CatalunyaLa Audiencia Nacional ordena investigar los teléfonos de Trapero, Sànchez y Cuixart y las cuentas de ANC y Òmnium

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado investigar a la Guardia Civil los mensajes SMS y el tráfico de llamadas del jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero y de los presidentes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, con el fin de investigar su implicación en un supuesto delito de sedición cuando una multitud cercó la consellería de Economía durante un registro judicial ordenado el 20 de septiembre por un juez de Barcelona.

La Audiencia Nacional pedirá también toda la información financiera de ANC y de Òmnium Cultural, ya que este viernes se ha conocido además que la magistrada ha rechazado recurso de reforma interpuesto contra esta decisión, según fuentes jurídicas.

La magistrada, titular del Juzgado Central de Instrucción 3, confirma además la incorporación al sumario del último atestado de la Guardia Civil, de 300 páginas y con abundante material audiovisual.

La juez Lamela ha accedido a la petición de la Fiscalía de remitir a la Consellería de Interior de la Generalitat las medidas cautelares que acordó sobre el mayor de los Mossos d'Esquadra y su número dos, Teresa Laplana. El ministerio público solicitó esta notificación "a los efectos legales que sean oportunos".

Fuentes jurídicas informan que Trapero y Laplana ya han entregado sus pasaportes a la juez Lamela y han facilitado un domicilio y teléfono, aunque el mayor de los Mossos intentó dar como domicilio el lugar de su trabajo en Sabadell (Barcelona), algo que no aceptó el Juzgado Central. Ambos han solicitado que la información de sus domicilios se custodie en un sobre cerrado.

La Fiscalía anunció este jueves que no recurrirá la libertad de Trapero y Laplana, a pesar de que para el primero había pedido prisión incondicional y para la segunda prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros.

El ministerio público sostiene que no es una decisión definitiva porque la causa sigue en investigación y tiene además previsto ampliar la denuncia a la actuación de los Mossos y la organización y celebración del referéndum del 1 de octubre que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.