Acaban de cumplirse tres años desde que Patricia López publicó en este diario la primera exclusiva sobre la conspiración montada entre los comisarios Eugenio Pino –entonces Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO)– y José Villarejo, con el tertuliano Eduardo Inda para desprestigiar a Pablo Iglesias y a Podemos. Y exactamente en el tercer aniversario de aquella información –que le costó a ella una querella sin precedentes del propio DAO– la Fiscalía Anticorrupción pedía medidas cautelares contra Pino, incluida la entrega del pasaporte y prohibición de salir de España, que ha impuesto el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. al otrora todopoderoso número dos de la Policía Nacional.

En este momento, la Justicia actúa con el que fuera –pocas dudas caben ya–cabecilla de la brigada política que se montó en la cúpula de Interior con el ministro Jorge Fernández Díaz, a raíz de la operación Kitchen por la que el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, actuó de confidente de la Policía y cobró 48.000 euros de fondos reservados a cambio de sustraer los documentos que incriminaban al PP. Todo ello por orden del DAO y siguiendo instrucciones del ministro, según ha confesado ante el juez el socio y cómplice de Villarejo, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, El Gordo.

Pero aquella operación de cocina –como la denominó en inglés el propio Villarejo– para encubrir desde la cúpula de la Policía los delitos del partido en el Gobierno no era más que uno más de los innumerables montajes policiales que organizó aquella brigada política encabezada por Pino para atacar a los rivales del PP e intoxicar los medios de comunicación con la complicidad de algunos periodistas. Fue también Público el medio que –cinco meses después de aquella exclusiva inicial– tiró de la manta de las cloacas de Interior al difundir las grabaciones del ministro Fernández Díaz conspirando en su despacho oficial.

El escándalo político y mediático consiguiente se saldó sin imputados porque hasta la Fiscalía del Supremo echó tierra al asunto y las comisiones de investigación creadas al efecto por el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya no remitieron sus contundentes conclusiones a la Justicia para que investigara los hechos, a pesar de asegurar que el Ejecutivo había empleado recursos públicos de Interior para cometer delitos contra políticos y partidos, así como para encubrir su propia corrupción.

Tras ser citados a declarar ante las comisiones parlamentarias, los mandos policiales y políticos del PP se dieron el lujo de mentir bajo juramento a los representantes de la soberanía popular o de no comparecer, incumpliendo en mandato constitucional que les obliga a rendir cuentas a la cámara de diputados de Catalunya.

La Justicia siguió sin emprender indagaciones sobre lo que a presuntamente es una gigantesca trama mafiosa organizada desde la cúspide del poder ejecutivo y con ramificaciones en el judicial, económico, mediático y cualquiera que suponga poder. Hasta que en 2017 el comisario ya jubilado Villarejo fue detenido junto con otro mando policial, Carlos Salamanca, meses después cayó el ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCAO), Enrique García Castaño; el comisario Andrés Gómez Gordo, policía de cabecera de la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal; y a la que ahora se suma el jefe de todos ellos, Eugenio Pino. El ex número dos de la Policía está también imputado por introducir un pen drive producto de un robo en la causa contra la familia Pujol, que podría haber contaminado la causa, y junto a él otro de sus hombres, Bonifacio Díaz.  

Sin embargo, y así lo apuntan las conclusiones de las comisiones de investigación acerca de los trabajos de esta presunta organización criminal contra políticos durante los años de gobierno del PP, los verdaderos responsables serían Pino, en el nivel policial, y Fernández Díaz, en el político. O el propio Mariano Rajoy si hemos de creer lo que él mismo dijo: "El presidente del Gobierno lo sabe".

Fake News: el "Informe PISA" y el pago en las Granadinas

A Eugenio Pino se le acumulan las causas, además de las actuaciones ilegales de la brigada política policial a su mando en los papeles de Bárcenas o la causa Pujol, Pablo Iglesias ha recurrido el archivo de su denuncia contra Pino por la campaña contra él, en base a supuestos pagos de Venezuela recogidos en un falso "Informe PISA". Sirviéndose de comentaristas afines como Eduardo Inda, se llevó a todas las tertulias una copia impresa de ese montaje policial, agitándolo ante las cámaras a sabiendas de que era un bulo.

Iglesias denunció el pasado 30 de octubre a Eugenio Pino, Eduardo Inda y su empresa Dos Mil Palabras SL por la publicación (el 6 de mayo de 2016, en OKdiario) de la noticia falsa "El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014". En el escrito se explica que "la Orden de Pago publicada por OKDiario fue elaborada con retazos de un vídeo de youtube colgado por una periodista venezolana residente en Miami", tal como demostró una investigación de eldiario.es, 

De hecho, Iglesias ya interpuso pocos días después de la publicación de ese bulo en OKdiario una demanda civil de protección del derecho al honor contra Inda, su empresa y el firmante de la falsa noticia, Francisco Mercado. Y el tertuliano de La Sexta y de Ana Rosa Quintana respondió solicitando la declaración testifical de Pino (entonces todavía DAO de la Policía Nacional) para que explicase que fue la propia Dirección Adjunta Operativa la que proporcionó personalmente a Inda esa información fabricada, que jamás ha podido ser verificada porque era rotundamente falsa.

El DAO Pino mintió al juez sobre su relación con Inda

Como explica la última denuncia de Iglesias:

La sentencia recaída en dicho procedimiento civil desestimó las pretensiones de esta parte entendiendo que si existía una presunta investigación policial respecto a este pago, la noticia podía considerarse veraz, si bien no implicaba que fuera verdadera. Y así lo confirmó posteriormente la Audiencia Provincial, estando en la actualidad la resolución definitiva pendiente de amparo en el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, no existía ninguna investigación policial en curso en la fecha de los hechos. Lo que existía era una connivencia entre ciertos agentes de la policía para fingir realizar una investigación policial y OKDiario para publicarla unos días antes de las elecciones generales.

A) Hasta la fecha, y ha sido solicitado por diversas vías, no se tiene constancia de ninguna investigación policial al respecto previa a la publicación de la noticia. No se tiene constancia de ningún expediente, atestado, diligencias policiales, etc. de ninguna clase en ningún órgano y tampoco ninguna unidad policial ha confirmado ser la responsable de dicha supuestas investigaciones. Y eso que han pasado casi tres años.

Únicamente contamos con las declaraciones testificales del Sr. Inda y del Sr. Eugenio Pino, exDAO de la Policía.

Así, preguntado por estas pesquisas policiales en el juicio oral del P.O. 376/2016 del Juzgado de 1ª Instancia 84 de Madrid, el Sr. Eugenio Pino declaró de forma extremadamente vaga e imprecisa, e incluso mintió abiertamente al Juzgado, sobre estas investigaciones policiales y sobre su relación con el Sr. Eduardo Inda.

En resumen, Pino presentó un testimonio pleno de contradicciones y que después ha demostrado ser falso, sólo para proteger a Inda, quien paseó durante semanas esa falsificación por los platós de TV, acusando estentóreamente al líder de Podemos de ser "delincuente, falso patriota, espía chavista, mentiroso, defraudador fiscal" y mucho más durante toda una primavera electoral. Hasta José María Aznar ha esgrimido ese bulo este último septiembre durante su comparecencia ante la Comisión Parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, como réplica a las acusaciones de corrupción en su partido.

Y todo ello –que ha llevado a gran parte de la opinión pública a creer de buena fe esa fake news, jamás acreditada– con el objetivo de socavar las opciones electorales de Podemos, a costa de cometer los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público y mercantil, y calumnias con publicidad. Delitos por los que finalmente tendrá que responder el exDAO y cabecilla de las cloacas de Interior.

Porque, tres años después, ya no cabe duda de que se produjo "una utilización ilegal y fraudulenta de los medios técnicos, humanos y financieros del Cuerpo Nacional de Policía para crear un informe ilícito dotado de la apariencia de investigación policial sin sustento alguno para que el medio OKDiario lo difundiera y encubriera así el origen ilícito del mismo", subraya la nueva denuncia judicial.

Pero ésa no es la única demanda ante los tribunales que pone de manifiesto la conspiración del entonces DAO con el comisario Villarejo y el tertuliano Inda para intoxicar a la opinión pública. El pasado 4 de diciembre, la formación morada interpuso recurso de reforma contra el auto de 27 de noviembre con el que la jueza Pilar Martínez Gamo trató de poner punto final al caso del Pequeño Nicolás.

La compleja maniobra para invalidar el 'caso Nicolás'

Y en ese recurso se expone cómo Eugenio Pino Sánchez cometió, presuntamente, los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de actuaciones procesales secretas; de coacciones al inspector jefe encargado de investigar los hechos; de encubrimiento, prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio. Todo ello como parte de una compleja estrategia con Villarejo y el mismo Eduardo Inda para grabar y luego difundir una reunión confidencial entre mandos policiales y agentes del CNI, con el propósito de invalidar todas las actuaciones del procedimiento.

Pino ha sido también procesado por el caso del pendrive fantasma de las cuentas de los Pujol, imputado una vez más por los presuntos delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio. Y la acusación popular que ejerce Podemos en ese caso solicita 10 años y medio de prisión para Eugenio Pino y para el que fuera su mano derecha, Bonifacio Díaz Sevillano, quien continúa en servicio activo.

En resumen, de las diferentes causas judiciales a las que ahora se tiene que enfrentar Eugenio Pino se deduce que, siendo Director Adjunto Operativo, utilizó ilícitamente medios policiales –tanto humanos como técnicos y económicos– para
lanzar operaciones policiales sin fundamento legal ninguno y sólo en base a móviles políticos, ocultando las identidades de los agentes y unidades que participaron en esos operativos sin cobertura judicial ninguna.

En definitiva, Las cloacas de Interior constituían una organización criminal en la cúpula de la Policía que se dedicaba a malversar fondos públicos para cometer cohechos, denuncias falsas, coacciones y otros delitos con el objetivo de destruir a rivales políticos y encubrir la corrupción del PP.

Exactamente lo que lleva varios años denunciando Público a través de innumerables exclusivas que se han ido demostrando ciertas, una tras otra.