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Cinco menores asesinados por sus padres, el peor inicio de año de la historia en violencia vicaria

El repunte de la violencia vicaria en el inicio del año es "especialmente preocupante" para las expertas, que ven "fallos" en las medidas de protección a la infancia.

Un mujer con un cartel en el que se lee: 'Violencia vicaria', participa en una concentración feminista en la Plaza de la Candelaria en repulsa por 'todos los feminicidios', a 11 de junio de 2021, en Santa Cruz de Tenerife.
Una mujer con un cartel en el que se lee: 'Violencia vicaria', participa en una concentración feminista en la Plaza de la Candelaria en repulsa por "todos los feminicidios", a 11 de junio de 2021, en Santa Cruz de Tenerife. Europa Press

El asesinato de un niño de cinco años en Bellcaire d'Empordà (Girona), que se investiga como un posible caso de violencia vicaria, suma cinco menores víctimas de la violencia machista en lo que va de año. Este inicio de 2024 es "especialmente preocupante" para las expertas consultadas.

Desde que existen registros de asesinatos de niños y niñas por sus padres, a partir de 2013, solo se ha superado esta cifra de víctimas en otras cinco ocasiones, y además fue en el cómputo de todo un año: en 2021 (siete menores asesinados), 2018 (siete), 2017 (ocho), 2015 (siete), 2013 (seis). En total, son 54 los menores asesinados en estos once años.

En el caso de Girona, el padre del niño lo habría apuñalado delante de la madre. Después la atacó a ella de la misma forma. La mujer se encuentra hospitalizada por herida de arma blanca en el Hospital Trueta de la capital gerundense. Todavía no ha trascendido si constan denuncias previas y había medidas cautelares interpuestas para proteger a la madre y al menor de una posible situación de maltrato.

Este asesinato se añade a otros cuatro. El pasado 18 de marzo, un hombre asesinó a sus dos hijas, de dos y cuatro años, en Almería y después se suicidó. El padre de las niñas las envenenó durante una de sus visitas. Un régimen que se estableció por un acuerdo entre las partes en el procedimiento civil, a pesar de que existía una denuncia previa por malos tratos y el agresor estaba pendiente de juicio. 

Los otros dos niños, de siete y diez años, fueron asesinados a principios de enero por su padre en Barcelona, que también se suicidó. En este caso, y como informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, no constaban denuncias previas. La mujer, que estaba separada del asesino, denunció ante los Mossos d'Esquadra que los niños no habían ido al colegio tras pasar las vacaciones con su padre.

"Hay que ir más allá de la denuncia y reclamar una mayor intervención", dice Ana Mª González Lupión

El número de menores asesinados en lo que va de año casi alcanza al de mujeres, ocho víctimas, y alerta a las expertas consultadas que ven "fallos" en las medidas de protección a la infancia.

Este miércoles durante una entrevista en el programa Hora 14 de la Cadena SER, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, habló de una situación "muy desesperante" porque "efectivamente vemos que no es suficiente todo lo que hacemos para combatir la violencia machista", dijo. Después, reiteró la necesidad de mejorar "el diagnóstico" para tomar medidas.

"Hay que ir más allá de la denuncia y reclamar una mayor intervención, por ejemplo, en los procesos de separación o desde el propio sistema de salud que consiga detectar la violencia machista cuando las víctimas acuden a consulta", explica Ana María González Lupión, presidenta de la asociación Mujeres libres, mujeres en paz, ante la posibilidad de que no exista denuncia previa.

Detectar la violencia más allá de la denuncia

Un 38% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2022 tenían hijos o hijas, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial sobre víctimas mortales de violencia machista. Las hijas y los hijos también son víctimas de esa violencia. Los agresores les instrumentalizan para hacer daño a sus parejas.

"Todos pretenden hacer el mayor daño posible a la madre a través de los niños", apunta Altamira Gonzalo

"Solo hay que ver los casos: todos pretenden hacer el mayor daño posible a la madre a través de los niños", destaca Altamira Gonzalo, jurista feminista de la Asociación Themis.

Tanto es así que un gran número de los agresores amenazan a las madres con atacar a los hijos antes de que se produzca la violencia vicaria, tal y como refleja el informe Violencia vicaria: un golpe irreversible contra las madres (2021). Por eso, Altamira Gonzalo alienta a la "acción del entorno (vecinos, familiares, etcétera) de las víctimas", para que hagan visible la violencia sobre ellas pero también sobre sus hijos e hijas.

Asimismo, las expertas consideran que hay que trabajar en una forma de detección que traspase la propia denuncia de malos tratos. Por ejemplo, durante el proceso de separación, en donde existe un incremento del riesgo.

"Para muchas mujeres la alternativa es separarse, no denunciar. Ellas temen meterse en procesos judiciales en donde también sus hijos pueden sufrir un calvario. Claro, en este caso de Girona, puede ser que al ver inviable denunciar, pidiera el divorcio. Y ahí al no poder ya controlarla, es donde más violencia ejerce el agresor", explica González Lupión, que también es una de las organizadoras del III Encuentro Estatal sobre violencia vicaria. 

Para ello sería imprescindible "mejorar" la valoración del riesgo en el sistema de protección. "Todos los operadores jurídicos cuando una mujer se va a separar tienen que estar atentos de si existe violencia machista y eso se descuida. Se pueden observar los comportamientos de un agresor y dar parte, tomar partido. El sistema tiene que estar prevenido y en alarma", apunta la experta.

El “espejismo” del sistema de protección

Existe un "buen" marco legal para aplicar medidas de protección, explican las expertas. Sin embargo, el sistema desprotege a los menores. "Las causas que hay ya están identificadas. Las leyes ya están ahí. Necesitamos que los servicios de protección, de verdad, protejan. Seguimos en el espejismo. Como los servicios ya existen, no se corrigen sus grietas y por ahí se cuela la infancia", explica González Lupión.

"Una mejor valoración del riesgo con la creación de unidades de valoración forense en cada provincia", apunta Altamira Gonzalo

Altamira Gonzalo señala una "larga lista" de cosas pendientes, entre las que destaca: "Cumplir la ley y suspender el régimen de visitas, formación a todos los operadores jurídicos y en especial, a los jueces y una mejor valoración del riesgo con la creación de unidades de valoración forense en cada provincia", explica. Estas unidades cuentan con psicólogos y trabajadoras sociales forenses que asesoran a juezas y jueces para tomar las medidas cautelares adecuadas.

Otra forma de paliar los huecos en lo jurídico sería a través de una mayor dotación de recursos al sistema sanitario, para que sea la primera puerta de entrada a la detección. "Tenemos que conectar todos los sistemas de protección, buscar todos los déficits", reitera la experta.

Aplicar la ley, suspender las visitas

En violencia vicaria, como apunta el informe de 2021, el mayor riesgo se da durante las visitas. Es ahí donde se cometen la mayor parte de los asesinatos: un 44% de las veces. Cifra que destaca sobre el siguiente porcentaje más alto: un 18% de los crímenes se producen o durante la convivencia o tras una pelea.

Los juzgados de violencia sobre la mujer toman la decisión de suspender el régimen de visitas sobre los hijos e hijas el 12,75% de las veces que aprueban órdenes de protección. Es el dato que aportan las últimas estadísticas del Consejo del Poder Judicial.

Sin embargo, el estudio no recoge en cuántos de estos procesos por violencia machista las mujeres tenían hijos o hijas a cargo, lo que permitiría saber realmente en qué porcentaje de casos se toma esa medida. Un dato esencial para entender la dimensión del problema.

"La regla tiene que ser suspender las visitas y sigue siendo muy poco ese porcentaje aunque en el dato no podamos saber cuántas de las mujeres que denunciaron violencia machista tienen hijos", zanja Francisca Granados, directora de igualdad y asesora jurídica del centro de la mujer del Ayuntamiento de Maracena (Granada). Para esta jurista existe una minusvaloración sistemática del "riesgo hacia los hijos".

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