La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso vuelve a ir a la contra del Gobierno central. Con la nueva ley de educación (LOMLOE) —conocida como ley Celaá— a punto de tramitarse, la dirigente conservadora ha anunciado este martes que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tramitará un decreto para elevar a diez años la duración de los conciertos educativos en la Comunidad de Madrid. Actualmente los conciertos tienen una duración de seis años.

Ayuso ha manifestado su intención de cambiar la Ley Orgánica de Educación para poder elevar la duración de los conciertos de los colegios. "Hemos decidido que para dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada vamos a alargar estos conciertos hasta diez años de modo que no vencerán dentro de dos años, sino dentro de seis y tendrán, por tanto, más tiempo para seguir optando libremente a este modelo educativo", ha expuesto la presidenta de la región en un acto sobre la firma de un protocolo para promover el producto autóctono.

La patronal de la concertada se ha opuesto de manera taxativa a la nueva norma del Gobierno y ha auspiciado protestas bajo la proclama de "Eliminan la concertada". Una campaña contra la ley, alimentada por las derechas, que tiene un largo recorrido. Sin embargo, el texto no propone ninguna reforma que acabe con la educación concertada, sino que incluye un paquete de medidas destinadas a corregir la segregación del alumnado por razones socioeconómicas, por sexo u otros motivos.

La presidenta madrileña ha señalado que "la duración de la educación obligatoria actualmente es de diez años" y, por eso, es "muy acertado" ampliar este plazo de vigencia de los conciertos para "darles más garantías a las familias madrileñas". Uno de los puntos clave de la LOMLOE es que prohíbe ceder suelo público para la construcción de centros concertados; ahora solo permitirá hacerlo con los públicos. Los colegios concertados de la Comunidad de Madrid han sido, históricamente, los grandes beneficiados de este acuerdo.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ya anunció el pasado sábado que las comunidades autónomas en las que gobiernan los conservadores van "sortear" la ley y adelantarán los plazos de inscripción de los estudiantes para el curso 2021/2022 para no tener que aplicarla. A juicio de la ministra de educación, se trata de "una estrategia política que busca confundir a la ciudadanía".