Los derechos reproductivos de las mujeres en Brasil están en peligro. Centenares de ciudadanas salieron este jueves a las calles de São Paulo para protestar contra un proyecto de ley que pretende considerar el aborto a partir de la semana 22 de gestación como un "homicidio simple", tipificado en el país con penas de seis a 20 años de cárcel.

La propuesta viene de los evangélicos y se han sumado los ruralistas y los defensores de las armas, una tríada conservadora que se conoce como la Bancada BBB (Biblia, buey y bala, respectivamente). Este frente ultraderechista cuenta con mayoría en la Cámara de los Diputados, mientras que los del presidente Lula da Silva y sus aliados se encuentran en minoría.

El aborto en Brasil es legal en los siguientes casos: violación, riesgo de muerte para la madre o anencefalia del feto –cuando no ha desarrollado el cerebro–. La normativa actual no contempla un plazo máximo para hacer uso de este derecho.

Si el proyecto legislativo sale adelante, las supervivientes de violaciones que interrumpan el embarazo tras la semana 22 pueden enfrentarse a castigos de prisión que duplican los de sus violadores, ya que las agresiones sexuales tienen una pena máxima de 12 años de cárcel.

En São Paulo, la concentración recorrió la Avenida Paulista, una de las principales arterias de la mayor ciudad de Brasil, entre gritos contra el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira. Las manifestantes portaron carteles como "Si los hombres se quedaran embarazados, el aborto sería legal" o "aborto legal ya", entre otras proclamas a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

En Río de Janeiro, centenares de mujeres también se reunieron para protestar frente a la Cámara Municipal de la capital fluminense. Un grupo de manifestantes llevó a la concentración flores y un ataúd pequeño en señal de luto.

Indignación en el Parlamento brasileño

El diputado Sóstenes Cavalcante presentó la propuesta este miércoles ante la Cámara de Diputados. Cavalcante pertenece al Partido Liberal (PL), que lidera el ultraderechista Jair Bolsonaro. El proyecto, que consiste en una modificación del Código Civil, se debatirá con carácter de urgencia. Esto permitirá tramitarlo con más celeridad y llegue directamente al pleno de los diputados.

La propuesta también ha generado una ola de protestas de los grupos progresistas que respaldan al Gobierno de Da Silva. El ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, calificó la propuesta de "inmoralidad e inversión de los valores más básicos de la civilización".

El ministro también consideró un "descalabro" y una "provocación" que las cámaras legislativas discutan si "una mujer violada y el violador tienen el mismo valor para el derecho, o peor aún, que el violador puede ser considerado menos delincuente que la mujer violada".

Finalmente concluyó que el proyecto es "claramente inconstitucional" porque "hiere el principio de la dignidad de la persona humana y somete a la mujer violada a una indignidad inaceptable y discriminatoria".

La medida contradice a la Corte Suprema de Brasil

El proyecto también va en contra de una reciente decisión de un magistrado de la Corte Suprema, que suspendió de forma cautelar una resolución del Consejo Federal de Medicina que prohibía la asistolia fetal, una técnica usada para interrumpir un embarazo en gestantes de más de 22 semanas, en casos de violación.

En su decisión, el magistrado Alexandre de Moraes aclaró que, en los casos de violación, "la legislación brasileña no establece expresamente ningún tipo de limitación circunstancial, procedimental o temporal para la realización del llamado aborto legal".