La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes que ve "motivos razonables" para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. 

En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 la misión de la ONU acusa a las fuerzas de seguridad y a grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género. 

La ONU afirma que las fuerzas de seguridad venezolanas estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

El organismo internacional también asegura que "las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia".

Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que "incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad", la Asamblea Nacional, "instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático", o el sistema de justicia, que "siguió operando con falta de independencia".

Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Gobierno de venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión "se amplió de manera significativa" en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.

En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por "ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades", indica el informe.

La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.