El Partido Popular de Madrid, con Esperanza Aguirre al frente, ingresó a través de su 'caja B' hasta cinco millones de euros en negro entre los años 2007 y 2011, que destinó a sufragar tres procesos electorales. Así lo avanza este viernes la cadena SER, según la información intervenida con motivo de la operación Púnica por la Guardia Civil en el registro del domicilio del exgerente del partido, Beltrán Gutiérrez.

Fue en 2007 cuando esta financiación ilegal alcanzó su máximo apogeo. Ya que de cara a las elecciones autonómicas de ese año, el partido dirigido por Aguirre gastó cerca de 3 millones en negro, según constata en la caja B. Sin embargo, ante el Tribunal de Cuentas declaró 2,7 millones de gastos. Así, el gasto real, sumando ambas contabilidades fue de casi 6 millones de euros para unas elecciones en las que Aguirre logró su victoria más aplastante, con una ventaja de 20 puntos sobre el PSOE.

Para los dos convocatorias electorales siguientes, los gastos que figuran en la contabilidad B incautada a Beltrán Gutiérrez son muchos menos cuantiosos. Tanto en las generales de 2008 como en las autonómicas de 2011 se gastó en negro poco más de 1 millón de euros, en cada proceso. A esto hay que sumar el dinero declarado al Tribunal de Cuentas. En el caso de 2011 fueron 3 millones. Este descenso se debió a la entrada en vigor, en julio de 2007, de la nueva ley de financiación que endurecía las donaciones y aportaciones.

La caja b electoral del PP en Madrid se nutría con el dinero que la administración autonómica dedicaba a los grupos parlamentarios mediante facturación falsa, con partidas de publicidad de hospitales, pagos directos o a proveedores de servicios al PP por parte de decenas de contratistas con la administración, y a través de Fundescam.

Estas informaciones no hace más que constatar las exclusivas que Público ya ofreció en 2009 y 2010, que revelaron el sistema de financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam. Según los documentos a los que en su día tuvo acceso este diario, el PP de Madrid falsificó facturas con el fin de encubrir la financiación de las campañas de 2003 que terminaron con el tamayazo y el consiguiente Gobierno de la Comunidad en manos de Esperanza Aguirre con el fin de burlar la Ley Electoral y la de Partidos.

Ahora, el juez Eloy Velasco considera que la financiación del PP a través de Fundescam pudo haberse mantenido hasta 2011, por lo que los presuntos delitos anteriores no habrían prescrito.