Mouliaá entrega su teléfono al juez para que lo analicen, pero Errejón se niega a dar el suyo

Elisa Mouliaá ha entregado su teléfono móvil al juzgado que investiga si fue víctima de agresión sexual por parte de Íñigo Errejón, mientras que este último ha optado por no hacerlo, argumentando que esperará a que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre su recurso contra el volcado de un dispositivo, el cual, aclara, no era el que poseía en el momento de la presunta agresión.

El juez Adolfo Carretero, encargado de la investigación sobre la presunta agresión sexual de Errejón a Mouliaá, había convocado a ambos este viernes para que entregaran sus teléfonos móviles, con el fin de analizar las conversaciones que intercambiaron antes y después de la supuesta agresión sexual.

A las diez de la mañana, la actriz entregó su teléfono móvil en el juzgado, donde agentes de la Policía Nacional lo recibieron para realizar el volcado y lo devolverán en los próximos días. Así lo confirmaron tanto la actriz como su abogado, Alfredo Arrién, quienes señalaron que la denunciante "ha cumplido" con lo solicitado por el magistrado, ya que no tiene "nada que ocultar". Por su parte, Errejón no ha entregado su dispositivo.

Mouliaá ha manifestado que esto le parece "el día de la marmota", ya que el 13 de marzo pasado también acudió a entregar su teléfono, pero no pudo hacerlo "por motivos técnicos". Según su versión, el juzgado no disponía de los medios necesarios y les informó que la Policía les contactaría más tarde. En esa ocasión, Errejón tampoco entregó su dispositivo.

Asimismo, Mouliaá ha detallado que en su teléfono móvil el juzgado podrá encontrar conversaciones tanto con Errejón como con otras personas, incluida una amiga a la que le comentó que el entonces político la había "invadido y acosado", lo que, según su versión, demuestra "que no hubo consentimiento".

Además, ha aclarado que solo borró, siguiendo el consejo de su anterior abogada, ocho interacciones en Instagram con Errejón, que fueron posteriores a los hechos denunciados. Ahora, se arrepiente de haberlo hecho, ya que considera que eran "respuestas absurdas" a publicaciones que él había realizado.

La defensa de Errejón se opone a entregar su móvil

Por su parte, la defensa de Errejón ha enviado un escrito al juzgado, al que tuvo acceso EFE, en el que informaba que no entregaría su teléfono móvil mientras espera la resolución del recurso que presentó al respecto. El objetivo, según su argumentación, es "preservar sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y al acceso a los recursos, en relación con su derecho a la intimidad".

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La defensa de Errejón detalla que el político "ya no conserva el dispositivo móvil que tenía el 8 de octubre de 2021", fecha en la que supuestamente ocurrieron los hechos denunciados en 2024. Explican que cambió de teléfono hace un año y medio, el 8 de noviembre de 2023, y presentan un acta del Congreso de los Diputados en la que se constata que en esa fecha se le entregó un nuevo terminal.

La letrada Eva Gimbernat señala en el escrito que Errejón "ya aportó desde el inicio de la investigación todas las conversaciones que conserva con la señora Mouliaá, mediante acta notarial". Añade que el investigado "no ha borrado ninguna conversación mantenida con Elisa Mouliaá", pero dado que ella sí lo ha hecho, considera que lo más lógico es que se analice el terminal de ella.

Además, precisa que la Policía ya ha informado al juzgado "que parte de la información que se pretende obtener de los dispositivos móviles no se puede extraer directamente de los mismos" y que, en su lugar, sería necesario "librar mandamientos judiciales a determinadas compañías implicadas, como Instagram".

La defensa de Errejón sostiene que volcar todo el terminal vulnera los derechos del investigado y lo considera "una diligencia interesada exclusivamente por la acusación popular", con un objetivo "no probatorio, sino mediático".

Precisamente, esta acusación popular, que ejerce el letrado Jorge Piedrafita en representación de la Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delito Especializada, ha solicitado este viernes que se amplíe la investigación a Errejón por un delito de desobediencia. Argumenta que ha incurrido en una "objetiva, clara y contumaz desobediencia judicial al incumplir deliberadamente una orden judicial clara y específica, debidamente notificada".