Ha pasado más de una semana desde que Rusia inició su ofensiva sobre Ucrania. Las tropas avanzan con firmeza, tomando enclaves importantes del país mientras la comunidad internacional eleva las sanciones a Moscú. Las medidas que se han tomado desde la Unión Europea, sin embargo, no han hecho todavía que el músculo militar de Putin se resienta. Todo ello lleva a plantear cuestiones a cerca del modo en el que el Kremlin está financiando su máquina de guerra.

La respuesta no es sencilla. Pero la clave puede estar, una vez más, en los combustibles fósiles –cuya quema es la responsable del calentamiento acelerado del planeta– y el elevado peso que tiene este sector en la economía estatal. Tanto es así que cerca del 40% del presupuesto federal ruso proviene del petróleo y del gas, tal y como adelantaba The Guardian. Es decir, cuatro de cada diez rublos acumulados en las arcas provienen de los negocios de los hidrocarburos. Todo ello, sitúa a Moscú en una situación privilegiada de la que dependen numerosos Estados del mundo y de Europa, continente que tiene el 40% de su gas supeditado Rusia. 

A pesar de las numerosas sanciones impuestas desde Bruselas, se puede afirmar que Europa no ha saciado su apetito petrolero y gasista. Además, la actividad de los gasoductos parece seguir al margen de la guerra y Putin no parece plantear, al menos de momento, contratacar con un cierre de grifo. En parte, porque es consciente del peso que tiene este sector –y el petrolero– en una economía rusa maltrecha por las medidas de aislamiento de la Comisión Europea. Los hidrocarburos son, en una coyuntura como la actual, cruciales para sacar adelante al país, pero también para poder alimentar el elevado gasto militar de una invasión que parece haberse ralentizado con el paso de los días.

La agencia Bloomberg detalla que dos días antes de que iniciase la guerra, justo después de que Putin reconociese la independencia de los territorios ucranianos del Donbás –Donetsk y Lugansk–, la Unión Europea, Reino Unido y EEUU compraron 3,5 millones de barriles de petróleo y productos refinados por un valor de 350 millones de dólares. Los cálculos de la asesoría financiera estiman que ese día las transacciones de occidente con Moscú sumaron una cifra de 700 millones de dólares, incluyendo aquí la compra de gas natural, carbón y otras materias primas como aluminio o níquel. Esta cifra, que puede variar en función de los altibajos del mercado, se ha mantenido estable en los últimos meses previos a la guerra y se ha visto elevada en la última semana debido a la escalada de precios.

El caso del gas es llamativo, ya que representa casi la mitad del abastecimiento del viejo continente. Los gasoductos –la mayoría atraviesan Ucrania hasta Polonia, Eslovaquia, Hungría o Rumanía–siguen enviando flujos y los precios se han disparado. El 1 de enero de 2022 el precio que la UE pagó por las importaciones gasistas de rusia estaba en los 190 millones de euros. El 3 de marzo, con la guerra avanzada, el desembolso europeo por este combustible estaba en los 660 millones de euros, según los datos publicados este viernes por Bruegel, un Think Tank europeo especializado en asuntos económicos. Este alza no tiene que ver tanto con un incremento de las compras como con el precio disparado del gas, que se elevó cerca de un 30% el mismo día que Rusia cruzó la frontera ucraniana.

En este punto, hay empresas concretas –gigantes petroleros de países que buscan presionar a Putin– que prosiguen sus negocios en Rusia. La norteamericana ExxonMobil tiene, a través de una subsidiaria (Exxon Neftegas Limited), una participación del 30% del Sakhalin-1, un proyecto petrolero y gasista ubicado junto a la isla de Sakhalin que, según CNN, ha generado ya 18.300 millones de dólares en pagos directos a los fondos federarles y regionales del país y en el que participa también Rosneft, empresa petrolera del Gobierno ruso.

La angloholandesa Shell también tiene negocios importantes en territorio ruso y posee el 27,5% de las participaciones del proyecto Sakhalin-II, controlado en su mayoría por Gazprom. BP, por su parte, se autoproclama como "uno de los mayores inversores extranjeros en Rusia" en su página web, en tanto que posee una participación del 19% en Rosneft, lo que le da derecho a disponer de dos directores en su junta ejecutiva. 

¿Cortar de raíz?

Si bien los suministros de España gozan de cierta independencia de Rusia –país que envía el 4,6 % del petróleo importado y el 9,8% del gas–, algunos Estados de la UE tienen un mayor grado de dependencia y, por consiguiente, de vulnerabilidad. Alemania, el motor económico del viejo continente, consume un 55% de su gas de origen ruso. Austria depende un 60% de Moscú en esta materia y otros países como República Checa, Moldavia, Eslovaquia o Hungría superan una dependencia del 90%. 

Extender las sanciones hacia los combustibles fósiles, el pulmón económico de Rusia, podría hacer tambalear la economía del Kremlin y estrechar las reservas con las que se financia la guerra de Ucrania. Sin embargo, esta medida también podría traer grandes problemas a corto plazo para los propios países de la UE. "Estas tecnologías no puede ser suplantadas fácilmente por otros proveedores", dijo este jueves la comisaria europea de Energía, Kadri Simson. 

Europa sólo podría hacer frente, con las tecnologías energéticas disponibles actualmente, a un cierre parcial del suministro ruso y para ello se debería garantizar un incremento de las importaciones por barco de otros proveedores como EEUU, tal y como informan fuentes de Bruselas a la agencia Reuters. En el caso de que hubiera un corte total y prolongado, los Estados deberían desarrollar medidas de emergencia basadas en la reducción de la demanda o el cierre de industrias.

No en vano, Europa sí dispone de opciones para dar la espalda a Rusia y sancionar su economía fósil en esta coyuntura de guerra. Al menos los Estados europeos incluidos en la Agencia Internacional de Energía (AIE) disponen de reservas de petróleo para poder funcionar durante tres meses, 90 días, y algunos de ellos tienen las reservas por encima de ese nivel.

Esta opción es la que se está empezando a plantear desde la Sociedad Civil. Tanto es así que más de 25 ONG europeas han hecho un llamamiento público este viernes para que los dirigentes de la UE extiendan las sanciones al sector de los combustibles fósiles y presionen económicamente a Moscú para parar la guerra. Las organizaciones denuncian, además, cómo la dependencia de los combustibles fósiles siempre subyace en el fondo de los conflictos bélicos y reclaman a Bruselas que acelere los planes de descarbonización, elimine el etiquetado verde del gas y fomente el despliegue de renovables para impedir que estas situaciones vuelvan a repetirse en el futuro.

"Los objetivos climáticos de la UE implican reducir el consumo de gas en más de un tercio en la próxima década, con el 75% de las exportaciones de gas de Rusia dirigiéndose a Europa, acelerando el despliegue de energía eólica y solar local barata, y aislar y renovar nuestros hogares ya no es solo un imperativo climático, sino un paso esencial para garantizar nuestra seguridad energética. La crisis actual ha demostrado que el Pacto Verde de la UE es más que un paquete climático, también es una necesidad geopolítica que puede comenzar a poner fin a la dependencia de Europa de los combustibles fósiles importados", argumenta Laurence Tubiana, presidenta de la Fundación Europea del Clima (ECF).