"De repente, nos encontramos con una sorpresa ¿Esta es la forma más adecuada y transparente de hacer una modificación como esta? ¿Sabe lo que supone este cambio?". Así arrancó el diputado de Adelante Andalucía, Diego Crespo, su intervención en el Parlamento, al que había sido convocada la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, después de que el Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, hubiera colado por la puerta de atrás y en plena pandemia una importante reforma de la ley urbanística de Andalucía.

En uno de los momentos más difíciles, en medio de la emergencia sanitaria que llevó al confinamiento de toda España, el Ejecutivo de Juanma Moreno (PP) se cargó de un plumazo y sin debate político alguno, la previsión que recogía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de que para poder edificar en suelo rural no urbanizable y en suelos de especial protección, los planes urbanísticos debían recoger expresamente los usos y actos posibles. 

En su lugar, optó por la idea contraria. Prohibir en suelo no urbanizable tan solo los usos y actos que el planeamiento considere de manera expresa como tales. Y para el suelo no urbanizable de especial protección, aquellos que sean incompatibles con el nivel de conservación del lugar en cuestión.

Para hacer una reforma tan relevante como esa, que abre la puerta a intereses de todo tipo, Moreno usó un decreto-ley que entró en vigor el 9 de junio y fue luego convalidado por Vox, destinado a medidas urgentes y extraordinarias "dirigidas al sector del turismo" y al "ámbito educativo y cultural ante la situación generada" por el virus.

El diputado Crespo, un mes y medio después, pudo pedirle explicaciones a la consejera por la maniobra en la Cámara. El parlamentario de Adelante Andalucía acusó al Ejecutivo de fomentar "que se especule con esos suelos". "El medio rural es muy frágil. No se puede instalar cualquier cosa. Dar facilidades a la construcción no parece la mejor forma de fomentar el medio rural, sino que esto debería hacerse a través de un plan de fomento rural que se ocupe de las actividades tradicionales", agregó Crespo.

Los argumentos de la consejera

Carazo, en su intervención, abrochó un discurso en el tono y en la forma impecable en el que defendió el fondo del cambio normativo y esquivó, con cierta habilidad política, cualquier arista polémica. No hizo referencia alguna a las consecuencias negativas de esa reforma y de lo que puede implicar en algunos contextos.

En lo que respecta a las formas utilizadas para la modificación legal, ocultándolo en un decreto destinado a otras taras, la consejera se limitó a decir que el cambio era necesario y urgente y que está ahora incluido en la nueva ley urbanística que promueve el Gobierno andaluz y que, por tanto, ahí, durante su tramitación, se podrá debatir al respecto.

"Lo hemos hecho dentro de nuestro empeño de simplificar la norma, aclararla, reducir trámites y dar respuesta a la demanda social y a los nuevos escenarios. Demasiados proyectos se quedaron paralizados por una norma enmarañada, confusa, que ha hecho desaprovechar demasiadas oportunidades. Esta modificación va a permitir que muchos municipios andaluces que hasta ahora se veían atados de manos, puedan dotar a sus vecinos de más y mejores servicios", dijo Carazo.

"Tiene su objetivo: contribuir al desarrollo rural. Lo hace sin comprometer los valores del suelo protegido [y pone] las bases para un nuevo desarrollo rural: tienen que poder tener los mismos servicios. Ese es el objetivo de este decreto, salvaguardando siempre los valores protegidos", agregó la consejera.

"En este momento, tenemos que echar toda la carne en el asador para favorecer la recuperación. Nuestro único objetivo es favorecer ese desarrollo rural conforme a la ley estatal y salvaguardando los suelos. No se eliminan los trámites ambientales, eso es una garantía", remachó Carazo.

"Una cosa es decir una cosa y otra es realizarla. Están vendiendo el patrimonio natural para el beneficio de unos pocos. No compartimos este proceder, primero por las formas, sin dar lugar a debate y participación y segundo, por la desprotección del suelo. No entendemos estos cambios de uso. Si esta es la revolución verde del gobernó de Moreno… Ha habido la intención de cambiar la ley sin debatir con la profundidad que esto conlleva", replicó el diputado Crespo.

La consejera cerró el debate: "No vamos a decaer. El objetivo principal es favorecer la inversión y la creación de empleo en Andalucía".