El militar Milans del Bosch participó en dos golpes de Estado contra la democracia. Uno, el 18 de julio de 1936, que supuso una cruenta Guerra Civil y una dictadura de casi 40 años. Otro, el 23 de febrero de 1981. Entre medias, se fue como combatiente voluntario a la División Azul para luchar junto a las tropas de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, el general Moscardó encabezó el golpe en Toledo y después batalló por diferentes puntos del Estado contra la España republicana. 

Los dos militares permanecen hoy enterrados desde su fallecimiento [en 1997 el primero y en 1957, el segundo] en la cripta del Alcázar de Toledo, un edificio público, declarado Bien de Interés Cultural, sede del Museo del Ejército y símbolo de la heroicidad de los militares golpistas para la dictadura franquista. De hecho, estos dos golpistas no son los únicos que permanecen enterrados en la cripta del Alcázar. Junto a ellos están decenas de militares que participaron en el golpe de Estado defendiendo el Alcázar, lugar donde se atrincheraron los partidarios del golpe de Estado, incluso los que han fallecido recientemente. 

El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, considera que la presencia de los militares golpistas en este lugar, donde se les sigue rindiendo homenajes con misas en su honor, no vulnera la Ley de Memoria Histórica y, por tanto, descarta su exhumación y traslado a otro lugar. La razón esgrimida por el Gobierno es que la cripta "no es visitable por el público general" por lo que no existe "exaltación pública". 

"Dicha cripta es un espacio no incluido en el discurso museológico del Museo del Ejército, por lo tanto su consideración es privada al no ser visitable por el público en general, existiendo un procedimiento de visitas solo para familiares de los enterrados, por el que pueden acceder a la cripta los días en los que el Museo está cerrado al público", señala el Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

Esta respuesta ha sido dada por escrito al senador de En Comú Podemos Joan Comorera, que preguntó al Ejecutivo si tenía "prevista alguna actuación" en la cripta del Alcázar en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La respuesta del Gobierno es que en el Alcázar de Toledo no se produce ninguna vulneración de la citada Ley. Para el senador Comorera esta respuesta muestra que el "actual Gobierno ofrece muchos gestos y palabras, pero no destaca por actuaciones objetivas que supongan un avance en materia de Memoria Histórica". 

"La Ley de Memoria Histórica fue sin duda un avance importante. El problema es que en muchos lugares o bien no se cumple, o bien presenta vacíos que permiten la apología del fascismo y de la dictadura", prosigue el senador, en conversación con Público. 

José Moscardo, enterrado en el Alcázar de Toledo, y Francisco Franco. / ARCHIVO

PP y PSOE lo rechazaron en Castilla-La Mancha

Podemos ya pidió la exhumación de los restos de los militares golpistas de la cripta del Alcázar de Toledo el pasado verano con una Proposición No de Ley (PNL), justo cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que exhumaría los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. El líder del partido morado en Castilla-La Mancha, José García Molina señaló que es una "vergüenza democrática" para el país que "traidores declarados y enemigos de la democracia y de las libertades" estén enterrados en el Alcázar y puedan ser "objeto de culto y exaltación".

La propuesta de Podemos fue rechazada por la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha con los votos de PSOE y Partido Popular. Los dos partidos alegaron que la propuesta no tenía cabida en este Parlamento regional ya que la competencia es del Gobierno central. Sin embargo, desde Podemos no dieron validez a este argumento ya que su propuesta pedía exactamente que las Cortes regionales instaran al Gobierno central, y concretamente al Ministerio de Defensa, a adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo las exhumaciones.

La presidenta del Grupo Parlamentario morado en las Cortes de Castilla-La Mancha, María Díaz, señaló entonces que la negativa de los socialistas a tramitar la citada PNL suponía "una enorme contradicción con la política del Ejecutivo central, con los avances y las medidas que está llevando a cabo el PSOE de Pedro Sánchez en el Gobierno de la nación”. 

Ahora, sin embargo, la postura del Gobierno central y del PSOE de Castilla-La Mancha coinciden: los restos de los militares golpistas enterrados en el Alcázar de Toledo no se tocan.