El Congreso ha aceptado la ley de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha llegado este martes al pleno de la Cámara baja. Que saliera adelante dependía, principalmente, del PNV. Unidos Podemos contaba con los voto del PSOE, ERC, PDeCAT, EH Bild y Compromís, mientras que ya se preveía que Ciudadanos y PP votarían en contra. El partido vasco se movía hasta esta mañana entre abstenerse o rechazarla. Con la primera postura, se sumaba la mayoría simple y pasaba a trámite, pero si votaba en contra, no hubiera seguido adelante.

El pleno del Congreso ha estallado en gritos de 'Sí se puede' que llegaban desde la tribuna cuando Ana Pastor ha confirmado que la iniciativa ha sido aprobada. 

La ley, registrada por Unidos Podemos, llevaba meses en la lista de espera de las iniciativas que estuvieron bloqueadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. La propuesta, además, ha llegado en plena burbuja del alquiler y se presentaba como una "prueba" para el grupo confederal y el actual Ejecutivo socialista, ya que las políticas en vivienda y, sobre todo, regular el precio del alquiler es una de las prioridades del partido morado. 

Lucía Martí, portavoz de En Comú Podem, ha defendido la iniciativa por parte del grupo confederal. "Hoy tenemos la posibilidad de enmendar un error que se agravó en 2013. Tenemos la oportunidad de decir que esta institución escucha y asume el trabajo de las demandas que llevan años haciendo lo que las instituciones no hacían: el derecho a la vivienda", ha sostenido la diputada catalana. "Toca pasar la prueba de algodón, veremos quién ha aprendido algo o quién se mantiene con el PP en 2013, alejado de la realidad", denunciaba Martí desde la tribuna. 

"La crisis de la vivienda no se ha acabado, sólo ha cambiado de nombre: ha pasado de la burbuja de la vivienda a la burbuja del alquiler", ha continuado la diputada, para denunciar que "ha llegado el momento de que no se pongan parches, sino medidas concretas".

"Ahora están en la mesa cinco propuestas que son imprescindibles: la dación en pago retroactiva, una reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano, que no se ejecute ningún desahucio sin alternativa habitacional, un parque público de vivienda y alquileres sociales y garantizar los suministros de agua, luz y gas", insistía Martí, explicando las principales medidas de la propuesta de la PAH. 

La Mesa del Congreso, con los votos del PP y Ciudadanos, vetó la ley el pasado marzo. El Ejecutivo se rechazó su trámite porque suponía un sobrecoste presupuestario cercano a los 90.000 millones de euros para los próximos diez años. Pero, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, comenzó a dar luz verde a las iniciativas bloqueadas por los conservadores.