Paso adelante importante, pero no definitivo, para que Catalunya cuente con unos nuevos presupuestos de la Generalitat para el próximo año. Govern y En Comú Podem han firmado este miércoles por la tarde un acuerdo para la aprobación de las cuentas, por lo que el ejecutivo ya dispondría del apoyo de 41 diputados para que sean una realidad. Aún lejos, sin embargo, de la mayoría que le garantizaría su aprobación y que requiere también un acuerdo con PSC o Junts per Catalunya.

Tras semanas de negociación, el pacto entre el Govern y En Comú Podem se ha sellado en un documento de 16 páginas que han firmado el presidente, Pere Aragonès, y la coordinadora general y líder parlamentaria de los Comuns, Jéssica Albiach, con el plan de choque social, el impulso tanto de la transición energética como del transporte público o mejoras en la sanidad –sobre todo en la atención primaria– y en vivienda como principales elementos. En cambio, no existen grandes modificaciones en materia fiscal, un factor que puede facilitar el entendimiento posterior con socialistas o Junts, dos formaciones que se oponían a incrementar los impuestos a las rentas altas, una medida redistributiva que en principio demandaban los Comuns.

Es el segundo año consecutivo que En Comú Podem llega a un acuerdo presupuestario con el Govern, si bien a diferencia del año pasado –cuando Junts formaba parte del ejecutivo– ahora su voto no es suficiente para aprobarlos. El documento también establece la creación de una comisión seguimiento del acuerdo, formada por tres miembros del Govern y tres de los comuns y que deberá reunirse, como mínimo, trimestralmente. Desgranamos los principales elementos del pacto.

Plan de choque social

El acuerdo cifra en 555 millones el plan de choque social que podrá sacar adelante el Govern si se aprueban las cuentas y que incluye medidas ya anunciadas en las últimas semanas, como el incremento del 8% del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), que alcanzará los 615 euros mensuales; o la prolongación durante 2023 de las actuales rebajas en las tarifas del transporte público. También incorpora la extensión de la T-Joven hasta los 30 años, destinar casi 90 millones a ayudas al pago del alquiler o la creación de un fondo de 10 millones para empezar a erradicar al amianto de Catalunya, un aspecto también conocido desde hace unos días.

Impulso a la transición energética

Con la voluntad de acelerar la transición energética y acercarse a la descarbonización, el acuerdo entre Govern y En Comú Podem pretende alcanzar antes de 2030 los objetivos establecidos en la Ley del cambio climático de Catalunya, aprobada en 2017, y que fija que en ocho años el 50% de la producción eléctrica en Catalunya provenga de fuentes de energías renovables. En este sentido, se destinarán "al menos 246 millones" a incorporar medidas y dotaciones para que el próximo año supongo un punto de inflexión y un acelerador en la "transformación del modelo energético catalán".

A nivel más concreto, esto implicará destinar 25 millones al arranque de la empresa energética pública, "para que sea un verdadero agente de producción, comercialización y almacenamiento de energía de fuentes renovables de Catalunya, de apoyo a la creación de comunidades energéticas y el principal motor de cambio de la conformación del modelo de producción y comercialización de energía".

En este sentido, se pretende que la energía pública llegue el próximo año "al máximo de hogares posibles" y para conseguirlo se ejecutarán acciones como la instalación de placas fotovoltaicas en los techos de los edificios y equipamientos públicos para lograr un mínimo de 15 MW, se instalarán placas también en suelos de uso o titularidad pública o se promoverá la reversión de las centrales hidroeléctricas catalanas para que se integren en la empresa energética pública. Además, también se volcarán recursos en la instalación de renovables, como 180 millones para "la aceleración de la instalación de fuentes de producción de energía renovable para el autoconsumo".

Fomento del transporte público

Aparte de prolongar la rebaja en las tarifas, a nivel de transporte público el documento también habla de "negociar con el Estado el restablecimiento del servicio del tren AVANT Tortosa-Barcelona" durante el próximo año; preparar el terreno para que en 2025 se despliegue un servicio de Rodalies en Lleida con cuatro líneas, justo en el momento en que éste esté operado por la compañía pública Ferrocarrils de la Generalitat; iniciar los trabajar para alargar la RT2 entre L'Arboç y Vilafranca del Penedès y la prolongación de la R8 de Cercanías entre la capital del Penedès y Martorell; o continuar con el despliegue de los trenes tramos "en todo el territorio".

Además, también se compromete a dotar con 10 millones a la Estrategia Catalana de la Bicicleta 2025 para desplegarla, con la "priorización de la ejecución de nuevas vías ciclistas en la red pedaleable interurbana metropolitana o conurbada, así como rutas cicloturistas en el conjunto del territorio, con el impulso de la intermodalidad de la bicicleta en el transporte público".

Ampliar el parque de vivienda pública

En este punto, la prioridad del acuerdo es ampliar el parque público de viviendas, objetivo al que se destinarían 180 millones, que deberían permitir adquirir 1.500 pisos vacíos, que actualmente están en manos de la Sareb o de entidades financieras, y que irían a parar a las mesas de emergencia; también se incrementaría la promoción directa de vivienda y se incentivarían otras fórmulas para aumentar la oferta de pisos asequibles.

Además, se habla de poner en marcha una "estrategia de movilización de viviendas vacías para ponerlas a disposición del parque de viviendas de alquiler a un precio asequible", a través de la modificación del impuesto sobre las viviendas vacías y el desarrollo de una "estrategia activa de inspección y sanción a grandes propietarios que tengan pisos vacíos que no cumplen la función social de la propiedad de las viviendas".

Refuerzo de la atención primaria

Con un sector sanitario muy tensionado y que, de momento, ha convocado una huelga para finales de enero, la mejora de la sanidad pública es otro de los aspectos destacados del acuerdo presupuestario entre En Comú Podem y el Govern. En este ámbito, los puntos más importantes son incrementar en 279 millones la dotación de la atención primaria, con el fin de acercarse al objetivo de alcanzar el 25% del presupuesto global del ámbito sanitario –sería del 20% en 2023–; dotar con 100 millones un plan de mejora de la accesibilidad a los equipos de atención primaria (EAP) para que antes de terminar el 2023, "todas las personas que lo necesiten sean atendidas en 5 días o menos por el profesional más adecuado a cada situación clínica"; y destinar 20 millones a consolidar las medidas de apoyo para atender de forma preventiva al sufrimiento psicológico y los problemas de salud mental de los jóvenes.

Pocos cambios significativos en materia fiscal

Sin embargo, a nivel fiscal los cambios serán muy reducidos, sin entrar en los grandes tributos y se limitan a impulsar la creación del impuesto sobre las emisiones portuarias de los grandes barcos -se entiende por cruceros-, y del impuesto sobre alimentos ultraprocesados; ajustar la tarifa del impuesto sobre el patrimonio para que incorpore las nuevas tarifas para los grandes patrimonios que se ajusten a las derivadas del impuesto estatal sobre grandes fortunas; así como modificar el impuesto sobre viviendas vacías, con un incremento del 33% en el gravamen.