El 25 de abril es el nuevo 31 de marzo. La primera es la fecha en la que Didier Reynders, comisario de Justicia, dejará su cargo a través de una excedencia no remunerada para volcarse en la campaña para liderar el Consejo de Europa. El segundo era la meta fijada en el inicio del diálogo entre el PSOE y el PP bajo la lupa de Bruselas y que ya ha quedado extinto.

Cuando Reynders aceptó a finales de enero el papel de árbitro en la mediación entre el PSOE y el PP para desbloquear la situación del Consejo General del Poder Judicial dejó claro que las negociaciones deberían extenderse un máximo de dos meses. Es decir, no más allá de finales de este mes de marzo, al que le restan cuatro días. Pero el hielo con el que ha transcurrido el diálogo y el paso al lado del belga, que ha formalizado su candidatura para dar el salto al Consejo de Europa, habían llenado de incógnitas y pesimismo el proceso a lo largo de esta semana. El belga ha emitido este jueves un comunicado solicitando su marcha a partir del día 25 de abril, lo que deja un margen de casi un mes para celebrar más encuentros redoblando así la presión sobre los partidos españoles, especialmente, sobre el PP.

El diálogo en torno al CGPJ pasa por un momento clave. El martes por la tarde saltaba por sorpresa la noticia de que la que estaba llamada a ser la cuarta reunión entre Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del PP, bajo la bandera de la Comisión Europea, había sido suspendida. Fuentes populares y recogidas por Europa Press deslizaron por aquel entonces que el cambio de planes respondía a problemas con la agenda del comisario. Desde Bruselas, sin embargo, rehusaron esta explicación y aseguraron que el belga estaba disponible y que la cancelación fue promovida por el PP alegando que "ambas partes necesitaban más tiempo antes de reunirse".

En medio de esta incertidumbre y el día previo del –no– encuentro, Reynders fue, a su vez, designado como uno de los tres candidatos oficiales para ser el próximo secretario general del Consejo de Europa –que no es una institución de la UE–. Acto seguido solicitó una excedencia sin sueldo de su puesto en el Berlaymont, como exige el código de conducta. Y hoy, su jefa, Ursula von der Leyen, se la ha concedido en la horquilla entre el 25 de abril –15 días antes de las elecciones catalanas– hasta el día en el que se elija al secretario general del Consejo de Europa.

Es decir, hasta el 25 de abril, el belga continuará sus funciones al frente de la cartera de Justicia como hasta la fecha. Se abren así tres escenarios: que el diálogo se acelere e intensifique durante el próximo mes. Que una vez se marche, se designe a otra persona que asuma sus competencias. Una de las voces que suenan con fuerza es la de Vera Jourová, liberal checa responsable de Valores y Transparencia. O que la Comisión certifique diferencias insalvables y dé por concluida su mediación. "Sobre el diálogo como tal y sobre su posible continuación, solo puedo indicar que las discusiones están en curso entre las partes y la Comisión sigue disponible para dialogar con ellas (...) No hay decisión o cambios por el momento y no vamos a comentar ahora cuáles los posibles siguientes pasos", reaccionó Christian Wigand, portavoz de Justicia.

Por lo pronto, la única evidencia es que el marco temporal de marzo, que se fijó en el arranque de la negociación a tres, ya ha expirado arrojando pesimismo sobre el desenlace para arrojar luz sobre la situación del órgano de los jueces, que suma más de cinco años bloqueado. "La Comisión Europea tendrá que tomar una decisión sobre quién continúa con esta mediación y cumplir con el informe del Estado de Derecho, que dice que es imprescindible y urgente renovar el CGPJ. El plan A es agotar todas las posibilidades de diálogo y acuerdo con el PP", aseguraba recientemente Bolaños en rueda de prensa.

Reynders, de corte liberal es cercano a Ciudadanos, también había sido muy insistente y crítico a la hora de señalar que la situación del CGPJ es la gran asignatura pendiente y la mayor mancha del Estado de Derecho en España. El responsable de Justicia se había tomado este mandato de acompañamiento entre los dos principales partidos como una misión casi personal. Y parece dispuesto a continuar intentándolo.

No favorece el clima de crispación política que vive España. La aprobación de la ley de amnistía, los presuntos escándalos de corrupción por el caso Koldo y el fraude fiscal de la pareja de Isabel Ayuso, o la cercanía de las decisivas elecciones en Catalunya, en Euskadi y en el Parlamento Europeo, están provocando que Gobierno y oposición estén inmersos en una vorágine de polarización que dificulta que se desarrolle la confianza requerida para que el diálogo dé sus frutos.

Todo ello se ha plasmado en los resultados de las tres reuniones previas, celebradas en Bruselas y Estrasburgo. González Pons salió del primer encuentro "pesimista". Y abandonó el tercero "más pesimista" todavía. Bolaños siempre se ha escudado en la confidencialidad y discreción con la que deben de transcurrir estas citas resaltando que la buena noticia es que la mesa de negociación continúe en marcha. Y Reynders quizá había sido hasta la fecha el más optimista. "Estoy convencido desde el principio de que un acuerdo es posible. Hay elementos para un acuerdo. Si no hay acuerdo el 31 de marzo, al día siguiente será el 1 de abril. No es tan grave", aseveró el 13 de marzo tras la tercera y última reunión. Durante estos dos meses, el balance del diálogo es más bien oscuro: "No ha habido ningún avance", zanjó González Pons al concluir la cita. No es la primera vez que las negociaciones para desatascar el bloqueo del CGPJ encallan bajo el liderazgo de Alberto Núñez-Feijóo, que ya se levantó de la mesa a finales de 2022 cuando el acuerdo final había estado más cerca que nunca.