Puede resultar contradictorio hablar de tendencia a la baja cuando en 2021 se ejecutaron 579 condenas a muerte en el mundo, un 20% más que en 2020. Sin embargo, esta es la segunda cifra más baja desde 2010, según el recuento a nivel mundial que realiza cada año Amnistía Internacional (AI). Este número queda ya muy lejos de las 1.634 personas ejecutadas en 2015, la cifra más alta de los últimos 30 años.

La organización defensora de derechos humanos advierte, no obstante, de que el número de condenas ha aumentado un 40%, de 1.477 en 2020 a 2.052 como mínimo en 2021. Este aumento interanual de ejecuciones y el repunte de condenas lleva a AI a insistir en mantener los esfuerzos y la presión internacional para abolir este "castigo inhumano e innecesario", que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a no sufrir penas crueles, inhumanas o degradantes, recuerda la organización. Decapitación, ahorcamiento, inyección letal y ejecución con arma de fuego han sido los métodos para administrar la pena capital que la organización ha registrado en 2021.

Con todo, AI advierte de que las cifras no son completas y de que las ejecuciones reales son mucho mayores debido a la opacidad de varios pases. China, el mayor ejecutor del mundo, esconde estos datos como información clasificada bajo secreto de Estado, por lo que AI lleva años sin publicar los casos confirmados; aunque asegura que el gigante asiático ejecuta miles de penas capitales al año. Tampoco incluye el informe los datos de Vietnam y Corea del Norte debido al secretismo y la falta de información independiente.

Después de China, los países que más personas ejecutaron el pasado año son Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, que concentran el 80% del total mundial. En Irán fueron al menos 314 las personas ejecutadas en la horca. Es un aumento del 28% respecto al 2020 y el número más alto desde 2017, y la organización lo achaca al aumento de condenas por delitos relacionados con el tráfico de drogas (el 42%), mientras que el 51% de ejecutados fueron condenados por asesinato.

El caso de Irán es preocupante, ya que por regla general, los juicios son "manifiestamente injustos" y "utilizan como prueba confesiones obtenidas mediante tortura", advierte AI, que también señala que el 19% de las ejecuciones recayeron sobre miembro de la minoría baluchi, una etnia que representa el 5% de la población iraní.

Aunque en Egipto descendieron las ejecuciones un 22%, de 107 en 2020 a al menos 83 en 2021, el régimen del general Al Sisi es el tercer país en la lista de ejecutores y se consolida como el lugar con donde más condenas ha muerte se han impuesto el pasado año, con 356, un 34% más que las dictadas en 2020.

Ejecuciones disparadas en Arabia Saudí

Destaca el gran repunte de ejecuciones en Arabia Saudí, de 27 a 65, es decir, un 140% más que en 2020. Un aumento que se produce a pesar de que el país que alberga la Supercopa aprobó una suspensión de las ejecuciones por delitos de drogas y no se registró ninguna por este motivo en 2021.

AI ha documentado en el país juicios "manifiestamente injustos" basados en confesiones obtenidas bajo tortura, reclusión en aislamiento prolongado y sin defensa de abogados para los condenados. Uno de los casos es el del joven Mustafa al Darwish, de la minoría chií. Fue ejecutado el 15 de junio  tras su detención en 2015. Fue condenado en 2018 después de dos años encarcelado a la espera de juicio, seis meses en régimen de aislamiento e incomunicación y sin acceso a asistencia letrada. Denunció malos tratos, palizas y torturas hasta que confesó. Se le acusaba de participar en disturbios durante protestas sociales que el régimen consideraba "rebelión armada".

Avances en la abolición

Más de dos tercios de los países del mundo, un total de 144, ya han abolido la pena capital o bien de su ordenamiento jurídico o bien en la práctica, aunque se mantiene en 55 naciones. 

Entre los que avanzaron recientemente hacia el final de las ejecuciones el año pasado están Sierra Leona, cuyo Parlamento abolió por unanimidad la pena de muerte para todos delitos, o Kazajistán, que hizo lo propio en 2020 y en 2021 ya era una realidad. Papúa Nueva Guinea prepara una consulta nacional en ese sentido que dio lugar a un proyecto de ley en enero de 2022, aunque todavía no ha entrado en vigor.

El Gobierno de Estados Unidos introdujo en julio una moratoria temporal de las ejecuciones federales y el estado de Virginia se convirtió en el número 23 en abolir la pena de muerte en el país, siendo el primer estado sureño que lo hace. Aun así, se ejecutó a 11 personas el pasado año (un 35% menos), cuando estados como Misisipi u Oklahoma volvieron a aplicar la pena capital desde 2012 y 2015, respectivamente.