La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha enviado una nota interna a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la que se opone a que se abra una investigación en el Tribunal Supremo al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en relación a la pieza Dina de la causa Tándem.

Según adelanta La Vanguardia, esa nota interna se habría entregado al teniente fiscal Luis Navajas para que lo tenga en cuenta a la hora de redactar su informe definitivo sobre si procede o no abrir causa en el alto tribunal a Iglesias. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha señalado este mismo jueves en un acto organizado por el Colegio de Abogados de Madrid al ser preguntada al respecto, que ella no opina y no participa en el desarrollo del informe que prepara el Ministerio Público al respecto.

Ocho fiscales del Supremo analizarán la exposición razonada y este escrito de Anticorrupción para dar su opinión y orientar el criterio de la Fiscalía de cara al informe que le ha reclamado la Sala Segunda sobre la petición de García Castellón.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press confirman que esa nota interna ha sido enviada a la FGE. En estos momentos, la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo permanece a la espera de ese informe del Ministerio Fiscal, solicitado la semana pasada, para decidir si procede o no ir contra Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito en relación a la pieza Dina.

Los razonamientos de Anticorrupción

Anticorrupción muestra su disconformidad con el dictamen de García Castellón y reitera que la revelación de secretos decae con el perdón de la presunta agraviada, y que ella misma formuló en una carta remitida a Castellón en la que exculpaba a Iglesias de lo ocurrido con la tarjeta.

Sobre el delito de daños informáticos recuerda la existencia de un informe de Policía Científica que concluye que no se puede acreditar que la tarjeta de Bousselham sufriera daños que no fueran los que sufrió al remitirla ella a una empresa especializada para tratar de recuperarla.

La Fiscalía además discrepa con la decisión del juez de enviar este asunto al Tribunal Supremo antes de agotar la vía ordinaria para profundizar en la investigación, en la que García Castellón ha incluido también a no aforados, los letrados de Podemos Marta Flor Núñez, que ha ejercido como abogada de Iglesias y Bousselham, y Raúl Carballedo.

Anticorrupción, que descarta por tanto los delitos de revelación de secretos y de daños informáticos, cree respecto a los de falso testimonio o simulación de delito que García Castellón tendría que haberse inhibido en favor de un juzgado ordinario para, una vez instruido el caso, dirigirse ese otro juez al Supremo si apreciase la posible implicación de aforados en los hechos.

demás de Iglesias, el juez de la Audiencia Nacional ha pedido al Supremo que abra causa a otra aforada, la ex responsable de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo. En este sentido, Anticorrupción reprocha que el magistrado pidiera la investigación de miembros del servicio jurídico de Podemos no aforados sin antes haberles escuchado.

Los indicios del juez Manuel García-Castellón

Estos movimientos en el Ministerio Público llegan después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de Tándem elevara al Supremo exposición razonada al entender que existen indicios para comenzar a investigar tanto al líder 'morado' como a la propia Dina Boussellham, a la vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo, a la expareja de Bousselham Ricardo Sa Ferreira y a los letrados Marta Flor y Raúl Carballedo.

El juez de la Audiencia Nacional señalaba que Iglesias recibió en buen estado del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.

Destacaba que pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, éste se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. El juez cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que el líder de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado.

La devolución de la tarjeta

Otro punto significativo para el magistrado es el hecho de que Iglesias devolviera a la que fuera su asesora la tarjeta inoperativa y, advierte de que si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. "Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento", afirma el magistrado.

Sin embargo, la Policía Científica desvinculó el pasado mes de agosto a Iglesias de los daños en la tarjeta SIM de Dina Bousselham. En un informe remitido a la Audiencia Nacional, asegura que los daños fueron provocados por "el lijado de la cubierta protectora" que "sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria" con una técnica que coincide con la "empleada por los laboratorios especializados" en este tipo de trabajos, ya que para realizarlos se utilizan herramientas específicas como lápices de fibra de vidrio o, también, lijas de "grano muy fino".

Dicha tarjeta llegó a la empresa Recuperación Express, con sede en Gales, el 29 de septiembre de 2017,  y fue enviada por la entonces pareja de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, una vez que la exasesora de Podemos la recuperara. Los técnicos de dicha empresa informaron a García Castellón de que el soporte estaba "físicamente intacto", pero que no pudieron recuperar el contenido del mismo.

Asimismo, el juez indicaba en el escrito que en julio de 2016 un medio de comunicación (OKDiario) publicó durante varios días noticias acompañadas de las imágenes procedentes del dispositivo de Bousselham y que Pablo Iglesias había visto en la tarjeta de memoria. El juez subraya que Iglesias en ese momento tenía acceso a la tarjeta que guardaba en su poder por lo que sabía que se estaban publicando imágenes enviadas a terceros mandadas por la asesora.

En este sentido, afirma que con la única finalidad de desprestigiar a ese medio de comunicación, y a sabiendas del origen de las imágenes publicadas, instó a "los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham, tratando de simular falsariamente, una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015".

De este modo, el magistrado relataba que, bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica del partido, presentaron la desaparición del teléfono "como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en el digital, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos" y así usar de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.

Cronología de los acontecimientos

Lo cierto es que el comisario Villarejo poseía una copia del contenido incluido en la tarjeta SIM de Dina y que fue localizada entre la documentacion incautada en su domicilio. Dicha información coincide con las distintas piezas que publican durante 2016 tanto OkDiario como El Confidencial. De lo que han surgido dudas recientemente es si el comisario recibió de manos de Interviú la copia de la tarjeta o no. 

Dina Bousselham, la entonces asesora de Pablo Iglesias, usaba ese dispositivo móvil tanto para asuntos personales como profesionales. La tarjeta de dicho teléfono contenía, pues, documentación confidencial sobre el funcionamiento del partido y, por las fechas en cuestión, documentación sobre la estrategia de comunicación y de campaña diseñada por el partido morado para las inminentes elecciones de 20 de diciembre de 2015. Aquí se resumen gráficamente toda la cronología del robo de la tarjeta y la posterior difusión de su sensible contenido: