El Ministerio de Igualdad ha enviado una carta a todas las comunidades autonómas en la que les pide que "garanticen que se lleven a cabo urgentemente todas las medidas con las que cuenta la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo" para que las mujeres puedan abortar en la sanidad pública. Y entre esas medidas destaca que se pongan los medios para que haya médicos y médicas no objetores en todos los hospitales públicos.

El departamento que dirige Irene Montero recuerda que "el principal avance de esta Ley es la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y cerca del domicilio de las mujeres".

Asimismo, advierte a todas las comunidades autónomas que tienen la obligación de aplicar las herramientas de las que dispone la ley y por insta a que "den los pasos necesarios para garantizar que haya médicos y médicas no objetores en todos los hospitales públicos, incluyendo si es necesario la contratación de médicos y médicas".

Por último, resalta que la nueva norma es "es clara en ese aspecto y plantea la creación de registros de objetores en cada CCAA para así garantizar el acceso de las mujeres a su derecho al aborto, respetando siempre el derecho de los médicos y médicas a la objeción de conciencia".

Una ley para ampliar los derechos de las mujeres

La reforma de la ley del aborto se aprobó de forma definitiva el pasado 16 de febrero en el Congreso con el el voto favorable de todos los partidos que apoyan al Gobierno y de Ciudadanos y con el voto en contra del Partido Popular y de Vox. La ley devuelve a las menores de 16 y 17 años su derecho a poder interrumpir su embarazo sin tutelas, un derecho que había sido eliminado por el PP en 2015.

Montero ya advertía ese día de las trabas que se iba a poner a la ley. "Va a haber resistencias en la aplicación de la ley, igual que lo ha habido con todas las leyes feministas" por lo que "ahora toca trabajar con las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las administraciones competentes para garantizar que en todos los hospitales públicos haya personal suficiente para realizar abortos, respetando el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios".

A día de hoy la práctica de abortos en la sanidad pública es muy desigual. En 2022, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, denunciaba que hasta en cuatro comunidades autónomas no se había practicado ningún aborto en sus centros públicos en todo el año 2020. Estas eran Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Esos datos contrastaban con otras regiones. En algunas, como Illes Balears, Islas Canarias, Cantabria, Catalunya, País Valencià y Navarra, más del 90% de las IVE hospitalarias se practican en centros de la red sanitaria pública.