Los nuevos servicios de telefonía móvil, acceso a Internet, servicios de voz, datos móviles y fibra de alta precisión, entre otras prestaciones de telecomunicaciones, le están saliendo al Ayuntamiento de Madrid más caros de lo que marcaba el pliego del contrato formalizado con Telefónica y con Vodafone en marzo de 2019 y que vencerá en 2023, según fuentes del
consistorio. Hasta el punto de haber pagado unos 20 millones de euros de más, según una investigación interna del Ayuntamiento. 

Telefónica se hizo con el grueso del macrocontrato, licitado en septiembre de 2018, por 38.462.000 euros (sin IVA), como adjudicataria de cuatro de los seis lotes en los que se divide el Contrato Mixto de Servicios de Telecomunicaciones y de Suministro de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Madrid. Los servicios adjudicados abarcan desde la gestión de la plataforma corporativa de telefonía municipal y el acceso a Internet corporativo, hasta el cambio de terminales fijos y móviles y servicios de ciberseguridad para las casi mil sedes del consistorio, 4.900 líneas de telefonía móvil y 15.000 terminales fijos. El valor global de este macrocontrato asciende a 74,5 millones de euros.

La compañía Vodafone resultó adjudicataria del lote 3, dedicado a servicios de fibra oscura de altas precisiones, con su oferta de 1,6 millones, sin impuestos.  

La consultora Deloitte obtuvo en el concurso público el lote 6, por 1,2 millones de euros para coordinar y gestionar todo el contrato, después de ganar a cinco empresas, entre ellas, Altran e Informática del Corte Inglés. En este caso la función de Deloitte es la de una oficina técnica: debe vigilar que los adjudicatarios cumplan en plazo lo establecido en el contrato. 

Informes sin firmar y sin membrete

Según ha podido constatar Público, a finales de 2019 el organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), dependiente de la Coordinación General de la Alcaldía, comenzó a detectar informes "irregulares" de Deloitte, ya que iban sin firmar por el responsable de la oficina técnica y sin membrete de la compañía. 

Este macrocontrato está gestionado por la subdirección general de Telecomunicaciones del IAM, que recibe mensualmente un informe de Deloitte sobre los trabajos que se han realizado en ese periodo y la facturación por esas tareas. En ese informe de la consultora deben constar las penalizaciones para los adjudicatarios en caso de demora en los plazos previstos para la implantación de los nuevos servicios. Los técnicos del organismo municipal revisan los informes antes de dar el visto bueno. Esta es la manera habitual de proceder en la contratación pública.

Pero aquellos informes de Deloitte no respondían a los cánones habituales, algo que levantó las sospechas de los técnicos municipales, que al profundizar en su investigación descubrieron que la consultora no estaba evaluando el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) ni en cuanto a la calidad ni en la disponibilidad de los servicios, según explican fuentes del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, la directriz que recibieron dichos técnicos municipales era que había que confiar en los informes de los adjudicatarios, es decir, Telefónica y Vodafone, mientras no se dispusiera de herramientas de verificación, que tenía que aportar Deloitte, tal y como figuraba en el pliego de condiciones del concurso público. 

Tras el verano de 2020, el asunto llegó a la Inspección de Servicios del Ayuntamiento de Madrid, una subdirección dependiente de la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos y que actúa como ente inspector ante cualquier anomalía; algo así como el departamento de Asuntos Internos de la Policía. Inspección de Servicios abrió una investigación interna, que detectó numerosas irregularidades en la gestión del contrato por parte de las empresas adjudicatarias y la oficina técnica, tal y como ha podido saber este diario. 

Diez millones pagados de más que se duplicaron en 4 meses

Inspección de Servicios pudo estudiar las facturas existentes hasta septiembre de 2020 en una primera fase de investigación, y la suma de los conceptos facturados "indebidamente" –ya que los servicios a los que hacían referencia no habían sido implantados– ascendía en esa fecha a los diez millones de euros; la mayor parte de ese importe correspondía al lote 1 del contrato, es decir, a servicios de interconexión de datos, acceso a la red pública de voz fija, acceso a Internet y otros trabajos relacionados, que habían sido adjudicados a Telefónica de España, S.A.U. 

La investigación interna prosiguió hasta comienzos de este año, cifrando el dinero facturado "indebidamente" y el beneficio de los adjudicatarios en torno a los 20 millones de euros; una cantidad que, según las fuentes de Público, el consistorio gobernado por José Luis Martínez-Almeida habría perdido por no haberse aplicado correctamente los parámetros para vigilar el desarrollo del contrato. Y también por no haberse corregido a tiempo las irregularidades advertidas, primero por los técnicos de Informática del Ayuntamiento de Madrid y constatadas, después, por los inspectores municipales, aseguran estas fuentes. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) de este contrato establece que el adjudicatario sólo puede facturar servicios que estén operativos, previa certificación a través de pruebas de validación que tiene que efectuar la oficina técnica, dirigida en este caso por Deloitte. La realidad es bien distinta. Así ocurrió, por ejemplo, con el NAC (Network Access Control), una tecnología de control de acceso a la red, dentro del capítulo de Ciberseguridad adjudicado a Telefónica, según explican las fuentes municipales. 

Penalizaciones muy bajas por retrasos

La ingente cantidad supuestamente "perdida" de las arcas municipales por la gestión de este contrato ha generado un escándalo en el seno del Ayuntamiento de Madrid. Las fuentes que conocen el caso explican que a los adjudicatarios se les han aplicado penalizaciones muy por debajo de los importes que marca el Pliego de Prescripciones Técnicas. Así, por ejemplo, en el capítulo de Interconexión de datos, Telefónica facturó 6 millones de euros y se le aplicó una penalización de 200.000 euros por retraso, cuando se le habría tenido que penalizar con 1,5 millones menos en la facturación, según explican esas fuentes municipales.  

Telefónica de España asegura a Público que, pese a la complejidad del contrato y de su gestión, "no le consta ninguna irregularidad".

Como es preceptivo, la investigación interna del consistorio llegó a los responsables del departamento afectado, en este caso el Área de Gobierno de Hacienda y Personal. Entre los que recibieron el informe con la investigación figuran las jefaturas de Planificación de Recursos Humanos y la de Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos, así como los responsables de la Concejalía de Hacienda. Según ha podido saber Público, el informe también se envió a la Intervención General del Ayuntamiento. 

Entre las recomendaciones recogidas en la investigación interna, destaca la de trasladar las irregularidades detectadas a los servicios jurídicos del consistorio por si aprecian presuntos delitos. También se insta a efectuar una auditoría independiente a nivel técnico y financiero por parte de un organismo público. 

Sin embargo, tres meses después, las fuentes citadas no tienen constancia de que dichas irregularidades se hayan puesto en manos del servicio jurídico y no se ha tomado ninguna medida por la presunta mala gestión del dinero público. El único cambio observado ha sido la sustitución por parte de Deloitte de su responsable de la oficina técnica, según informan fuentes del Ayuntamiento.

Contrainformes en un proceso interno de investigación

En su respuesta a Público, el Ayuntamiento de Madrid indica que en estos momentos hay en marcha un proceso interno de investigación y que no puede comentar nada al respecto, al tratarse de una "información reservada": "Cuando finalice el proceso interno de investigación, el Ayuntamiento tomará las medidas que procedan en su caso". 

En ese "proceso interno" al que se refiere el consistorio se incluyen contrainformes que podrían decidir la versión final que aporte el equipo de Gobierno de Martínez-Almeida sobre la gestión de este macrocontrato.

"El contrato está en vigor y bajo su amparo se ha permitido implantar el teletrabajo en el Ayuntamiento durante la pandemia", explica un portavoz del consistorio a este diario, y añade que "es un contrato muy complejo, heredado de la anterior Administración". No obstante, las irregularidades detectadas por los funcionarios municipales no se refieren a las condiciones del contrato sino a la gestión del mismo. 

Pero, ¿cómo ha podido ocurrir en el Ayuntamiento de Madrid una supuesta negligencia de estas proporciones? Las fuentes consultadas por Público señalan que el problema ha radicado en Deloitte como gestor de la oficina técnica de este contrato. La facturación mensual propuesta por la consultora se ha basado en datos aportados por los propios adjudicatarios, Telefónica y Vodafone, a través de "declaraciones responsables". Y la oficina técnica no ha verificado de manera correcta esos datos, apuntan dichas fuentes. Desde Deloitte han comunicado a Público que "no podemos hacer comentarios por la política de confidencialidad que seguimos con nuestros clientes".

Fiarse de los datos de los contratistas

Según la investigación interna de los inspectores municipales, la consultora, que ya ha facturado al consistorio 400.000 euros de un montante total adjudicado de 1,2 millones, no constató, por ejemplo, el retraso en la
implantación de las plataformas SMS, pero este servicio se facturó como si se hubiera puesto en marcha en el plazo marcado en el PPTP. 

Así, Deloitte no habría verificado por sus medios, a través de sus propias herramientas tecnológicas, el cumplimiento del contrato, dando en su lugar por válidas las notificaciones de cumplimiento que le hacían llegar directamente los
contratistas, Telefónica y Vodafone. Esta última compañía asegura que no le constan irregularidades. "Vodafone sólo tiene adjudicado el 5% del contrato y hemos cumplido con el pliego", dice un portavoz.

Algo que incumple lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación, según el cual es obligación de la oficina técnica "realizar el control de la adecuada prestación del servicio por parte de los adjudicatarios de los distintos lotes, utilizando herramientas de supervisión ad hoc, que garanticen de manera objetiva y transparente el desempeño del contrato". 

A tenor de lo sucedido, el papel de Deloitte en este contrato parece más bien el de correa de transmisión entre los contratistas y el Ayuntamiento de Madrid. Según fuentes conocedoras del caso, los responsables de la oficina técnica
gestionada por la consultora admitieron que no certificaban si los datos aportados por los adjudicatarios eran correctos, sino que los ponían a disposición del organismo Informática del Ayuntamiento de Madrid, junto con los acuerdos recogidos en el PPTP. Pese a este presunto incumplimiento, Deloitte no ha sido sancionada con penalizaciones en su facturación.