Que los casos de María Sevilla y de Infancia Libre hayan crecido como la espuma no es casual. Desde hace ya más de tres años, sectores de la ultraderecha y muchos medios que los sostienen han construido un relato interesado que amalgama el estereotipo de mujer malvada, el ataque a Unidas Podemos y las mentiras de algunos partidos políticos y organizaciones ultras que niegan la violencia de género y la existencia del incesto entre padres e hijos. 

El relato creado con mentiras y bulos es muy efectivo, puesto que incide sobre uno de los estereotipos sobre las mujeres más extendidos desde tiempo inmemorial: la maldad de las mujeres. Un prejuicio incrustado en lo más profundo del ADN social, que se sustenta en que a las mujeres no se las puede creer ni son de fiar, y que se ha perpetuado a lo largo de la historia en los cuentos infantiles o el refranero popular. "Palabras de mujer, no se han de creer", "la mujer y la mentira nacieron el mismo día" o "mujer que no mienta ¿Quién la encuentra?", son sólo algunos pocos ejemplos.

Por esto, a pesar de que los relatos vertidos entorno a Infancia Libre y, en concreto sobre Maria Sevilla, son difíciles de creer (que hablan de una supuesta trama criminal organizada por un grupo de mujeres con el apoyo de diversos profesionales de la abogacía y de la sanidad pública), ha tenido una gran acogida social y mediática. 

Aquí listamos algunos de los bulos y aportamos datos investigados por Público desde que estalló el escándalo.

María Sevilla, la madre malvada y niños viviendo en un zulo

La primera información sobre María Sevilla e Infancia Libre apareció en los medios de comunicación pocas horas después su detención en la madrugada del 30 de marzo de 2019. Un grupo de la Policía judicial adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid irrumpió en la casa en la que vivía María Sevilla con su hijo mayor (entonces de 11 años), su actual marido y la hija de ambos de seis años. Eran las 2.15 de la madrugada. El operativo estuvo formado por cerca de una quincena de efectivos armados y vestidos con trajes antidisturbios, para entrar en la vivienda a las afueras de Cuenca donde desde hacía unos meses vivían María Sevilla y su familia. 

María Sevilla había desaparecido en diciembre de 2017 cuando un juzgado estaba a punto de cambiar la custodia de su hijo hacia su expareja, que había sido denunciado por posible abuso sexual hacia el menor. Los hechos, como ocurre en la mayoría de los casos de incesto, no quedaron demostrados para el juzgado y la causa se archivó. 

De esa intervención, la Policía judicial realizó dos actas de oficio. Una con fecha del mismo día de la detención (30 de marzo) y otra dos días más tarde (el 1 de abril). En la primera los agentes recogen algunos testimonios e impresiones personales sobre el hijo mayor de Sevilla, afirmando que el menor afirma que "su padre no le quiere" y que "se lo ha dicho Dios". También hacen referencia a que el niño manifiesta que de mayor quiere ser "el jefe de los pastores evangelistas". Añaden que el menor está "influenciado por los adultos con los que vive". La policía resalta que la pareja de María Sevilla le entrega al menor una Biblia antes de que se lo lleven. 

En el segundo escrito, fechado 48 horas mas tarde, el informe policial se amplía. En él no sólo recogen los hechos anteriores, sino además, se añaden dos anotaciones curiosas con respecto a los menores. Una afirma que la hija menor de Sevilla nacida de la relación con su actual paraje "emitía sonidos guturales, disponía la cabeza como para olfatear al aire y a las personas que se acercaban a ella..." y que "ladeaba la cabeza mientras las observaba, comportamiento muy semejante a un animal", especifica quien lo firma (el subinspector jefe Acctal del Grupo 2º, con número de placa 79.869). 

El segundo comentario afirma que, durante la vigilancia a la que fue sometida la casa antes de la detención de María Sevilla, a los menores "únicamente se los vio en el exterior de la vivienda la tarde noche del viernes 29 de marzo en la que les permitieron estar en el exterior unos treinta minutos".

A partir de aquí, el relato estaba servido. Muchos medios de comunicación mantienen el mismo relato con algunas variaciones y añadiduras: que María Sevilla mantenía a los menores encerrados en un zulo, que no les permitía ver la luz del sol, que sólo salían por la noche, que no estaban escolarizados y que en las paredes y ventanas de la casa había inscripciones (religiosas, como recogen la mayoría de ellos). Todo esto citando fuentes policiales o fuentes cercanas a la investigación sin identificarlas.

La casa en la que vivía Sevilla con su familia es una finca de más de 6.000 metros cuadrados de terreno, con piscina y salida al campo, que quedaba resguardada desde el exterior y a la que fueron poniendo telas para que no fuera visible desde fuera. 

Los menores estaban escolarizados y en momentos estudiaban en casa con un plan concertado con la escuela. Así lo reconoció la sentencia que condenó a María Sevilla a dos años y cuarto meses de prisión por un delito de sustracción de menores. La sentencia también desbarata los argumentos de que el hijo de Sevilla no estuviera vacunado ni con seguimiento médico. 

La sentencia desmiente, además, cualquier otro tipo de malos tratos y sólo la condena por sustracción al haber desaparecido con el menor sin acatar las órdenes judiciales. Un dato que desmiente la teoría del zulo y los supuestos malos tratos de Sevilla hacia los niños es que en ningún momento los servicios sociales iniciaron acciones hacia la hija pequeña, ni se consideró que estuviera en riesgo. Los partes médicos de la menor examinados por este medio poco después de la detención de Sevilla hablan de una niña normal para su edad, extrovertida y con una buena capacidad oral.

En el juicio en la que se condenó a María Sevilla por sustracción, una de las policías que participaron en el operativo de la casa de Cuenca desmintió el relato de su superior y afirmó que no vio nada raro ni en la casa, ni en el comportamiento de los niños. Y dijo que Sevilla se había limitado a ayudar a su hijo a hacer la bolsa de viaje. 

Desde Público hemos tenido acceso a fotografías de la casa en la que vivía María Sevilla, en Cuenca. Poco después de la detención de Sevilla, la finca se puso a la venta y desde este medio pudimos cotejar que se trata de la misma vivienda. 

'Modus operandi' que no era tal

Poco después de la detención de María Sevilla comenzó a hablarse de modus operandi y de organización criminal. Un informe que comenzó a elaborar la Policía judicial afirmaba que existía un grupo de madres en el que todas actuaban de la misma manera. Según esta unidad de la Policía, un amplio grupo de madres ligadas a Infancia Libre se dedicaba a interponer denuncias falsas contra sus exparejas con el fin de quitarles la custodia de los menores. Para esto eran supuestamente ayudados por un par de abogados y de varios profesionales de la sanidad pública. En concreto, por una pediatra y una psicóloga de Granada y por un psiquiatra de la sanidad pública madrileña. Todos profesionales de reconocido prestigio y expertos en la detección de maltrato y abusos sexuales a la infancia. 

Sin embargo, los casos de las cuatro mujeres supuestamente relacionadas con Infancia Libre que fueron detenidas o llamadas ante la justicia entre los meses de abril y junio no guardan mucha relación. Dos de ellas (María Sevilla y Patricia González) sí habían permanecido en paradero desconocido. Otras dos (Ana María Bayo y Rocía de la Osa) no se habían movido de sus casas y tenían la custodia de sus hijas en exclusiva en el momento de ser llevadas ante la justicia. De hecho, la expareja de Bayo tenía una orden de alejamiento de la menor. Estas dos madres siguen conviviendo con sus hijas, pero debieron pasar por un periplo judicial y mediático que las criminalizó. El informe policial afirmaba que todas las mujeres tenían algo en común: compartían abogada, o médica o psiquiatra... Pero entre las cerca de 20 mujeres incluidas en el informe de la policía judicial, hay varias que no cumplen siguiera con esas similitudes. 

La Fiscalía no ve denuncias falsas ni organización criminal

La causa se basa en que existe un amplio grupo de madres que interponen denuncias falsas para quitar la custodia de sus hijos a sus exparejas. El informe policial, que tienen unos 200 folios, sólo refleja lo que diversos hombres dijeron a la policía judicial en entrevistas denunciando el supuesto modus operandi de sus exmujeres, hechos que la Policía incluyó en el informe, sin contrastar. Es decir, que durante varios meses los agentes de la Policía adscrita a los juzgados entrevistó a diversos hombres que afirmaban ser víctimas de la supuesta organización llamada Infancia Libre. 

Quién sí realizó una investigación en profundidad fue la Fiscalía de Madrid, a la que la Policía Judicial remitió el informe a finales de julio de 2019 para que valorara abrir una causa penal contra infancia Libre. 

En enero de 2020 la Fiscalía de Madrid emitió un informe por el que desestimó abrir una causa judicial con la información aportada por el informe policial. Tras su investigación, la Fiscalía afirmó que no existía ningún indicio de la existencia de una organización criminal, ni "dato alguno" de un posible delito de "denuncia falsa" por parte de la asociación o de sus miembros. E insistía que este hecho no ha "quedado acreditado, siquiera de forma indiciaria, que se haya incoado procedimiento alguno por este delito contra alguna de las mujeres supuestamente implicadas". 

El Ministerio Fiscal añadía en su escrito que no existe vinculación de las personas incluidas en el informe con dicha organización y que "solamente" se podría establecer una vinculación con dicha organización de las dos fundadoras de la asociación, "si bien, habiendo ambas interpuesto denuncias por supuestos malos tratos a sus hijos menores cometidos por sus progenitores, circunstancia que hizo que entablaran una relación y que constituyeran una asociación para tratar estos temas". De hecho, Infancia Libre no existía como organización cuando las mujeres interpusieron denuncias, o ya había cesado en su actividad. La denuncia falsa es un delito que debe ser probado. Ninguna de las mujeres incluidas en el informe tienen causa abierta por este supuesto delito. 

Profesionales implicados

El ensañamietno de algunos medios de comunicación con los profesionales mencionados en el informe policial tampoco es gratuito. Tal como han explicado diversos expertos a lo largo de los últimos años de investigación de este medio sobre Infancia Libre, señalar a los profesionales que trabajan en la sanidad con víctimas de violencia sexual o de género es una forma de obstruir su trabajo y de destruir el tejido creado para la detección y prevención de la violencia de género. La criminalización de los expertos y sanitarios hace que algunos decidan no interponer denuncias o alertar a los juzgados cuando detectan este tipo de casos en niños o mujeres. Una estrategia que no sólo se aplica en España, sino en otros países.