Un juzgado ha condenado en Perú a diez militares a penas de entre seis y 12 años de prisión por la violación sexual a nueve mujeres –la mayoría adolescentes– en dos comunidades andinas y quechua-hablantes, como parte de la estrategia para atemorizar a los civiles en la guerra contra el grupo terrorista Sendero Luminoso entre 1984 y 1995. Una de las víctimas expresó a Público su disconformidad con la sentencia, pues la Fiscalía había pedido 18 y 20 años de prisión para los acusados.

"Me siento muy mal: es muy poco la condena, no es lo que esperábamos. 20 años hemos luchado dejando de trabajar y de educar a nuestros hijos, andando por aquí y por allá para conseguir la justicia. Lastimosamente en el Perú no hay justicia buena, las autoridades no nos dan importancia a la gente indígena", manifestó M. Ch., quien en los años 80 vivía en la comunidad de Manta, en el centro oeste del país, donde el Ejército disponía de un cuartel.

Entre 1980 y 2000, Perú vivió un período de violencia que dejó más de 69.000 víctimas civiles, el 75% quechua-hablantes. La organización maoísta Sendero Luminoso pretendía tomar el poder y los cuatro gobiernos civiles delegaron a los militares el combate contra la subversión. La organización terrorista fue responsable del 54% de las muertes, y las fuerzas del orden, del 27%.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presentado en 2003 y citado en la sentencia, la región Ayacucho sufrió el mayor número de víctimas de violaciones sexuales, seguida por la región Huancavelica; además, el 83% de los actos de violencia sexual eran imputables al Estado.

El primer juicio a militares por las violaciones sexuales en los distritos de Manta y Vilca –ambos pertenecientes a Huancavelica– empezó en 2016 y fue anulado dos años después debido a que la presidenta del juzgado estaba investigada por ser parte de una red de corrupción del sistema de justicia, siendo además separados del caso tres magistrados por falta de imparcialidad.

En aquellas audiencias les negaron a las víctimas un intérprete de la variedad de quechua que ellas hablan, y las obligaron a dar testimonio delante de sus agresores. El segundo proceso judicial empezó en 2019, aunque esta vez con un enfoque de género, igualdad y no discriminación. Pese a que en ese segundo juicio las víctimas no fueron expuestas a agravios en las audiencias, la condena es tardía, con penas bajas, y los sentenciados están prófugos. "Quisiera pedirle a los fiscales, a los jueces, que mejoren para la humanidad, que otros procesos que vienen sean mejor que lo que nosotras hemos pasado", añadió M. Ch.

Los sentenciados

Los jueces condenaron a los militares por delitos contra las buenas costumbres, la libertad sexual y el honor sexual, considerados crímenes de lesa humanidad porque actuaron en su condición de autoridad del Estado –como miembros del Ejército– y usando recursos del Estado para el amedrentamiento y como mecanismo disuasorio para denunciar abusos.

Algunas violaciones sexuales las cometieron grupalmente en el cuartel de Manta, obligando a las menores de edad a beber alcohol hasta que perdían el conocimiento y sus agresores abusaban de ellas. En otros casos retenían a las mujeres en la dependencia militar cuando iban a preguntar por sus hermanos o padres injustamente detenidos, era entonces cuando aprovechaban para insultarlas llamándolas "terroristas", amenazarlas con no dejarlas salir del cuartel si no delataban a alguien o violarlas.

La sentencia detalla que durante los años en que los militares cometieron las violaciones sexuales no hubo presencia de Sendero Luminoso en Manta y Vilca. Los magistrados hicieron una inspección de la instalación militar como parte de las diligencias del juicio y señalaron que los testimonios de las víctimas concuerdan con las características y la disposición de los ambientes que observaron en su visita.

Los jueces rebatieron los planteamientos del procurador del Estado, que indicaba que el Ejército no podía ser conocedor de "actos sexuales abusivos" aislados de la tropa en lugares tan alejados como Manta y Vilca. La sentencia sostiene que durante los años del conflicto armado interno, a la población civil le era imposible denunciar o reclamar "sus derechos conculcados", y las adolescentes en Manta no estaban en posibilidad de dar su consentimiento "libre y voluntario" para tener relaciones sexuales con los soldados.

La Primera Sala Penal Liquidadora Transitoria condenó a Sabino Valentín Rutti a 12 años de prisión como autor directo del delito contra las buenas costumbres, contra la libertad y el honor sexual; y por los mismos delitos impuso diez años a Rufino Rivera, Vicente Yance, Epifanio Quiñones, Amador Gutierrez, Raúl Pinto, Arturo Simarra y Lorenzo Inga como autores directos o cómplices primarios. Asimismo, dictó ocho años de cárcel para Martín Sierra Gabriel y seis para Pedro Pérez López.

Los magistrados ordenaron que los sentenciados paguen –junto con el Estado– una reparación civil de 100.000 soles –unos 24.300 euros– a cada una de las nueve víctimas, aunque una de ellas, Marilia, falleció en abril esperando justicia. Este fue otro de los motivos de decepción por parte de las víctimas, dado que algunas sufrieron secuelas mayores; bien porque fueron víctimas de más de una violación o de violaciones grupales, bien porque dieron a luz un hijo producto de la violación y no podían aceptarlo.

El tribunal dejó pendiente el proceso contra los acusados Julio Meza, Edwin Carrasco y Diomedes Gutierrez por su condición de reos contumaces.

"Las mujeres decían la verdad"

La abogada Cynthia Silvia de la ONG Demus refirió a Público que ella y sus colegas que defendieron a las víctimas de Manta y Vilca estaban de acuerdo con los argumentos de la sentencia, pero no con las penas. "Hay un reconocimiento de que los delitos se cometieron, estamos de acuerdo con los fundamentos del daño ocasionado a las víctimas pero no con la reducción de las penas que pidió la fiscalía ni con la reparación civil, pues no refleja la gravedad del daño ocasionado", explicó a la salida de la audiencia.

El Congreso, dominado por bancadas de derecha y de ultraderecha integradas por militares en retiro y exministros del régimen del autócrata Alberto Fujimori, tiene pendiente la aprobación de una ley de amnistía para responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2003, una norma que podría beneficiar –en un nuevo juicio en curso– al padre de Keiko Fujimori, además de militares o condenados por terrorismo.

"Estos hechos se califican como lesa humanidad y no pueden eludir la justicia. Esperamos que ningún recurso que pretenda interponer la defensa de los acusados, o pretenda plantear el Congreso, alargue ni un día más los 40 años que han esperado las víctimas", agregó la abogada Silva, en alusión al proyecto de ley de amnistía propuesto por un parlamentario del partido fujimorista Fuerza Popular. "Hoy es el día de la eliminación de la violencia sexual en los conflictos armados, es histórico que una sentencia como esta se dé y reconozca que las mujeres no mintieron, sino que han dicho la verdad durante más de 20 años", acotó la abogada de Demus.

Escenario adverso

Perú ha desacatado en diciembre una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al excarcelar a Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. El régimen autoritario cuyo rostro es la presidenta Dina Boluarte, en realidad es operado por fujimoristas en el Ejecutivo y en el Parlamento. Boluarte afronta cinco investigaciones fiscales, por corrupción en funciones y por asesinatos en las protestas de 2022 y 2023, pero mientras los congresistas quieren legislar a favor de sus intereses, la gobernante no renuncia y el Congreso no busca su cese, a diferencia de lo que hizo con los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. La mandataria tiene un 5% de aprobación según las encuestas, y el parlamento, 6%.

La sentencia del caso Manta y Vilca se abre paso en un contexto contrario a los derechos humanos. Además del proyecto de ley de amnistía, otra iniciativa de ley pretende cerrar las ONG de derechos humanos, de derechos reproductivos y de medio ambiente, con fórmulas similares a las que aplicaron los gobiernos de Nicaragua y Venezuela para eliminar a opositores o disidencias: acusarlas de "activismo político".

Pero el régimen ha avanzado en su proyecto antiderechos: la semana pasada, el Congreso aprobó una ley que impide a los cineastas postular a fondos del Ministerio de Cultura si sus proyectos de producción contravienen la "política de seguridad y la defensa nacional, la Constitución y el ordenamiento jurídico". El debate de dicha norma estuvo precedido por críticas de los parlamentarios a filmes peruanos que abordan el período 1980-2000 y la violencia cometida por las fuerzas de seguridad, no solo por los terroristas.

"En los últimos meses, en el Perú, el Congreso ha impulsado una serie de iniciativas legislativas que podrían socavar la independencia judicial y electoral, revertir importantes avances en materia de justicia tradicional y de participación política de las mujeres, y restringir la libertad de asociación y expresión", planteó el martes, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el alto comisionado para los derechos humanos Volker Türk. El representante de la ONU se ha sumado a 16 embajadas y al sistema de justicia interamericano, que han expresado su preocupación ante la arremetida dictatorial en el país andino.