El presidente de la Diputación de Ourense y presidente del PP en esa provincia, Manuel Baltar, ha empezado a complicar la sucesión de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, reclamando una vicepresidencia en la ejecutiva del partido en la comunidad.

Según ha podido saber Público, Baltar habría puesto esa condición para aceptar que el previsible sucesor de Feijóo al frente de la Xunta, su vicepresidente primero en el Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, lo sea también al mando del partido en Galicia. De lo contrario, Baltar exigirá que el nuevo líder de los populares, y por lo tanto candidato a las elecciones del 2024, se elija en un congreso al que él no descartaría entonces presentarse como alternativa.

De momento, Baltar ha sido el primero en el PP en reconocer públicamente que Rueda será el próximo jefe del Ejecutivo gallego. "Feijóo dijo que haría lo previsible, y lo previsible es que le corresponda [presidir la Xunta] al vicepresidente primero". Pero acto seguido advirtió de que la sucesión al frente del partido debe consolidarse en un congreso extraordinario.

Rueda respondió al día siguiente que agradecía "la confianza" de Baltar, pero fuentes de su entorno y también próximas al de Feijóo admiten que la entrada en liza del presidente ourensano no les ha sentado bien. "Una imagen de desunión y conflicto puede dañar al partido de cara a las municipales", alertan.

Feijóo pretendía que nada se moviera en el partido hasta que él lo dijera. De hecho, ha anunciado que presentará su renuncia a la presidencia de la Xunta "en las próximas semanas" -firmó su dimisión de la presidencia autonómica del partido el pasado 31 de marzo-, pero que no entregará su acta de diputado hasta que pueda votar a su heredero. 

También, previsiblemente, el Parlamento de Galicia celebrará la investidura el mes que viene.

Lo cierto es que a Baltar no le conviene esa sucesión exprés para situar a Rueda en la Xunta al mismo tiempo que al frente del PPdeG, al menos sin garantizarse cierta fuerza en la nueva dirección. Porque en el partido son conscientes de que el vicepresidente no goza del carisma ni de la atracción electoral de su antecesor.

Una reciente encuesta de Sondaxe le daba a Rueda un nivel de conocimiento de apenas el 45,9%, después de trece años de presencia continuada en sus gobiernos, los últimos nueve como vicepresidente. A enorme distancia de la portavoz nacional del BNG y líder de la oposición, Ana Pontón, a quien, según ese sondeo, conocen más del 80% de los gallegos. Pontón estaría además casi al mismo nivel que Rueda en valoración ciudadana: un 5,29 frente a un 5,38.

Feijóo se encuentra ante varias disyuntivas. Primero, la necesidad de entregar cuanto antes a Rueda las riendas tanto del partido como de la Xunta para asegurarle capacidad suficiente para construir su propia imagen no sólo de cara a las autonómicas, sino también a las municipales.

Un mal resultado en Galicia dejaría tocada su imagen como líder estatal, y lo cierto es que ni siquiera con él al frente ha podido el PP contener la sangría de poder urbano.

Los populares gallegos no tienen ninguna de las grandes alcaldías -la villa más grande donde hay alcalde del PP es Arteixo, con 30.000 habitantes-, y de las cuatro diputaciones provinciales, sólo la de Baltar es del PP.

Por otro lado, Feijóo es consciente del poder de Baltar y de que es fundamental mantenerle contento para conservar la unidad del partido.

El presidente provincial ha fortalecido la red clientelar que heredó de su padre gracias a la capacidad inversora y de contratación de la Diputación, y ya ha advertido en más de una ocasión de que el PP de Ourense no es "una sucursal" de nadie.

En el congreso en el que accedió al cargo en 2010, Baltar se llevó por delante al candidato de Feijóo y Mariano Rajoy. En el último, en 2021 ganó sin rival con más del 99% de los votos.

Desde aquel cónclave de hace casi doce años, Feijóo siempre se ha plegado a sus exigencias, e incluso ha aceptado que el PP gobierne en la capital con el histriónico Gonzalo Pérez Jácome para garantizar el apoyo de éste en la Diputación, incluso con el coste electoral que ello puede suponer.