Carmen Costa, la empresaria que desde junio de 2019 ocupa con una minoría mayoritaria la alcaldía de Fraga (Huesca), le da mucha importancia a la imagen. Quedó claro nada más comenzar la legislatura, cuando una de sus primeras decisiones, adoptada ya en el primer pleno, en julio de hace dos años, consistió en crear una plaza de Social Media Manager, Comunicación e Imagen con un sueldo de 37.310 euros brutos anuales (2.665 mensuales por 37,5 horas semanales) para encargarse, entre otras tareas, de "facilitar a la corporación su relación con los medios de comunicación" y coordinar "los medios y canales de comunicación propios".

Esa preocupación no ha impedido, en cualquier caso, que la imagen del equipo de gobierno fragatino, con su alcaldesa al frente, haya ido deteriorándose como consecuencia de una serie de decisiones que han llevado a la oposición y al vecindario (15.353 habitantes, el cuarto de la provincia), o cuando menos a una parte amplia de ambos, a percibir rasgos asimilables al trumpismo y al ayusismo en su gestión.

"No es el momento de prohibir y sí de tomar otras medidas", dijo Costa cuando el Gobierno de Aragón decidió a mediados de abril, al alcanzar el coronavirus una incidencia acumulada de 462 casos por 100.000 habitantes a catorce días, confinar la ciudad, en la que se han registrado 25 muertes y que el verano pasado llegó a superar los 1.700. Podemos lamentó que la alcaldesa "siga el dictado de Ayuso y dude de las decisiones de las autoridades sanitarias y levante sospechas".

"Mucho circo y poco pan", anota un concejal de la oposición, que se refiere a la alcaldesa como "la Trump de Fraga", un apelativo que en esa ciudad enlaza las particularidades de su gestión con el hecho de que proceda de una de las familias más acaudaladas de la comunidad, los Costa de Fraga, cuyo grupo (Costa Food), centrado en el porcino y la alimentación pero con intereses también en la hostelería, la automoción y el vino, entre otros sectores, opera en más de cien países y supera los 1.500 millones de facturación anual.

La secretaria que cobra más que Lambán y los ministros

La última decisión polémica del equipo del PP de Fraga, impuesta con el apoyo de Compromiso por Fraga (CxF), uno de los dos grupos minoritarios en los que se apoya (el otro es el Par), ha sido una subida de sueldo de más de 30.000 euros a la secretaria general del ayuntamiento, algo que lo sitúa en 90.000, por encima del que percibe el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (87.872) y de 17 de los 22 ministros.

A ese montante se le añaden los casi 22.000 (18.120 de principal y 3.805,20 de IVA) que costó el estudio previo a la decisión, elaborado por la empresa Consultores de Gestión Pública.

"Que se sepa, en su empresa no ponía esos sueldos", ironiza un concejal de la oposición. El PSOE, que votó en contra junto con Podemos y Ciudadanos, criticó en un comunicado la ausencia de "justificación a este desmesurado incremento salarial a un solo funcionario municipal sin tener en cuenta al resto de trabajadores y más si se tiene en cuenta la situación económica actual". "Esta maniobra da que pensar", añadían.

La decisión, que afecta a una de las funcionarias encargadas de supervisar la legalidad de las decisiones municipales, recibió un apoyo matizado de Cosital, el Colegio de Secretarios, Interventores y Técnicos de Administración Local, el cual, sin avalarla ni rechazarla explícitamente, la describió como una "respuesta defensiva" del consistorio "para captar o sujetar empleados públicos".

Mientras tanto, el interventor advertía en un informe que la decisión podría considerarse irregular al no afectar a toda la plantilla, además de descuadrar las cuentas del ayuntamiento y hacer saltar la regla de gasto en caso de aplicarse subidas de proporciones similares al resto de los trabajadores municipales.

Los hijos de un concejal afín ganan un concurso laboral

El PP solo obtuvo en este asunto el apoyo de los dos concejales de Compromiso por Fraga, un partido local formado hace seis años y tras perder las primarias del PSOE por Ángel Cabrera, cuya familia ha sido noticia en las últimas semanas: poco después de que la web municipal anunciara que esa formación "colaborará de forma activa en la gestión del área de parques y jardines de la ciudad con la supervisión del cuerpo técnico del servicio", un entendimiento "fruto de los acuerdos presupuestarios entre el Gobierno Municipal y CxF", dos hijos del edil obtenían los puestos primero y tercero en el concurso para cubrir las vacantes de peón en ese ámbito, un examen que solo superaron tres de los 22 aspirantes iniciales.

La posterior renuncia del segundo clasificado permitió que ambos se incorporaran a sendos puestos como interinos el 17 de mayo.

Esos asuntos laborales no han sido las únicas decisiones polémicas del equipo de gobierno del PP de Fraga, que ha decidido destinar dos millones de euros a la rehabilitación de un antiguo cine cedido por sus propietarios durante 50 años, otros tantos en reformar una plaza y trasladar la emblemática estatua de la dona de faldetes, en este caso pese al informe desfavorable del Gobierno de Aragón, y algo menos en instalar una pasarela peatonal junto a uno de los puentes del río Cinca.

El grueso de la financiación para esas actuaciones sale del remanente de siete millones del que disponía el ayuntamiento al comenzar la legislatura, que va a quedar reducido a dos, en una cadena de decisiones que ha provocado las críticas de los grupos de la oposición y de una parte de la población.

Un polígono bloqueado mientras se dispara el desempleo

La panorámica de la pequeña ciudad ribereña resulta más inquietante en el plano laboral después de que la principal empresa local, la fábrica de jeringuillas de Becton Dickinson, que genera más de 700 empleos, anunciara que va a ampliar sus instalaciones, pero no allí sino construyendo una nueva planta en Zaragoza.

Eso se suma a la paralización de la plataforma logística de Fraga, cuyo eventual desarrollo está bloqueado en la práctica después de que Costa Food reservara las siete últimas hectáreas del complejo. Del anuncio, realizado en vísperas de las últimas municipales, de construir un matadero de ganado en esos terrenos y en una superficie similar colindante, nunca más se supo.

Ambas situaciones, que coinciden con el anuncio de un proyecto privado para crear un polígono, se dan cuando la ciudad sufre un aumento desbocado del paro: los 364 desempleados del comienzo de la legislatura se habían convertido en 865 al cierre del mes de abril, con el incremento concentrado en el sector servicios, que casi se ha duplicado al pasar de 231 a 422, y en la agricultura, en el que se ha quintuplicado con creces pasa subir de 58 a 303.

Y también, en vísperas de una campaña frutera cuya demanda de mano de obra se ha desplomado tras las heladas primaverales después de haber provocado varios focos de tensión el año pasado: uno, al mantener el ayuntamiento a medio centenar de temporeros a la intemperie durante 42 días en plena pandemia mientras mantenía un conflicto institucional con la comarca del Baix Cinca y el Gobierno de Aragón, ambas gobernadas por el PSOE, y otro, por el derribo de dos asentamientos de personas sin hogar, que ha acabado con una demanda al consistorio por el propietario de uno de ellos.

Carmen Costa llevó al juzgado por injurias al concejal de Cs por las críticas que le dirigió, por la gestión de ese asunto, en un pleno celebrado el pasado verano, aunque el asunto acabó archivado por carecer de relevancia penal.