La absolución de Dani Alves retrata una justicia sin las herramientas para afrontar la violencia sexual

"Tengo claro que hoy en día la justicia aún no dispone de suficientes herramientas para deliberar en casos de violencia sexual. Las personas que trabajamos en este área hemos recibido la sentencia como un jarro de agua fría, como si nuestro trabajo quedara diluido". Estas son las impresiones de Lluïsa Garcia Esteve, psiquiatra y presidenta de la Comisión de Violencia Machista y Salud del Hospital Clínic, tras conocerse el pasado viernes 28 la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el caso Dani Alves. Los magistrados han estimado por unanimidad el recurso del futbolista y han decidido revocar la sentencia por la que fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona en 2022.

García Esteve habla desde la sorpresa, pero sobre todo desde la decepción. Una sensación que se percibe cuando se escucha también a otras profesionales que participan de manera cotidiana en la asistencia a víctimas de abusos y agresiones sexuales. Fue precisamente al Clínic donde acudió la mujer que denunció a Dani Alves hace ya más de tres años. Centro de referencia en la capital catalana para atender casos de violencia sexual en mayores de 16 años, que aplica desde 1999 un protocolo multidisciplinar que se ocupa de todos y cada uno de los aspectos que hayan podido quedar dañados en las víctimas y que pone en el centro su salud sexual. 

Para García Esteve, este caso es "el paradigma de una intervención sociosanitaria correcta, con buenas prácticas": "La discoteca activó el protocolo, los Mossos activaron el protocolo, se la remite al hospital de referencia donde se recaban toda una serie de pruebas inmediatas". Su "shock" radica en que, pese a todo, pese a que "en este caso las cosas se han hecho bien, esas pruebas recogidas por los especialistas no son suficientes porque a quien se cuestiona es a ella, su testimonio". La sentencia, en concreto, pone en duda la fiabilidad de la denunciante. Pues fiabilidad y credibilidad no es lo mismo, recuerda el TSJC a la Audiencia de Barcelona. "La cuestión es que aquí el TSJC no solo no se fía de la víctima, sino tampoco de todas las pruebas que se recogieron en aplicación de los protocolos. Tampoco de sus compañeros y compañeras de la Audiencia que escucharon a la víctima y al agresor (que cambió varias veces su relato) y valoraron todas las pruebas aportadas", señala García Esteve. 

Entre esas pruebas están el informe médico asistencial y forense sobre el estado de la testigo que se recogió justo después de que hubiera sufrido la agresión y que para el TSJC tampoco es concluyente. "No determina que el estado, ansiedad generalizada o estrés postraumático de la denunciante sea solo consecuencia de los hechos", describe la resolución. Algo que para García Esteve supone "desconocer" una cuestión "básica" en estos contextos: que la violencia sexual "siempre tiene consecuencias, siempre tiene secuelas". 

Precisamente por eso, "tras ser asistidas mediante el protocolo, las víctimas son citadas en un programa ambulatorio de recuperación", detalla la psiquiatra. "Comprendo que la justicia se plantee dudas, es su trabajo. Pero también creo que para decidir sobre un caso así tienes que conocer muy bien la complejidad del fenómeno, cómo reaccionan las víctimas y cómo funciona el cerebro durante la agresión". Aparte del insomnio, de que algunas necesiten un tratamiento para "dejar de vomitar por las esquinas después de haber vivido algo así" –cosas "más visibles", apunta García Esteve–, "se tiene que considerar que después de un episodio traumático la atención se focaliza y la memoria se fragmenta, aparecen lagunas, confusiones. Todo esto forma parte de estas situaciones. Claro que van a existir contradicciones, las profesionales lo sabemos desde hace mucho", añade.

De ahí que expertas y profesionales que acompañan a las víctimas de violencia sexual "nunca" insten a las víctimas para que interpongan una denuncia. A lo que se insta, en todo caso, es "a informarse sobre el proceso que implica la interposición de denuncia, porque hay otras fórmulas antes de la interposición de la denuncia a las que pueden adherirse las víctimas o supervivientes para garantizar su protección, sus derechos y sobre todo su reparación", argumenta Bárbara Tardón, investigadora y experta en violencias sexuales y de género. "Todas las expertas sabemos que la interposición de la denuncia implica un daño para las víctimas, puesto que el sistema judicial sigue aplicando numerosos estereotipos de género y prejuicios en los casos de violencia sexual. El caso Dani Alves no es una excepción. Sucede cada día en los juzgados en muchos de los juzgados de este país", valora.

Tardón enmarca esta sentencia en las dinámicas propias de la "cultura de la violación", que "todavía persiste en el sistema judicial" y que tiene "un objetivo, que está más que estudiado, que es silenciar a las víctimas, negar la violencia sexual y eximir a los agresores". La experta lamenta que mientras el sistema judicial reproduce estos sesgos, le "otorguemos una carta de veracidad que no le otorgamos a otras disciplinas". Lugares desde los que llevan "más años acompañando a las supervivientes, como puede ser la psicología, la psiquiatría, la medicina forense, etcétera".

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El impacto, efecto disuasorio y disciplinante en el resto de víctimas también preocupa entre las voces especializadas, más en un contexto en el que desde el Ministerio de Igualdad se está apostando por la denuncia como medio para frenar las violencias machistas. "Las víctimas, evidentemente, que ya son pocas las que acceden al sistema judicial (en torno al 10%), van a sentir que no merece la pena llamar a esa puerta. Saben que lejos de creerlas, que, por cierto, es lo que hacemos las expertas desde los recursos especializados, van a revictimizarlas", opina Tardón. En otras palabras, se trata de una sentencia que define marcos que van desde la propia víctima de Alves hasta el resto de la sociedad, que también participa de todo el circuito de juicios y fiscalización a esas mujeres que dan el paso de denunciar, pero que no encajan en el perfil de la "buena víctima".

"El patriarcado establece una serie de criterios para establecer quién es una buena mujer y quién es una mala mujer. Con la violencia sexual pasa exactamente lo mismo. Por eso históricamente se ha dicho que las mujeres no somos fiables. Es peligrosísimo que para un caso de agresión sexual donde hay otras pruebas periféricas, como dicen las abogadas, se haya utilizado la fiabilidad como criterio central. Es la supremacía moral del patriarcado judicial, que se cree por encima de cualquier otra ciencia social como es la medicina y la psiquiatría", incide Tardón haciendo referencia al contenido de un artículo de opinión que ha publicado este lunes.

Patricia González, abogada y doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico-Política por la UAB, explica que a esta sentencia solo se puede llegar "desconociendo el consentimiento afirmativo" y "todo el marco interpretativo de las violencias sexuales que define la ley del solo sí es sí, tratando las violencias sexuales como un conflicto entre iguales y no como un fenómeno estructural que tiene que ver con el poder". La especialista en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía lamenta que el tribunal se esfuerce en "desconocer que en la reconstrucción del relato de las agresiones sexuales hay huecos temporales, hay confusiones, hay olvidos y también hay mucho miedo de las víctimas de no ser creídas". 

"No podemos saber por qué esta joven negó la felación, cuando hay pruebas de ADN en su boca. Tampoco podemos saber si, aunque haya ADN en su boca, eso fuera por muchas otras razones que no una felación. Lo que sí podemos saber es que este elemento no es suficiente para invalidar absolutamente su relato que es lo que ha hecho el TSJC, y peor aún, afirmar que hubo una relación sexual. Lo probado era, en todo caso, una penetración, lesiones y daño psicológico en la joven, persistencia en el relato, relato corroborado por testigos de la discoteca, MMEE y acompañantes de la agredida", añade González. En resumen, a su juicio solo "se puede llegar a esta sentencia con ignorancia, con sesgos y con falta de perspectiva de género, interseccional y victimológica. Falla la formación a jueces y juezas, fallan los procesos de selección de jueces y juezas, falla la comprensión social de las violencias sexuales", concluye.

Y es que, como recuerda la sexóloga Norma Ageitos, cada vez que una víctima no denuncia porque "no tiene pruebas suficientes" o porque "sería probable que su causa quedara archivada", hay una puerta que se queda cerrada. Una situación que también repercute sobre su "reparación y proceso restaurativo". Porque, una vez más, "el juicio vuelve sobre ellas a nivel simbólico". "La reparación cuando ni si quiera una se siente validada es compleja, por no decir imposible", subraya. Por eso, desde su experiencia, pone de relieve la importancia de que "los recursos de atención a víctimas no tengan la exigencia de la interposición de la denuncia para la atención a víctimas". Si no fuera así, "limitaríamos mucho más la capacidad de reparación", indica.

Ageitos sospecha que, en cierto sentido, "no centrarnos en la reparación y la restauración como valores indispensables genera no sólo un sistema, sino también unas dinámicas que favorecen este tipo de cuestionamientos". El hecho de que "lo importante" sea "quién tiene la razón", el "resultar absuelto o inocente", hace que "quede fuera el plano de contemplar el daño generado", termina.

Entre tanto, desde la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ya han alertado de que el endurecimiento de los criterios para valorar testimonios de mujeres que han sido victimizadas podría suponer un retroceso en los avances logrados en su protección: "Diseccionar las declaraciones de las víctimas atribuyendo extraordinario valor a posibles contradicciones en aspectos accesorios, sin atender al relato global y a los elementos de corroboración periférica, nos llevaría, en aras a un pretendido método y rigor científico, a verdaderas situaciones de impunidad", advierten. Aunque reconocen que el equilibrio entre la presunción de inocencia y la protección de las víctimas es un desafío constante para la judicatura, insisten en realizar análisis rigurosos que no desvirtúen la jurisprudencia consolidada. Habiendo logrado abrir paso de la justicia a quienes más lo necesitan, siguiendo a AMJE, "no se lo volvamos a cerrar".