Nuevo volantazo del juez Santiago Pedraz en la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Carmelo Ovono, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial y secretario de Estado de Presidencia, y otros dos altos cargos del Gobierno del país africano, por el presunto secuestro y torturas de cuatro miembros de la oposición que residían en España, dos de ellos de nacionalidad española. El pasado lunes 8 de enero, el juez cedió la jurisdicción del caso a Guinea Ecuatorial, algo que las autoridades del país africano reclamaban desde hace meses.

Esto significa el fin de la investigación en España y tira por la borda una investigación judicial de más de tres años en la que se han encontrado indicios de la existencia de una red de vigilancia, persecución y secuestros de la oposición del Gobierno de Obiang en España y otros países europeos.

La cesión de la investigación a manos ecuatoguineanas responde a la solicitud hecha por la Justicia de este país en abril de 2023 y en la que la acusación vio una estrategia de las autoridades de Guinea Ecuatorial para poner fin a la investigación en España contra uno de los intocables del país africano: nada menos que el hijo de Teodoro Obiang, presidente del país desde hace más de 44 años. La cesión llega, además, cuatro meses después de que los acusados cambiaran su defensa y contrataran al que fuera juez de la Audiencia Nacional española, Javier Gómez Bermúdez.

El inicio de la investigación en 2020 impidió a los acusados acceder a sus muchos –y lujosos– bienes en España, territorio que ninguno de ellos ha vuelto a pisar desde que la Policía Nacional notificara en diciembre de 2021 a Carmelo Ovono la querella criminal que había presentado el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial II República (MLGE3R) contra él y otros miembros del Gobierno ecuatoguineano –Nicolás Obama e Isaac Nguema– por el presunto secuestro y torturas de cuatro de sus militantes en España.

Ellos eran Feliciano Efa y Julio Obama, de nacionalidad española, y los ecuatoguineanos Martín Obiang y Bienvenido Ndong. Todos ellos residían en nuestro país, donde se habían exiliado después de ser acusados por el Gobierno de Guinea Ecuatorial de participar en el golpe de Estado acaecido en 2017. Según las investigaciones policiales, los cuatro fueron secuestrados en Juba (Sudán del Sur), desde dónde fueron conducidos en el avión presidencial de Obiang hasta Guinea Ecuatorial. Allí fueron juzgados y condenados a penas de hasta 90 años.

La acusación también vio en los hechos la comisión de un delito de lesa humanidad, debido a los numerosos indicios de torturas y privación de derechos humanos hacia los secuestrados en el país africano. De hecho, la acusación sospecha que fueron las pésimas condiciones de vida de los secuestrados en la prisión de Guinea Ecuatorial lo que llevaron a la muerte de uno de ellos, Julio Obama en enero de 2023. Desde entonces, las autoridades ecuatoguineanas han hecho oídos sordos a las solicitudes del juez de la Audiencia Nacional de repatriar el cuerpo del español.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal español pidió al juez del caso una orden de busca y captura de los acusados, que Pedraz dejó en el aire hasta que se resolviera la disputa territorial del caso. Ahora, la potestad pasa a manos de la justicia de Guinea Ecuatorial, o lo que es lo mismo, de Teodoro Obiang, quien según la Constitución del país también controla el estamento judicial.

Voluntad y capacidad

Guinea Ecuatorial es uno de los países africanos con menor garantía judicial según el ránking Rule of Law Index elaborado por el 'World Justice Project', que en su edición de 2020 situó a Guinea Ecuatorial en el puesto 124 de 126 países. La razón principal es la dependencia del poder judicial del político. Un fenómeno que, según las pruebas aportadas por la acusación y a las que ha tenido acceso Público, dan lugar a simulacros de justicia, en los que el sistema judicial parece ponerse al servicio de los intereses de la familia Obiang.

Así lo ha asegurado en repetidas ocasiones Juan Carlos Ondo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial y ahora líder de la oposición en el exilio. Ante la reclamación de Guinea Ecuatorial de la jurisdicción del caso que instruye Pedraz, Ondo presentó un escrito en la Audiencia Nacional en el que aseguró que esta es una estrategia recurrente del régimen de Obiang para evitar que personalidades del Gobierno sean juzgadas por sus delitos que cometen en el exterior. De hecho, fue la misma que utilizaron para tratar de boicotear la investigación contra el también hijo del presidente, Teodoro Nguema, –alias Teodorín–, en Francia por corrupción, blanqueo de capitales y malversación de fondos.

En un escrito firmado por Juan Carlos Ondo, al que ha tenido acceso Público, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia entonces en el cargo, comunicaba a Teodoro Obiang que, en cumplimiento de su voluntad, había abierto unas diligencias falsas contra su hijo en el país africano en junio de 2017, con el fin de reclamar para la jurisdicción ecuatoguineana la potestad del caso, en el que Teodoro Nguema terminaría por ser exculpado, boicoteando la investigación francesa.
A diferencia de Pedraz, la Justicia gala decidió seguir adelante con su proceso judicial, y terminó condenando a tres años de prisión a Teodoro Nguema.

En el caso de los secuestros en el que está presuntamente implicado el otro hijo de Obiang, Carmelo Ovono, el juez encargado de instruir el caso en Guinea Ecuatorial sería Eliseo Mengue Nvo, quien fue pillado in fraganti recibiendo un soborno por parte de un empresario acusado de corrupción en Guinea Ecuatorial, tal y como contó Público.

Para Pedraz, todos estos indicios no son suficientes para dudar de la voluntad de la Justicia ecuatoguineana de instruir el caso. En su escrito recalca hasta en tres ocasiones que "lo que se investiga son unos hechos muy concretos, no al régimen guineano ni a su poder judicial".

Sin embargo, para ceder la jurisdicción de un caso, sí se debe tenerse en cuenta lo estimado por la Corte Penal Internacional: que la decisión nacional –en este caso Guinea Ecuatorial – de investigar el caso no tenga como único propósito sustraer a la persona de su responsabilidad penal. Pedraz asegura que no hay base para poner en duda la veracidad de los documentos que la justicia ecuatoguineana presentó para alegar que había iniciado una investigación en su territorio.

Una investigación a medio hacer

La cesión del caso a Guinea Ecuatorial deja en un limbo varias diligencias pendientes de resolver y que, según el escrito de la acusación al que ha tenido acceso Público, afectarían "claramente, a la valoración que se deba realizar por las partes de la documentación remitida".

Estas son, por ejemplo, las pesquisas que está llevando a cabo la Policía Nacional con otros países con el objeto de conocer si existe un plan sistemático para reprimir a la oposición en el extranjero. También el origen y destino del dinero en efectivo introducido por parte de Carmelo Ovono en España, y que podría estar conectado con el espionaje de las víctimas previo a su secuestro.

Esta conexión entre miembros del Gobierno ecuatoguineano, empresas de espionaje y posterior secuestro de los opositores, son elementos planteados en las investigaciones policiales pero cuya relación está pendiente de acreditarse, argumenta el juez en su escrito de cesión.

Según la acusación, los resultados de esta diligencia podrían atar aún más la investigación a la jurisdicción española. Sin embargo, de quedar paralizada se perdería la oportunidad de certificar la presunta relación entre el dinero y la persecución de la oposición a Obiang en el extranjero.