MADRID.- La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Fernando Andreu de citar como imputados a siete exconsejeros de Caja Madrid que dispusieron de tarjetas 'black', entre los que se encuentran el economista Juan Emilio Iranzo. Todos ellos pertenecían al órgano encargado de fijar la política retributiva y, por tanto, su responsabilidad por un presunto delito de administración desleal resulta, de momento, "lógica" y "coherente" para esclarecer los "suficientes" indicios de criminalidad en su contra.

Pese a que el ex miembro del Consejo Económico y Social (CES) Juan Emilio Iranzo, quería sustituir su comparecencia como imputado por la "declaración de su letrado mediante escrito", la Audiencia ha recalcado que "todos están obligados a comparecer al llamamiento judicial para declarar, excepto el Rey y la Reina, el Príncipe Heredero y los regentes del reino".

Sin embargo, a Iranzo, también exdecano del Colegio de Economistas de Madrid, la Audiencia le ha devuelto el escrito porque carece de “trascendencia alguna” y le ha confirmado su imputación.

Este exconsejero había cargado a su tarjeta gastos por valor de 46.800 euros, incluidas compras en Ikea, ropa íntima en Woman Secret, pub Gayarre y gafas de Vision Lab. Su versión se basa en que la tarjeta era para él un incentivo que formaba parte de su remuneración como miembro de la Comisión de Control de Cala Madrid.

Junto a él, los exconsejeros nombrados a propuesta del PP Juan Emilio Iranzo (46.800), Antonio Cámara (178.000) y Fernando Serrano (78.600), también están imputados. Sucede igual con los propuestos por CCOO Rodolfo Benito (140.600) y Antonio Rey de Viñas (191.500), el exsindicalista de UGT Gonzalo Martin Pascual (129.700) y el exconsejero propuesto por el PSOE Jose Acosta (62.300).

Los magistrados defienden que su llamada a declarar en calidad de imputados no les causa "ninguna indefensión" y añaden que esta audiencia es "imprescindible" para continuar el procedimiento en el que se investigan los gastos personales por valor de 15,5 millones de euros que fueron cargados a estos plásticos opacos al fisco entre 1999 y 2012.

Andreu archivó en abril pasado la causa contra catorce exdirectivos porque estaba prescrita y en mayo sobreseyó el caso de otros doce exdirectivos, entre ellos el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno.

Andreu entendió que no se les podía atribuir un delito de administración desleal como a los exmiembros del Consejo de Administración y del Comité de Control, que aprobaron la concesión de los plásticos. A estos doce, les mantuvo como partícipes a título lucrativo del delito presuntamente cometido por los administradores.