Desde que hemos sabido (y lo sabíamos antes que nuestros titulares) que Turull, Bassa, Rull, Forcadell y Romeva irían a la cárcel -los tres últimos repitiendo puerta sin que se hayan producido novedades en un procés muerto pero sin enterrar-, la frase que más he escuchado entre aquéllos/as que se duelen de la "dureza" del juez Llarena, pero callan ante la entrada en prisión de los cinco mencionados y sus antecesores, es: "Parece mentira que los políticos y dirigentes independentistas no fueran conscientes de la fuerza del Estado...". 

Parece mentira...

El procés se ha revelado, efectivamente, como un jinete ebrio subido a los lomos de un poderoso purasangre llamado independentismo, que agrupa a ciudadanos/as ya desconectados que quieren vivir en una república aparte y a los solidarios/as con la causa soberanista porque su catalanismo reniega de la uniformidad que pretende el Estado conservador que nos rige y dirige. Cada vez más torpes y titubeantes, los jinetes políticos que pretendieron quedarse a las puertas de una república catalana confiando en que la política de Rajoy los frenaría para "dialogar" sobre el asunto, han ido acabando en la cárcel o huyendo de ella por saltarse las leyes españolas al intentar llevar al purasangre a su meta amparados en las leyes catalanas.  Y digo bien; porque es lo que ocurre cuando la política se ausenta en un conflicto de esta magnitud.

Parece mentira...

Mientras tanto, mientras los/as presos políticos van entrando en la cárcel antes de juicio, sigue el goteo de apelaciones a "la fuerza del Estado" ante una decisión judicial que, aun siendo previsible, nos ha encogido el corazón a muchos/as ante los argumentos con que trata de probar inútilmente el delito de rebelión un magistrado del Supremo decidido a aniquilar una ideología, la independentista, tan legítima como la suya (que podemos imaginar sin género de dudas, por cierto)

Parece mentira...

...que los independentistas no calibraran "la fuerza del Estado". El Estado cuya fuerza lo justifica todo, incluso su propia existencia cimentada sobre unas instituciones decrépitas que tratan de protegerse del pueblo que las cuestiona a gritos. ¿Hay algo más peligroso que "la fuerza" de un Estado ajeno, cuestionado y desentendido del país al que debe proteger en todos y cada uno de los rincones de su territorio? 

No.

"La fuerza del Estado" se invoca, sobre todo, desde las cargas policiales del 1-O (la única violencia y que Llarena omite) como una cuestión de fe ("¿A quién se le ocurre desafiar al Estado?") Como si el Estado fuera una deidad patria inamovible, intachable, incorrupta e inmutable en lugar de un conjunto de instituciones, poderes y leyes conformadas durante 40 años por seres humanos con mejor o peor intención, con mayor o menor acierto, pero imperfectos en todo caso y nunca atemporales.

La decisión de Llarena, sus argumentos políticos y profundamente ideologizados en el sentido opuesto al independentismo (que no es la unidad, sino la uniformidad y negación de la diferencia territorial, entre otras), no constituyen "la fuerza del Estado", sino el Estado de la fuerza de un sistema que adaptó la dictadura a una democracia limitada y conformada por una red de poderes que buscan su supervivencia, empezando por la monarquía inútil y terminando por un parlamento configurado gracias a una ley electoral obsoleta que no responde ante la sociedad sobre la que legisla.

Ver en el independentismo el gran problema del Estado -de este Estado de la fuerza- es un error de luces cortas que nos deja indefensos ante esa red de poderes enquistados y corrompidos dispuestos a perpetuarse como sea. El independentismo, de hecho, solo es uno de los objetivos a abatir por "la fuerza del Estado" de la fuerza.

El resto podemos imaginarlos.