El Ejército de Sudán desmanteló este lunes a sangre y fuego la acampada opositora que desde hace dos meses desafiaba el poder de los militares con un asalto que se saldó con al menos treinta muertos y un centenar de heridos en el penúltimo día de Ramadán.

Los militares irrumpieron a tiros en la acampada a primera hora de la mañana mientras centenares de personas descansaban en el penúltimo día de ayuno, poco después de haber hecho el "suhur", la última comida antes del alba, en la explanada situada frente al cuartel general del Ejército en Jartum. La acampada, epicentro de la revolución que llevó al derrocamiento de Omar al Bashir el 11 de abril, fue destruida por completo por los militares, según denunció la oposición.

El escenario principal y las tiendas de lona donde los activistas y grupos políticos hacían mítines cada día en los últimos dos meses y donde los manifestantes comían, dormían o descansaban, fueron incendiados o destrozados. La junta militar argumentó que la intervención fue una acción dirigida contra "delincuentes" que se habían infiltrado en la acampada y, en un primer momento, aseguraron que los manifestantes podrían volver a la explanada. Pero en realidad, acordonaron la zona y montaron puestos de control fuertemente armados en todas las calles que conducen a la explanada, impidiendo el paso de cualquier persona.

También bloquearon las principales avenidas de Jartum con barricadas y cerraron los puentes que comunican con las ciudades al otro lado del Nilo, aislando la capital sudanesa. Asimismo, cortaron internet y suspendieron la emisión de todas las cadenas de radio, sumiendo a Jartum en un bloqueo casi total. Tras el desalojo, las calles de la capital quedaron vacías, por primera vez después de dos meses de protestas multitudinarias que se repetían a diario.

La junta militar había pedido insistentemente la disolución de la acampada opositora para retomar la normalidad en el país, pero los activistas se mantuvieron firmes.  Los manifestantes, que con su movilización consiguieron que la cúpula militar cesase a varios generales cercanos a Al Bashir, seguían presionando en las calles para que una autoridad civil asumiera el poder, en momentos de estancamiento de las negociaciones entre el Ejército y la oposición.

La tensión entre el Ejército y los opositores fue en aumento en los últimos días, cuando se registraron varios tiroteos con muertos en las calles cercanas a la acampada, en incidentes de los que los militares culparon a grupos interesados en crear caos que no fueron identificados.

El tiroteo de este lunes se produce después de que el presidente de la junta militar, Abdelfatah Burhan, realizara una gira por Emiratos Árabes Unidos y Egipto, en la que los líderes de esos países le manifestaron su apoyo para evitar el caos en Sudán. El vicepresidente de la junta militar, Mohamed Hamdan Daqlo, jefe de las fuerzas de Apoyo Rápido, señaladas por dirigir la represión violenta de hoy, fue recibido en Riad hace diez días por el polémico príncipe heredero, Mohamed bin Salman.

El asalto a la acampada es el episodio más violento desde el inicio de las protestas contra Al Bashir, que se remontan a diciembre pasado y en las que, en total, se ha registrado más de un centenar de muertos, según los datos del Comité Central de Médicos, sindicato opositor que ha participado activamente en el movimiento. Ese sindicato afirmó que más de treinta personas murieron este lunes y un centenar resultaron heridas por la represión violenta de la acampada. No obstante, advirtió de que es difícil contabilizar la cifra de víctimas mortales porque los militares han rodeado los hospitales.

Las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, plataforma que aglutina a la oposición, reaccionó al desalojo violento con la suspensión de las conversaciones con la junta militar y convocando a la población a salir a la calle en un movimiento de "desobediencia civil" y de "resistencia pacífica". El llamamiento de momento no ha sido secundado en las calles desiertas de Jartum.

Mientras tanto, en el exterior, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el uso de la fuerza por parte de los militares y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, rechazó la utilización de fuego real contra los manifestantes. También instituciones como la Unión Africana y países como Catar o Francia expresaron su rechazo a la actuación de los militares.