En la Argentina del terror, la muerte no tenía teléfono ni dirección. Podían fusilarte en plena calle, torturarte en un viejo taller de coches, recluirte en el inmundo sótano de algún cuartel… Todo, absolutamente todo valía cuando descendías al infierno. Hubo también otra forma de castigo: condenar a tus familiares a que nunca jamás supieran qué habían hecho contigo. "Es una incógnita el desaparecido (…) No tiene identidad. No está ni muerto ni vivo: está desaparecido", dijo con la crueldad que le caracterizaba el sádico Jorge Rafael Videla.

Incógnitas. Muertos que no mueren. Dolores que no se apagan. Cuando el demonio viajaba en aquellos temibles coches Ford Falcon —los preferidos de los grupos de tareas que aterrorizaban a la población—, las familias de las víctimas no resignaban a quedarse en casa, de brazos cruzados, esperando un milagro. En aquel dramático contexto, muchos salieron a buscar a sus familiares. Quienes tenían sangre ibérica fueron a la Embajada de España a pedir ayuda para estos compatriotas. No valió de mucho. O mejor dicho, de nada.

Heridas que no cierran. Voces que no callan. Público ha tenido acceso a un largo listado de documentos que demuestran, con total crudeza, el "no, no y no" que utilizó la dictadura de Videla ante las peticiones desesperadas que las familias cursaban a través de la diplomacia española. Mientras el Gobierno de Suárez hacía jugosos negocios con la dictadura, cientos de españoles en Argentina se daban una y otra vez la cabeza contra el muro de la impunidad.

Respuesta del Gobierno argentino a la embajada española en Buenos Aires en relación a Felicidad Abadía Crespo.

La tomadura de pelo fue mayúscula. Ocurrió, por ejemplo, en el caso de las hermanas Dominga y Felicidad Abadía Crespo, secuestradas por el régimen argentino en noviembre de 1977. Contaba el padre de ambas que el jefe del operativo —presumiblemente un miembro del ejército— "se dedicó a revisar las habitaciones de mis hijas escuchando yo que lloraban mientras les ordenaba vestirse, escuché también que les dijo 'qué tanto mirar, parece que nunca lo han visto a uno'".

Algunos meses después, la embajada española intercedió ante el ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura para tratar de saber qué había pasado con esas chicas. En una respuesta escrita fechada el 17 de marzo de 1978, "se hace saber a esa Embajada que se continúa con las investigaciones tendientes a determinar el paradero de las mencionadas personas. En cuanto se posea una respuesta sobre el tema, le será comunicado de inmediato". Era, sencillamente, mentira: la militarizada Cancillería argentina jamás movió ni un dedo para tratar de conocer el paradero de las hermanas Abadía. La localización de sus restos sigue siendo hoy un misterio.

El General Leopoldo Fortunato Galtieri, por entonces jefe del II Cuerpo del Ejército, fue algo más explícito durante una reunión que había mantenido un par de meses antes con el cónsul de España en la ciudad de Rosario, Fernando Valenzuela. Según consta en un documento elaborado por este diplomático, Galtieri le hizo ver que los desaparecidos eran bastante más que una incógnita. "Una persona puede desaparecer durante mes o mes y medio, pero si pasado ese lapso alguien no es localizable… bueno, es que ha muerto", soltó.

La dantesca sugerencia de este general no era precisamente la tónica habitual. Por el contrario, la dictadura negó en todo momento a la diplomacia española que pudiese tener la más mínima información sobre los españoles desaparecidos, cuyo número —entre naturales y descendiente— ronda los 700. En ese listado está la andaluza María Gloria Alonso Cifuentes, nacida en la localidad de Trevelez (Granada). La dictadura se la llevó en junio de 1977 por haber cometido un gravísimo "delito": buscar a su hija desaparecida y llorar a sus dos hijos asesinados. En el otoño español de 1982, la "División de Asuntos Sociales Especiales" del ministerio de Relaciones Exteriores seguía negando a la embajada cualquier mínimo dato que permitiese conocer su paradero.

"Al respecto, el ministerio de Interior ha hecho saber, con fecha 11 de noviembre de 1982, que no han surgido modificaciones a lo informado sobre la situación de la causante”, decían desde la Cancillería, e incluso se permitía sugerir que no se había formulado ningún recurso de Habeas Corpus “a favor de la nombrada”.

Derechos humanos "demolidos"

En realidad, ese recurso judicial no valía absolutamente de nada ante el régimen de los militares. Así lo hacía constar el entonces cónsul general de España, Mariano Vidal Tornes, en un documento secreto enviado a Madrid en enero de 1983. “El Habeas Corpus no ha funcionado en Argentina por haber colisionado con las leyes represivas”, destacaba el diplomático. Asimismo, señalaba que “las embajadas interesadas en el esclarecimiento de la situación de los detenidos o desaparecidos” –entre las que citaba a Italia, Alemania y España- “no han comparecido directamente ante los jueces, prefiriendo en vez de someterse al derecho argentino, enviar Notas Verbales, sin excluir la asistencia jurídica de los letrados para la formulación de Hábeas Corpus en nombre de los familiares”.

"Bien se puede hablar de denegación de justicia en Argentina y de demolición de los derechos humanos básicos de los detenidos y desaparecidos”, decía el cónsul en ese informe secreto. A pesar de todo ello, España —tanto bajo el gobierno de Súarez como de Felipe González— mantuvo unas relaciones diplomáticas completamente normales con la dictadura, lo que incluso implicó que se intercambiaran apoyos en organismos internacionales como si de un país democrático se tratase.