Unidas Podemos quiere que el Gobierno legisle para evitar que las empresas puedan cargar de manera indirecta los impuestos que deben pagar a los consumidores. Por este motivo, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido este martes a su socio en el Ejecutivo la creación de un "delito fiscal" que persiga este tipo de prácticas.

Belarra ha anunciado esta petición durante su intervención en los cursos de verano que la Universidad Complutense de Madrid celebra en San Lorenzo de El Escorial. La líder de Podemos participa junto a la politóloga y profesora en la Universidad de Westminster Chantal Mouffe en la mesa 'De la pandemia a la guerra de Ucrania: democracia, derechos y paz'.

La propuesta de Podemos llega después de que el presidente del Gobierno anunciara la pasada semana, durante el debate del estado de la nación, la creación de un impuesto a la banca que se suma a la ya anunciada creación de un impuesto a las grandes empresas eléctricas.

En el Ejecutivo de coalición y, en concreto, en el Ministerio de Hacienda, estudian las posibles fórmulas para evitar una práctica que ha sido común entre las grandes corporaciones cuando se han visto afectadas por la subida de algún tributo: la repercusión de este coste en los consumidores a través de la subida de cuotas, intereses u otros conceptos.

Para la ministra de Derechos Sociales y para Unidas Podemos, la respuesta reside en la creación de un delito fiscal que penalice a las empresas que se zafan de la subida de impuestos a través de su cargo de manera indirecta en los consumidores.

"Las grandes empresas energéticas están amenazando al Gobierno y a la ciudadanía con repercutir la subida de impuestos a los ciudadanos El Gobierno no puede flaquear, y una de las cosas que le vamos a proponer al PSOE es que se cree un delito fiscal por repercusión de impuestos", ha explicado Belarra.

Además, ha añadido, este delito fiscal tendría un agravante en el caso de las empresas que operan en sectores considerados estratégicos (como es el caso de las grandes corporaciones eléctricas, que han obtenido importantes beneficios en el último año y medio como consecuencia del encarecimiento del precio del gas).

La ministra de Derechos Sociales ha reiterado que considera que el discurso y las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en el debate del estado de la nación evidencian un "cambio de rumbo" en el Ejecutivo, pero ha insistido en que la "verdadera prueba del algodón" de ese cambio tendrá lugar en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

En este sentido, ha pedido que las cuentas incluyan, entre otras medidas, el límite de precio a los carburantes, la ampliación a 6 meses de los permisos de maternidad y paternidad, una renta universal por crianza, inversión real en dependencia o una inversión de al menos 800 millones en políticas de cuidados y conciliación.