitud hacia vosotros. Sí, vosotros quienes os habéis movilizado durante años para hacer esto realidad", ha publicado Stella Assange, esposa del periodista y líder de la campaña Free Assange, en su cuenta de X. "GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS"