Israel crea un organismo para expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza
El organismo estará dirigido por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, a pesar de que la ONU afirma que "toda deportación de territorio ocupado está prohibida".

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El gabinete de seguridad israelí aprobó la madrugada del domingo el establecimiento de la dirección de migración, organismo que gestionará la "transferencia voluntaria" de los residentes de la Franja de Gaza a un tercer país, informó en un comunicado el Ministerio de Defensa, recogido por la prensa local.
Este nuevo organismo estará dirigido por el ministro de Defensa, Israel Katz, el cual se encargará de "preparar y facilitar el tránsito seguro y controlado de los residentes de Gaza para su salida voluntaria a tercero países", dice la nota.
Esto incluye, agrega la nota, "asegurar su movimiento, establecer una ruta de tráfico" y "coordinar la infraestructura que permita el tránsito por tierra, mar y aire a los países de destino".
"Estamos trabajando con todos los medios para implementar la visión del presidente estadounidense y permitiremos que cualquier residente de Gaza que quiera mudarse a un tercer Estado lo haga", afirmó Katz.
Estamos trabajando con todos los medios para implementar la visión del presidente estadounidense
A principios de febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció su intención de tomar el control de la Franja de Gaza para reconstruirla y convertirla en la nueva "Riviera de Oriente Medio" provocando la expulsión de más de dos millones de gazatíes a países como Egipto y Jordania, los cuales se han opuesto radicalmente a aceptarlos.
De hecho, la cumbre extraordinaria de líderes de la Liga Árabe, celebrada recientemente, aprobó un plan de Egipto para la reconstrucción de Gaza por un periodo de cinco años, sin la expulsión de su población y con un coste de alrededor 53.000 millones de dólares que ya ha sido respaldado por países como Alemania y Reino Unido.
El titular de Defensa sostiene que este nueva dirección de migración está "sujeta al derecho israelí e internacional", pese a que la ONU ha advertido, en numerosas ocasiones, de que "toda deportación de territorio ocupado está prohibida".
Con la reanudación de los bombardeos israelíes contra la Franja, el Ejército israelí, tal y como hizo anteriormente, está volviendo a imponer desplazamientos forzosos a la población palestina, especialmente a la que regresó al norte tras la llegada del alto el fuego, el pasado 19 de enero.
La UE y los países árabes rechazan cualquier intento de desplazar a los palestinos de Gaza
El comité ministerial designado por la cumbre árabe e islámica extraordinaria sobre Gaza celebró este domingo una reunión en El Cairo en el que reiteró su rechazo "categórico" a cualquier intento de desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania.
Reiteró su rechazo "categórico" a cualquier intento de desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania.
En su comunicado final tras la reunión en la que participó la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Kaja Kallas, el comité manifestó su "profunda preocupación" por el colapso del alto el fuego en Gaza y el aumento del número de víctimas civiles.
Al mismo tiempo, instó a la "plena aplicación" del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, que incluye un intercambio de prisioneros y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, con el fin de restablecer la calma y aliviar el sufrimiento de la población palestina.
Además, hizo un llamado al levantamiento de "todas las restricciones" a la ayuda humanitaria y la reactivación de servicios esenciales, como el suministro de electricidad y la desalinización del agua, alertando de una posible "catástrofe humanitaria" si las limitaciones persisten.
Las partes, además, valoraron el plan de recuperación y reconstrucción árabe presentado en la cumbre de El Cairo. "Este consenso internacional refleja un compromiso compartido para la reconstrucción de Gaza y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes", agregó la nota.
En este contexto, los participantes afirmaron que dicho plan garantiza la presencia continua del pueblo palestino en su tierra y rechazaron cualquier traslado o expulsión, así como el intento de anexión de territorio o cualquier medida unilateral destinada a cambiar el statu quo jurídico e histórico en los lugares sagrados de Jerusalén.
Asimismo, señalaron que Israel, "como potencia ocupante", debe proteger a los civiles y respetar el derecho internacional humanitario.
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