La Audiencia Nacional admite la recusación de los jueces cercanos al PP en la causa de Gürtel sobre Jerez

MADRID.- La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la recusación promovida contra los magistrados Concepción Espejel y Enrique López para formar parte del tribunal que juzgará a nueve acusados, entre ellos los presuntos líderes de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo, por irregularidades en las adjudicaciones concedidas que el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) a la red en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004.

El instructor del incidente de recusación, Nicolás Poveda, ha dictado un auto en el que solicita a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar, que acredite las conferencias, seminarios, ponencias o encuentroos en los que hubiere participado el magistrado Enrique López y certifique los honorarios que pudo cobrar por sus intervenciones.

Poveda acuerda admitir a trámite las recusaciones planteadas por las acusaciones populares, ejercidas por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), PSPV y PSM, que consideraron que López y Espejel tienen contaminada su imparcialidad por sus relaciones con miembros del Partido Popular (PP).

López y Espejel se opusieron a ser apartados al tribunal argumentando que no concurren ninguna de las causas legales de abstención ni tienen interés directo o indirecto en la causa, algo que ya dijeron en los casos de la primera época de actividades de la Gürtel y de la supuesta 'caja B' del Partido Popular (PP).

El juez José de la Mata acordó el pasado enero sentar en el banquillo a los dos líderes de la trama y dos de sus trabajadores, Isabel Jordán y Javier Nombela, las interventoras municipales María del Milagro Pérez y Milagros Abascal, el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) José Agüera, la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y al antiguo secretario del Ayuntamiento Manuel Báez.

El magistrado envió al Tribunal Supremo la investigación que llevaba a cabo sobre sobre la exalcaldesa de Jerez y exsenadora María José García Pelayo, cuyo caso archivó el alto tribunal al considerar "creíble" que desconociera todas las irregularidades de los contratos.

La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y nueve meses de cárcel a Correa, Crespo, Jordán y Nombela por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y falsedad en documento mercantil; y siete años de cárcel para Agüera, Báez, Pérez y Montenegro por los mismos delitos menos el último.

Reclama dos años de cárcel para Abascal por prevaricación y fraude a las administraciones, mientras que pide también que todos ellos sean inhabilitados durante 12 años para ocupar cargo público.

El juez De la Mata dio por finalizada la investigación de esta pieza separada del 'caso Gürtel' en un auto dictado el pasado noviembre tras constatar que los contratos se adjudicaron "sin concurso público" e incurrieron en "groseras ilegalidades".

La contratación del stand de Fitur, por importe de 355.391 euros, se adjudicó directamente a tres empresas vinculadas a Correa: Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio. Estas sociedades comenzaron a ejecutar sus servicios incluso antes de que se los adjudicara formalmente el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, un órgano que "no era el competente" para ello.

El juez, que considera que los acusados cometieron un delito de prevaricación continuada, reincide en los argumentos que ya expuso en noviembre y subraya que los contratos y expedientes administrativos se elaboraron una vez finalizada la Feria de Turismo y, en algunos casos, se trataron de "contratos menores sin publicidad".

De la Mata concluye que el secretario del Ayuntamiento y las interventoras suscribieron los documentos para "dar apariencia de legalidad" a las actuaciones; mientras que el entonces director del IPDC, José Agüera, justificó "indebidamente" las memorias del organismo para acudir a un "procedimiento de urgencia" y la empleada Lourdes Montenegro intervino en la elaboración de la documentación incorporada a los expedientes.

De esta forma, las empresas de la Gürtel confeccionaron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de Fitur, con lo que se demuestra que los expedientes "se construyeron" en realidad en febrero de 2004 y que " las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas.

Las firmas de Correa presentaron sus facturas al IPDC y fueron aprobadas por García Pelayo en su condición de presidenta, a pesar de que la competencia correspondía al Consejo Rector. En la aportación de la documentación por parte de las empresas de la Gürtel, participaron Correa y Crespo en calidad de directivos y Jordan y Nombela como trabajadores.

La adjudicación del 'stand' de Fitur y su promoción con publicidad y propaganda llevaron aparejados sendos presupuestos de 162.806,37 y 141.367,56 euros, el espectáculo ecuestre de la Plaza Mayor costó 39.366,92 euros y la muestra de flamenco, 11.855,08 euros.