Las cuestiones energéticas se han convertido en el eje central de la política mundial. La guerra en Ucrania ha dejado en pausa buena parte de los planes de Europa para dejar de lado, lo más rápido posible, los combustibles fósiles. La dependencia que el continente tiene respecto a Rusia, que aporta el 26% del petróleo y el 41% del gas, ha difuminado las prioridades de Bruselas y dejado la transición energética en un segundo plano. La búsqueda de mercados de hidrocarburos alternativos a Moscú y la tarea de asegurar los suministros han pasado a un primer plano político. Este cambio, sin embargo, ha abierto la puerta a un riesgo de involución ambiental en el viejo continente, tal y como ha alertado este martes la sociedad civil en una carta abierta a la clase política europea.

La estrategia Task Force on Energy Security, una suerte de acuerdo comercial firmado por EEUU y Europa para intensificar los flujos de gas natural licuado (GNL) que llegan desde Norteamérica, es un ejemplo del cambio de paradigma. Biden enviará un 68% más de gas a través de metaneros con el fin de "reducir la dependencia de Europa de la energía rusa", según la Comisión Europea. No en vano, el viejo continente sigue importando combustibles fósiles de Rusia y financiado así la guerra de Putin con más de 41,8 millones de euros desde que comenzó el conflicto, según el recuento diario realizado por BankTrack.

Los flujos adicionales de GNL que llegan desde EEUU chocan directamente con los principios europeos. Y es que buena parte del suministro que llega en barcos metaneros procede de extracción por fracking o por fracturación hidráulica, una práctica polémica por su elevado impacto ambiental –y su elevado coste económico– que es rechazada en la UE y prohibida en algunos países como España, cuya Ley de Cambio Climático lo veda en territorio nacional.

Esta involución se vislumbra también a escala nacional. Algunos países como Italia son un fiel reflejo de cómo las consecuencias energéticas de la guerra han alterado todos los planes para dejar atrás los combustibles fósiles. El primer ministro transalpino, Mario Draghi, ha reanudado las políticas gasistas para intensificar las extracciones para aumentar la producción nacional y afrontar la dependencia rusa, tal y como informaba Il Foglio. Según este medio, el país prevee aumentar hasta en 3.000 millones de m³ las extracciones anuales con el fin de contener la escalada de precios. Todo ello, se une a los acuerdos alcanzados con Argelia para elevar un 50% las importaciones gasistas, 9.000 millones de m³ adicionales entre 2023 y 2024.

España y la ruptura de consensos

También en España se han roto algunos de los consensos que han llevado al Estado a convertirse en la locomotora de Europa en materia de transición energética. La baja dependencia del gas ruso –sólo importa un 10% del combustible desde Rusia, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES)– ha colocado al país en una posición aparentemente privilegiada y clave de cara a garantizar el suministro europeo. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, lo reconocía en una visita a España a principios del mes de marzo en la que, además de alabar el despliegue de las renovables en la península, destacó la situación estratégica para recibir GNL de otras partes del mundo.

En ese sentido, el Gobierno y Enagás han activado la reapertura de parte de la planta de El Musel, en Gijón, para utilizarla como infraestructura de almacenamiento de gas de cara al comercio con Europa. La guerra ha puesto en el foco las inversiones gasistas en un sistema que esta de por sí sobredimensionado. Tanto es así que, en los últimos 20 años, la tasa de utilización de la capacidad instalada de gas no ha alcanzado nunca el 50%, según los datos del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Además, la supuesta posición estratégica de España y Portugal han reabierto el debate en torno a la construcción del MidCat, el gasoducto que conecte la península ibérica con Francia a través de los Pirineos. Con este proyecto, que fue descartado en 2019 por España y por la Agencia de Energía de Francia, se busca tratar de garantizar el suministro europeo. Sin embargo, el debate no ha llegado a asentarse ya que la propia vicepresidenta para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, descartó apoyarlo a menos que fuera Bruselas o Francia quien lo financiaran.