España estalla ante el problema de la vivienda y el poco alcance de las medidas políticas

"Este 5 de abril volvimos a hacer historia; salimos cientos de miles de personas a la calle en más de 40 ciudades con un mensaje contundente: a los rentistas culpables y a los gobiernos responsables, aquí está el poder inquilino". El movimiento por la vivienda lo tiene claro. Los políticos han agotado su tiempo; al menos, así lo consideran los cientos de miles de personas que se han manifestado este sábado para "acabar con el negocio de la vivienda" y pedir una bajada inmediata de los alquileres. "Este debe ser el primer día de una nueva ola de protestas: cuando nos organizamos, somos indesahuciables", ha advertido Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Los manifestantes han exigido además contratos indefinidos, para no tener que abandonar "nuestros barrios, nuestras casas, incluso nuestras ciudades cada cinco o siete años". La ilegalización de las empresas de desokupación, la recuperación de "toda la vivienda secuestrada" y la prohibición de los desahucios de familias vulnerables también figuraban entre sus reivindicaciones. "Este es el fin del negocio de la vivienda. Empieza una sociedad mejor, sin rentismo, sin esta estructura parasitaria que devora nuestros salarios y nuestros recursos", han insistido desde el activismo.

La de este sábado ha sido la primera "gran" concentración estatal por el derecho a la vivienda en lo que va de siglo; sigue la estela de las protestas que arrancaron el pasado otoño en buena parte de las capitales de provincia. Málaga ha inaugurado la jornada al grito de "la ciudad no se vende, se defiende". Madrid, Sevilla, Granada, Cádiz, Jerez, Almería, Tarifa y El Puerto de Santa María han tomado las calles a partir de las 12.00. A la misma hora han partido los vecinos de A Coruña, Santiago, Gijón, Santander, Donostia, Logroño, Salamanca, Valladolid, Burgos, Palma, Ibiza, Guadalajara, Cuenca, Murcia, Cáceres, Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria y Fuerteventura. Las últimas manifestaciones se han celebrado a media tarde en Barcelona, València, Zaragoza, Ourense y Vigo. 

"Si los gobiernos no se plantan ante el poder inmobiliario, la crisis de la vivienda se los llevará por delante", han advertido desde el Sindicat de Llogateres de Catalunya. Las organizaciones sociales consideran que pese a las movilizaciones de los últimos meses, la situación ha ido a peor, por eso no van a "hacer más peticiones a ningún partido político", todo lo contrario, han decidido apostar por la "fuerza colectiva" y tienen claro por dónde pasa su estrategia: la huelga de alquileres.

La ministra dice que "comparte" el diagnóstico 

España cerró el año con 27.564 desahucios. El dato es estremecedor: más de setenta familias perdieron sus casas –de media– cada día. La Ley de Vivienda no se aplica y tenemos uno de los parques de vivienda pública más pobres de Europa. El fraude con los alquileres está al orden del día. Madrid tiene 15.000 pisos turísticos que funcionan de manera ilegal; Málaga, 43.000 negocios de este tipo que operan sin licencia. El Eixample de Barcelona tiene otras 160 casas Orsola amenazadas por la especulación, según datos de las asociaciones vecinales. Y en València, cada vez más bajos comerciales son "sustituidos por apartamentos, cadenas y locales" pensados para los "guiris".

Santiago de Compostela sólo cuenta con 20 pisos disponibles para alquilar una habitación a un precio "asequible". Ni más ni menos. La capital gallega tiene este mes, sin embargo, un centenar de plazas que esperan la llegada de sus respectivos turistas en Airbnb. En Balears, la población local y los trabajadores son expulsados de los barrios y buscan alternativas en sus propios vehículos o autocaravanas. Y en el archipiélago canario, las "favelas" han vuelto a extenderse por los barrancos de cada una de las islas. Todo ello mientras el número de turistas marca "récord absoluto". ¿Cuándo va a estallar este modelo de negocio? ¿Dónde está el límite?

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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reconocido que comprende parte de las peticiones, pero mira al resto de las administraciones y pide su colaboración para resolver el problema. "Muchas personas han salido a las calles para reclamar algo que comparto: las viviendas deben ser para vivir y no para especular. Sólo lo lograremos si todas las administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado) nos comprometemos por igual", ha escrito en X. La socialista ha recordado que el Gobierno aprobó recientemente un paquete de medidas para fortalecer el parque público de vivienda y "combatir el fraude de los alquileres de temporada". "Las soluciones estructurales requieren de tiempo", ha insistido. 

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Los movimientos sociales, no obstante, consideran que las medidas adoptadas "apenas van a tener impacto" y piden escuchar el clamor popular. "Los responsables políticos han adoptado nuevos discursos para dar respuesta al rechazo generalizado de la población, pero no han escuchado las demandas del movimiento por la vivienda; no han hecho ningún tipo de cambio legislativo para abordar la situación límite del problema habitacional", consideran desde el Sindicat de Llogateres. El CIS de marzo ha vuelto a situar la vivienda como la gran preocupación de los españoles por cuarto barómetro consecutivo. Es cierto que el dato ha sido casi seis puntos más bajo que en febrero. 

Es importante recordar que los distintos partidos políticos no han conseguido de momento canalizar el descontento social. Las fuerzas con representación en el Congreso coinciden al reconocer que existe un problema, pero difieren en cuanto a las soluciones. El PP rechaza intervenir el mercado y apuesta por volver al ladrillo y combatir la okupación. El PSOE aboga por declarar zonas tensionadas y "regular" los precios, cosa que con la actual legislación queda en manos de los populares. Los representantes de ambas formaciones y las izquierdas nacionalistas descartan la posibilidad de un hipotético Pacto de Estado, tal y como ha recogido Público en este artículo.

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Madrid ha tenido una de las marchas más numerosas, pero no la única. La capital ha movilizado a más de 100.000 personas, según el Sindicato de Inquilinas. "La bajada de los alquileres no es un capricho, es una necesidad. Si no los bajan ellos [los gobiernos], los bajaremos nosotras", ha defendido durante la lectura del manifiesto Valeria Racu. La Delegación de Gobierno ha rebajado el número de asistentes hasta los 15.000. Barcelona ha reunido a 100.000 vecinos y activistas –12.000, según la Guardia Urbana–. En València, las autoridades cifran la convocatoria en los 4.000.

Los malagueños han tomado las calles por tercera vez en menos de un año para recordar tanto a las instituciones como al sector turístico que "la ciudad no se vende, se defiende". La marcha ha seguido un recorrido de casi tres kilómetros y ha congregado a 30.000 personas, según los organizadores. La Subdelegación del Gobierno habla, sin embargo, de 5.000. Sevilla, Granada, Cádiz y Almería también han salido a protestar contra las políticas del Gobierno de Moreno Bonilla y la especulación.

En Las Palmas de Gran Canaria, cientos de manifestantes han reivindicado el derecho a una vivienda digna y han pedido la paralización de los desahucios de familias vulnerables. "Las islas tienen 211.000 viviendas vacías que están cerradas, que pertenecen la gran mayoría a la Sareb y a otros grandes tenedores", han señalado los convocantes, que también han puesto el foco en la "gentrificación" que sufre el archipiélago. La marcha ha reunido a cerca de mil personas en Santiago de Compostela, donde los vecinos han exigido regular los precios y limitar el número de pisos turísticos. "Esto no termina aquí, vamos a continuar hasta que se escuchen nuestras demandas", han subrayado desde la Plataforma Galega Vivenda Xa. 

Logroño ha movilizado a 2.000 personas y Santander a medio millar. Donostia ha recorrido el Boulevard entre gritos de "Rentistas y empresarios se llevan mi salario" y "Nativa o extranjera, la misma clase obrera". La portavoz del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskadi, Carla Pisano, ha lamentado que los partidos políticos estén "aprovechando este contexto para legitimar una serie medidas que no vienen a solucionar el problema de la vivienda, sino a financiar aún más el negocio inmobiliario". Gijón, Burgos, Salamanca y Valladolid también han pedido este sábado que "la vivienda deje de ser un negocio".

Palma de Mallorca ha tenido otra de las convocatorias más concurridas, con 3.500 personas según la Delegación del Gobierno y 10.000 según los organizadores. El portavoz del Sindicat d'Habitatge, Miquel Durán, ha declarado que los mallorquines quieren "vivir en la isla" y ha criticado un "modelo de vida" en el que "la vivienda es un bien de mercado con el que especular, no un derecho para todos". Los movimientos sociales de todo el país han confirmado que este es "el primer paso" de una nueva ola de movilizaciones: "El Gobierno ha demostrado que no está dispuesto a tomar medidas para mejorar la vida de las inquilinas, todo lo podemos conseguir –lo estamos consiguiendo– a través de la desobediencia civil organizada".