La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha archivado las sanciones impuestas por vulneración de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, a las mujeres que se manifestaron en abril del año pasado para protestar por la denegación del indulto a María Salmerón, encarcelada por negarse a cumplir la custodia compartida de su hija con el padre de ésta, condenado por violencia de género.

La protesta tuvo lugar en la Plaza de España de la capital andaluza, mientras se celebraba en la sede de la Delegación del Gobierno una cumbre iberoamericana a la que asistía la ministra de Justicia, Pilar Llop, justo un día después de que el Consejo de Ministros hubiera denegado el indulto a María Salmerón. Un gran despliegue policial identificó a todas las manifestantes por carecer de autorización para la concentración y levantó acta de infracción por incumplimiento de la ley mordaza, para lo que se propusieron multas de 601 euros a cada una, la cantidad más baja prevista para una infracción grave.

Un año después, la Subdelegación del Gobierno ha notificado a las manifestantes de la Plataforma de Apoyo a María Salmerón el archivo de las sanciones, según ha informado a Público el abogado que presentó un recurso contra las multas impuestas a varias de ellas, Francisco Tejado. En total, señala el letrado, se han sobreseído 18 expedientes sancionadores, que habrían supuesto un pago de 10.800 euros en multas.

En una de las resoluciones de la Subdelegación del Gobierno a las que ha tenido acceso este periódico, la instructora del expediente concluye que la conducta de la manifestante fue pacífica, "sin que se hubiera alterado el orden público con peligro para personas y bienes", y que no quedó demostrado que fuera organizadora de la protesta, como le acusaba la Unidad de Intervención Policial que identificó a las integrantes de la Plataforma. En virtud de eso, concluye que la denunciada ejercitó su derecho fundamental de manifestación con cumplimiento del artículo 21 de la Constitución.

De acuerdo con la resolución, emitida el pasado 9 de mayo, la Policía basó la apertura del expediente sancionador a esta mujer como organizadora de una concentración que no estaba autorizada en el hecho de que cuando le preguntaron quién era la persona responsable de la manifestación, ella respondió que "todas" eran organizadoras de la protesta. Los agentes no aportaron ni una prueba más para sostener tal acusación, tal como queda reflejado en el expediente administrativo.

Francisco Tejado sostuvo en las alegaciones contra estas sanciones que la denuncia de los policías estaba basada en una "realidad inventada" para sostener la procedencia de la incoación de los expedientes contra las manifestantes, tanto en lo que se refiere a quién era el organizador de la protesta como al número de las personas que participaron. Según la Unidad de Intervención Policial, había 40 personas concentradas, pero la plataforma de María Salmerón asegura que no eran ni 20.

El abogado destaca igualmente que aquel día intervinieron también agentes de la brigada policial de información que, a su entender, tienen otros cometidos en asuntos de mayor gravedad, como pueden ser los de terrorismo, y, por tanto, no venía al caso su participación en el transcurso de una manifestación feminista en la que se pedía el indulto de una mujer condenada por negarse a cumplir una custodia compartida con un padre condenado por maltrato.

En las alegaciones contra el expediente sancionador a las manifestantes, Tejado solicitó a la Delegación del Gobierno en Andalucía que se abriese una investigación para aclarar si se produjo alguna actuación irregular por parte de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado que intervinieron contra la concentración, una petición de la cual aún no ha obtenido respuesta.

"Un acto de violencia institucional"

Carmela Moreno, de la Plataforma sevillana de Apoyo a María Salmerón, fue una de las mujeres que participó en aquella manifestación. Y tiene muy claro lo que sucedió: "Fue vergonzoso, con un despliegue policial como si fuéramos terroristas. Fue un acto de violencia institucional", dice a Público.

La protesta, según Carmela Moreno, se produjo de forma espontánea cuando se enteraron de la visita de la ministra de Justicia a Sevilla un día después de que se conociera la denegación del indulto a María Salmerón. "Nosotras no éramos ni veinte. Había más policías que manifestantes -asegura-. Y cuando me pidieron el DNI, les dije que nunca antes en democracia me lo habían pedido".

Lo peor de todo, según esta feminista, es que han estado un año entero pendiente de las sanciones, sobre todo las mujeres con menos recursos económicos a las que una multa puede ocasionar un mayor descosido. "Aquello fue un intento de avisar a las mujeres feministas para que no reivindiquen. Y yo a eso lo llamo violencia institucional, de las instituciones que quieren demostrar su poder", explica Moreno.

El Consejo de Ministros dijo que había denegado el indulto a María Salmerón "por imperativo legal", porque había sido reincidente y el juzgado de lo Penal de Sevilla que la había condenado había informado negativamente acerca de la concesión del perdón.

La Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 se ha mantenido tal cual en la legislatura de coalición progresista que acaba de terminar, al no haber llegado los grupos parlamentarios a un acuerdo para su reforma. Después de casi dos años de negociación y 50 reuniones del grupo de trabajo del Congreso encargado de su modificación, la ley mordaza no ha sido cambiada ni en una sola coma.

Mientras, la recaudación obtenida con el pago de multas no ha dejado de aumentar y el año pasado ya superó los 1.000 millones de euros, según las estadísticas del Ministerio del Interior, que registraron hasta el 31 de diciembre de 2021 un total de 1.644.398 sanciones impuestas por infracciones de la ley mordaza desde su entrada en vigor.