La Fiscalía Superior de Catalunya ha concluido que no ve "indicios bastantes" que permitan que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) investigue al vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, por un presunto delito de desobediencia con el referéndum del 1-O.

En cambio, la Fiscalía considera que el TSJCat debe incoar un procedimiento penal al diputado de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, que ya estaba siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la logística del 1-O.

Así se pronuncia el Ministerio Público en un escrito recogido por Europa Press, en el que responde a la petición del TSJCat, que le solicitó que fijara posición tras recibir una exposición motiva del juzgado 13 para que investigara a estos dos políticos.

En su escrito, el fiscal sin embargo sí deja abierta la puerta para que, en las diligencias que se abran en el TSJCat, puedan determinarse en el futuro conductas delictivas de Pere Aragonès -"de ser las mismas convenientemente apreciadas"-.

En su exposición, el Juzgado de Instrucción 13 consideraba que Aragonès podía haber incurrido en un delito de desobediencia y señalaba que no hizo nada para impedir el 1-O, pese a haber sido apercibido el 13 de septiembre de 2017 por el Tribunal Constitucional de la suspensión del referéndum y de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" la suspensión.

Sin embargo, el escrito firmado por el teniente fiscal, Pedro Ariche, argumenta que no es lo mismo, para considerar que se ha cometido el delito, la conducta de quien desde su "relevante posición en la administración" despliega su influencia para propiciar un acto prohibido, que el que se limita a no impedirlo.

Así, diferencia entre los que toman decisiones y los que "se limitan a no impedir la actuación de otros departamentos sobre los que, al menos formalmente, no tienen capacidad alguna de influencia ni dirección".

Asegura que la exposición de supuestos indicios del delito contra Aragonès que expone el juzgado 13 "resulta excesivamente parca" más allá de exponer la actitud de pasividad del político, por lo que se inclina por no investigarle si no aparecen nuevas pruebas.

La Fiscalía cree que Jové no acató las resoluciones del TC

Sin embargo, el fiscal sí ve indicios de delito en el caso de Jové, que fue detenido el 20 de septiembre de 2017 por su presunta implicación en la logística del 1-O, cuando ocupaba el cargo de secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda y era el responsable de los procesos electorales.

El Ministerio Público considera que Jové no acató las resoluciones del TC y se concertó con otras autoridades y funcionarios para impulsar el referéndum, "todo ello con la inherente utilización de los recursos públicos por él mismo gestionados".

El fiscal recoge que, según los datos proporcionados por Instrucción 13, que los fondos públicos dispuestos para el 1-O ascendieron a 2.239.912,22 euros, "disposición de la que fue responsable directo" Jové.

A Jové le intervinieron en un registro en su domicilio particular en Les Franqueses del Vallès (Barcelona) el documento Enfocats, un documento considerado 'la hoja de ruta' de la estrategia del proceso independentista para crear un estado independiente y su comité estratégico, y dos agendas Moleskine con anotaciones sobre reuniones, que "ponían de manifiesto su posición en el proceso soberanista", según la exposición del juzgado.

El titular del Juzgado 13 consideraba en su escrito que existían indicios suficientes de la participación de Jové "en la ideación, desarrollo y ejecución de la hoja de ruta hacia la independencia y proclamación de un nuevo estado", también por el documento hallado en su despacho Estructuras de Estado. Proyectos adscritos a la Secretaría de Economía, así como anteproyectos de ley para crear el Banco Central de Catalunya, y el del Fondo de Garantía de Depósitos, indicios confirmados por intervenciones telefónicas.

El fiscal también incluye en su texto que el Tribunal Constitucional suspendió la partida prevista en los Presupuestos de la Generalitat de 2017 para el 'proceso refrendario sobre el futuro político de Catalunya' y que se le notificó dicha decisión a Jové, por lo que se considera que el diputado republicano mantuvo una "absoluta inobservancia" del mandato del TC desde su responsabilidad sobre los recursos públicos.

También se atribuye a Jové la participación en la confección de la base de datos del censo que sirvió para votar el 1-O, en concierto con otros funcionarios y autoridades, "elaborada conforme al irregular tráfico de datos reservados".