El Ayuntamiento de Madrid no tiene previsto recurrir ante el Tribunal Supremo el fallo del Tribunal de Cuentas que ha revocado la condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y siete miembros de su equipo de Gobierno por la venta de casi 2.000 viviendas de protección oficial al fondo buitre Fidere en 2013.

A pesar de que el Tribunal de Cuentas cifró en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por entender que se hizo a un precio inferior al valor mínimo posible, el equipo del alcalde, José Luis Martínez Almeida, no le ve "sentido" a presentar un recurso que le exige toda la oposición y los propios afectados por la venta de los inmuebles.

En declaraciones a los medios tras conocerse el nuevo fallo —propiciado por dos consejeros del Tribunal de Cuentas propuestos por el PP, entre ellos, una exministra del Gobierno de José María Aznar, marido de la excaldesa de Madrid—, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz (PP), ha defendido la "independencia" de la Justicia y ha dicho que prefiere "no entrar en ese juego de la izquierda".

"Acatamos y respetamos absolutamente todas las sentencias y respetamos todas las sentencias, tanto cuando nos gustan como cuando no. Me parece que es una mal camino poner en duda los tribunales, en este caso el Tribunal de Cuentas", ha añadido. Además, ha comentado que "no parece que tenga mucho sentido" presentar un recurso "cuando la Fiscalía también se ha adherido a desestimar este asunto y cuando el propio Tribunal de Cuentas ha hecho esta sentencia".

La portavoz ha subrayado asimismo que con la venta de viviendas hubo "un concurso público y una serie de informes, entre ellos el de la intervención que avalaba ese proceso".

Los afectados tachan de "irresponsable" a Almeida

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Arancha Mejías, ha tachado de "irresponsable" y "muy soberbio" que el Ayuntamiento de Madrid, a través de la EMVS, no se plantee recurrir la sentencia.

Según ha explicado, la asociación no puede recurrir esta resolución porque no están personados en este Tribunal de Cuentas, por lo que "se depende del Ayuntamiento".  "Estamos preocupados porque los que juzguen sean personas afines y muy cercanas a quien tienen que condenar", ha cargado Mejías, que se pregunta preguntándose cómo desde el PP "no se escandalizan" de que una exministra tenga "la última palabra" para exculpar "a la mujer de su presidente".

La presidenta de los afectados ha continuado reprochando a los partidos "que apuntalan" al alcalde de la capital que no le exijan que recurra, en referencia a Ciudadanos. "No están por la labor, eso es más escandaloso. Recurre sentencias que ganan ciudadanos, pero esta no. Es irresponsable y muy soberbio", ha concluido, que ha reconocido sentir "rabia y mucha frustración".

El PSOE y Más Madrid exigen un recurso

La portavoz del PSOE en la comisión de Desarrollo Urbano, Mercedes González, ha instado al Ayuntamiento de Madrid a acudir al Tribunal Supremo por el daño patrimonial a EMVS y ha considerado que esta resolución era esperable porque es "una sentencia de parte".

"Todo queda en casa y no tiene ningún tinte recto", ha asegurado González, quien ha insistido en que la sentencia apelada esta "más que probada" y que los daños patrimoniales son "incuestionables". "Vamos a instar al Ayuntamiento a apelar al Tribunal Supremo para garantizar el Estado de Derecho", ha dicho.

Más Madrid se ha mostrado en la misma posición y su portavoz orgánica, Marta Higueras, ex responsable de la EMVS, ha reclamado también que se eleve a casación ante el Supremo este fallo "por decencia y regeneración democrática". Por su parte, Rita Maestre, la portavoz del partido, ha criticado que haya sido una sentencia dictada por una ex ministra de Aznar y un consejero propuesto por el PP. "No sorprende pero sí avergüenza", ha dicho.